El deterioro en la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es un hecho evidente, coinciden analistas quienes también expresan que hubo una serie de desaciertos que motivan desconfianza en la ciudadanía, aunque esto no incidirá en que la segunda vuelta se realice tal como está prevista.
Roxana Orantes Córdova
Mientras la atención mediática y la opinión pública están volcadas en debatir sobre la compra de dos aviones militares a Argentina, realizada por el presidente Jimmy Morales, quedan pocas horas para que venza el plazo que permitiría a los partidos políticos interponer un recurso de nulidad contra los resultados (parciales) de la elección 2019 anunciados el 1 de julio.
El plazo está establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos:
“ARTICULO 246. Del recurso de nulidad. Contra todo acto y resolución del proceso electoral procede el recurso de nulidad, el cual debe ser interpuesto dentro de los tres días hábiles siguientes a la última notificación, ante la autoridad que la haya motivado y será resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo de tres días luego de ser recibido”.
Hasta el momento, uno de los críticos más fuertes contra la elección ha sido Edmond Mulet, pese a que el Partido Humanista que los postuló ocupa el tercer lugar en votos obtenidos. En el comunicado de dicho partido se expresa que el TSE anunció los resultados “de manera anticipada y alevosa, un día antes de iniciarse el proceso de verificación y en contraposición al acuerdo hecho con los fiscales de los partidos políticos” señaló el partido político”.
Otros ex candidatos también cuestionan al TSE, pero hasta el momento, ninguno ha solicitado la nulidad de la resolución que oficializó los resultados de la elección a presidente y vicepresidente.
“Negligencia, ineptitud, descuido, falta de idoneidad e incompetencia en el cargo para el que fueron designados” son los señalamientos que el abogado Ricardo Sagastume expone en una petición enviada al TSE, solicitando la renuncia irrevocable de los cinco magistrados titulares y que sean los suplentes quienes se encarguen de reencauzar el proceso.
El jurista entregó su petición con fecha 2 de julio y en ella expone que según la ley, el TSE tiene ocho días para responderle.
Son muchas las muestras de descontento expresadas por ciudadanos de diferentes sectores y estratos sociales. Entre otras, pueden mencionarse las concentraciones frente al TSE. El último sábado los manifestantes se trasladaron también al Ministerio Público (MP) y aunque las autoridades han minimizado el número de inconformes, ya hay otra convocatoria para el próximo sábado 6 y quienes la organizan afirman que la asistencia podría incrementarse.
Desorden, negligencia…y censura
Emilio Ruiz Galeano, politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES); el ex presidenciable Pablo Duarte, del Partido Unionista (PU) y el dignatario de la Nación Alfredo García, exponen diversos elementos que aportan a la comprensión de la coyuntura electoral más complicada en la historia reciente de Guatemala.
Además, Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista y miembro de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, señala los intentos de censura del TSE.
Según Alfredo García:
“el TSE ha cometido enormes errores durante el proceso electoral y la votación. Para empezar, según la ley, los resultados oficiales deben anunciarse ocho días después de los comicios y hasta el momento, solo se conocen los de la elección presidencial”.
Como antecedente, García recuerda que uno de los desaciertos más perniciosos fue el intento de promover que los migrantes en EE.UU. votaran sin estar empadronados. Al final debieron retroceder en esta ilegalidad y pese a que lograron el voto de algunos residentes en EE.UU., este fue insignificante y significó el costo de US$4,500 por cada voto.
Sin embargo, agrega: “errores y horrores no afectan significativamente los resultados y no es posible hablar de fraude, sino de un proceso emponzoñado”.
Mañana los magistrados del TSE están citados por segunda vez al Congreso. En la primera no asistieron y es de suponerse que nuevamente se abstengan de acudir. A diferencia de los funcionarios públicos, los magistrados no pueden ser interpelados por negarse a asistir a las citaciones. Sin embargo, dice García, “se exponen a demandas penales
Pablo Duarte señala: “hubo un desorden terrible y el fraude inició con los cambios a la LEPP. Pese a este desorden, no ganamos ni perdemos diputados o alcaldes.
El TSE haciendo la gran payasada de una revisión que según ellos mismos dijeron, “no es vinculante”, es decir no tendrá ningún resultado concreto y no habrá cambios en los resultados. Al TSE no le cree nadie. Eso es lo preocupante”.
El politólogo Emilio Ruiz Galeano comenta que la pérdida de credibilidad del TSE se sustenta en primera instancia, en las reformas a la LEPP, que inicialmente no estaban mal orientadas, pero que significaron una serie de modificaciones que las autoridades electorales no lograron implementar efectivamente.
Las reformas, señala Ruiz, fueron aprobadas en 2016 y comenzaron a implementarse mucho después, algunas de estas muy cerca de iniciar el evento electoral. Fallos en la coordinación interna y la viralización en redes de casi cualquier noticia, contribuyeron con la pérdida de legitimidad de un ente que, según Ruiz, “se durmió en sus laureles” con consecuencias negativas para su credibilidad.
Sumándose a lo mencionado, cabe reiterar que el TSE “se disparó en el pie” al intentar la censura contra la libre expresión más de una vez. Mario Fuentes Destarac comenta: “la Constitución Política de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento establecen que no existe delito o falta por criticar, denunciar o imputar a cualquier funcionario público. Las críticas y cuestionamientos pueden emitirse por cualquier vía, incluyendo medios de comunicación, redes sociales y otros medios. No existe ningún sustento a que se pretenda impedir la crítica, denuncia o imputación contra funcionarios”.
“Como precedente, la CC suprimió el delito de desacato, donde se establecían castigos para quienes ofendieran, faltaran el respeto o calumniaran a los funcionarios”, expresa y al comentar el anuncio de que se emprendería persecución legal contra quien afirme que hubo fraude, añade: “nuevamente, el TSE intentó censurar la libre expresión. Anteriormente, trató de regular los foros y entrevistas”.
El desafortunado intento de acallar la opinión pública motivó que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentará mañana 4 de julio una denuncia penal contra los magistrados del TSE, “por los delitos en que incurrieron al pretender coartar la libertad de expresión garantizada en el artículo 35 de la Constitución Política de la República”, señala Ricardo Méndez Ruiz, presidente de dicha fundación.
