El miércoles 21 de abril, el Ministerio Público (MP), presentó tres solicitudes para retirar la inmunidad al expresidente Jimmy Morales; el diputado Aldo Dávila y la juez Virginia de León. Los dos primeros casos motivan interés de la ciudadanía que sigue la coyuntura nacional, debido a que ambos apuntan a personalidades que representan posiciones diametralmente opuestas.
Roxana Orantes Córdova
Hoy presentamos a los lectores una reseña de los sucesos que motivaron la solicitud del MP, así como algunos elementos del contexto en torno a los dos líderes políticos que podrían llegar a ser investigados como consecuencia de actos que según el MP ameritan la pérdida de inmunidad a ambos diputados: Morales, del Parlamento Centroamericano (Parlacen), y Dávila, del Congreso de la República.
Aunque ubicados en los dos extremos del espectro ideológico, tienen una semejanza: ninguno de los dos es un político profesional. Mientras Morales fue un conocido comediante televisivo durante varios años, Dávila llegó a la política a través del activismo LGBT, luego de dirigir durante años Gente Positiva, una ONG que comenzó como apoyo mutuo entre portadores de VIH y actualmente, es un baluarte del activismo ideológico de la izquierda y es dirigida por la hermana del diputado.
Otro dato que enlaza a los dos personajes que el MP pretende investigar, es el rechazo continuado y virulento, que Dávila expresó contra Morales cuando era mandatario y que sostiene con menor frecuencia, pero con la misma intensidad a través de sus redes sociales.
El comunicado en que el MP informa sobre las solicitudes para retirar la inmunidad se originan en la necesidad de que se investiguen los señalamientos en los dos casos, a fin de que se determine si cometieron delito.
Las reacciones inmediatas de los señalados fueron el rechazo a la posibilidad de investigación. Morales no reaccionó, pero el partido que lo llevó a la presidencia, FCN-Nación, divulgó un comunicado rechazando categóricamente la medida, y recordando que el ex mandatario actuó amparado por la Convención de Viena sobre Relaciones diplomáticas.
Entretanto, el diputado Aldo Dávila aparece en un video en el que vincula la acción legal del MP con el incidente que recientemente protagonizó, catalogado como atentado por unos, e intento de asalto por otros.
«No lograron eliminarme físicamente y ahora pretenden hacerlo parlamentariamente», afirma Dávila
La respuesta de Aldo Dávila al conocer la solicitud del MP se enfocó en tres aspectos: 1. Se demuestra que el incidente sufrido por su comitiva fue un atentado; 2. El ministro de Gobernación, Gendri Reyes, estaría vinculado con el crimen organizado; 3. La Fiscal Consuelo Porras «trabaja para el pacto de corruptos y la alianza criminal»; 4. Como diputado, cumplía el papel de mediador el día del incidente por el que lo denunciaron.
Entre otras afirmaciones, Dávila y su acompañante en el video, probablemente su abogado o su asesor legislativo, afirmaron que la acción del MP puede ser una respuesta a investigaciones que Dávila ha hecho como parte de su labor fiscalizadora.
En septiembre 2020 se viralizó un video en el que se ve claramente al legislador calificando de «gato» a un agente de la policía. El insulto es considerado una expresión de discriminación y ello le valió la denuncia por la que el MP pide el retiro de la inmunidad, a fin de investigar los hechos.
Dávila se ha perfilado como un individuo irascible y que resuelve los diferendos con gritos (en ocasiones, acompañados por insultos). Hace unas semanas se le vio en otro video confrontando a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), e incluso escupió a uno de ellos. Es indiscutible que en 2020 calificó de «gato» al agente y aunque afirma que ya se disculpó públicamente, el MP considera que
«La conducta del funcionario denunciado podría encuadrarse en la comisión del delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo como diputado y abusando de su cargo, realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, haciendo uso abusivo de las atribuciones públicas que posee, al empujar y proferir palabras de discriminación en contra de un agente de la Policía Nacional Civil.»
«Confunden arbitrariedad con discrecionalidad», afirma Linares Beltranena
Para el constituyente Fernando Linares Beltranena, la solicitud del MP confunde los términos y el mandatario gozaba de discrecionalidad. El MP afirma que Morales podría haber conculcado el artículo 12 del convenio entre la ONU y Guatemala que dio vida a la CICIG. Según ese artículo, los diferendos entre el ente investigador y el Estado guatemalteco deberían resolverse por medio del diálogo.
Morales y su canciller Sandra Jovel solicitaron ese diálogo muchas veces al Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, quien jamás atendió la petición, por lo que el gobierno guatemalteco declaró non grato al comisionado, que según el artículo 10 del acuerdo entre la ONU y Guatemala:
«Artículo 10. Privilegios e inmunidades del Comisionado/a y del personal de la CICIG. 1. El Comisionado disfrutará de los privilegios e inmunidades, exenciones y facilidades otorgados a los agentes diplomáticos de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961«.
Y la Convención de Viena es muy específica en cuanto a la discrecionalidad de los gobiernos para no aceptar el nombramiento, pero también declarar non grato, a un agente diplomático, según los artículos 9 y 43 de la mencionada Convención.
Morales, ejerciendo la discrecionalidad que le otorga la normativa mencionada, había declarado non grato a Velásquez, un año antes de que terminara el plazo de la CICIG, que llevaba 12 años en Guatemala y cuya permanencia era renovada por cada presidente. En 2018, Jimmy Morales decidió no renovar el plazo, luego de solicitar insistentemente el diálogo a la ONU, intentar la declaratoria de non grato, frenada por un amparo de la Corte de Constitucionalidad, y acudir a la ONU a denunciar la forma de actuar de Velásquez.
Compete a las autoridades establecer si las acciones del ex mandatario fueron contrarias a la ley o sencillamente, fue una respuesta amparada en normativas vigentes ante la actitud de Antonio Guterrez, quien se negó a dialogar con el gobierno guatemalteco.
