«Las entidades presentes nos comprometemos a brindar el apoyo y cooperar en los diversos temas y acciones que llevemos conjuntamente”, dijo la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público Thelma Aldana en el acto de la firma de la carta de entendimiento para la implementación del Sistema Integrado de Justicia.
En ese contexto la Jefa del Ministerio Público afirmó que: “Guatemala necesita una justicia coherente y funcional de cara contra la impunidad; que demanda un sistema garantista donde todas y todos, sin excepción, puedan tener acceso a la justicia pronta y cumplida, pero además eficiente”.
La Fiscal General afirmó que este sistema es el resultado de un trabajo conjunto y la alianza estratégica con la visión de modernizar y fortalecer la justicia en el país. “La coordinación está orientada a la reducción de la impunidad y a hacer factible la aplicación de la justicia”, expresó la Jefa del Ministerio Público.
Con el Sistema Integrado de Justicia conformado por el Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Gobernación y Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Con la firma de la carta de entendimiento se pretende reducir la impunidad y la mora tanto en el Ministerio Público como en el Organismo Judicial.
El Sistema Integrado de Justicia es una de las acciones afirmativas y coordinadas que permitirán general una planificación equitativa y estructurada para que toda la población tenga acceso a la aplicación de la justicia pronta y cumplida que consiste en un sistema informático capaz de generar información y con el cual se medirán los indicadores de eficiencia, eficacia e impunidad para todos los sectores.
Este Sistema es un proyecto inédito informático con la capacidad de desplegar información interinstitucional con el cual se podrá medir los indicadores relacionados a la eficiencia, eficacia e impunidad para todos los delitos en cada uno de los municipios de Guatemala, además abarcará el período 2008-2016. Así mismo se podrá desarrollar estudios de costos y se podrá aplicar modelos econométricos de proyección de gastos y de recursos humanos, con relación a metas establecidas por las autoridades de las instituciones relacionadas con la aplicación de la justicia.
Fuente: MP
