Estado de derecho en un país como Guatemala es un concepto que nos ha tomado tiempo comprender. El jurista Sergio Márquez Rábago menciona: “Estado y Derecho son un binomio necesario para el buen funcionamiento de cualquier sociedad; el Estado necesita la legitimidad que el Derecho le brinda, para encuadrar su actuación y limitar la acción del gobernado, el Derecho es la fuerza coercitiva del Estado, que reprime las desviaciones, los incumplimientos y resuelve las controversias que se presenten dentro del amplio pacto social”. Esta es una de las bases más importantes para contar con libertad económica.
Por Juan Carlos Zapata
Mayor Estado de derecho requiere reducir trámites y proteger la propiedad privada.
La libertad económica, definida por la Fundación Heritage, es “el derecho fundamental de todo ser humano a controlar su propio trabajo y propiedad”. Según el índice de libertad económica 2025, los países más libres son Singapur, Suiza, Irlanda, Taiwán y Luxemburgo. De estos, solo los primeros tres gozan del título libres, según la metodología utilizada; son países cuya evaluación está por encima de los 80 puntos sobre cien. No hay ningún país del continente americano, ya que los mejor evaluados, como Canadá, Chile, Estados Unidos o Uruguay, caen bajo la categoría de mayormente libres.
El índice de libertad económica mide cuatro pilares: Estado de derecho, tamaño de gobierno, eficiencia regulatoria y apertura de mercado. Guatemala se encuentra en la franja de economías que son moderadamente libres, con una evaluación por debajo de 69.9 y arriba de 60 puntos. Estamos en la posición 71 de los 184 países analizados, con una evaluación de 63.4 puntos sobre cien.
Lo que no permite a Guatemala avanzar es la poca capacidad que hemos tenido como sociedad de ver la importancia del Estado de derecho. Tres variables son evaluadas en este pilar: derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad de Gobierno.
Según la propia Fundación Heritage, los derechos de propiedad son el factor primario de acumulación de capital para la producción y la inversión. La certeza de un título de propiedad es clave para fomentar mayor patrimonio y esto solo es factible cuando el Estado defiende la propiedad privada.
Ahora bien, en este caso en particular, hemos visto cómo muchas veces el derecho de propiedad sobre la tierra es irrespetado en Guatemala, bajo la mirada pasiva de las autoridades. Según lo ha reportado Prensa Libre, “La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (Acdepro) denunció en 2022 que persiste impunidad alrededor de los casos de usurpaciones o invasiones de propiedades y la lentitud con la que operan las autoridades para ejecutar desalojos, pese a que es un delito flagrante.
Según Horst Spitzke, director ejecutivo de Acdepro, en los últimos siete años que llevan documentando la problemática, han registrado al menos mil 600 casos de usurpaciones de propiedades, principalmente en Quiché, Alta Verapaz, Izabal, San Marcos y Petén. En los últimos años también han visto un aumento de casos en Retalhuleu y otras regiones de la Costa Sur”. ¿Cómo podemos decir que se protegen los derechos de propiedad?
Por último, el mayor desafío se encuentra en la variable de integridad de Gobierno, que está directamente afectada por la percepción de la corrupción y la inmensa cantidad de trámites que existen en nuestro país. En este sentido la implementación de la ley antitrámites es clave que se pueda continuar, para lograr un Estado 100% digital, especialmente en ministerios como el de Salud o el de Agricultura, que muestran rezagos importantes. Sin Estado de derecho, no hay libertad económica posible.
