El 20 de agosto de 2017, Jordán Rodas asumió como Procurador de los Derechos Humanos. Un año después, el magistrado de conciencia conversó con Perspectiva sobre diversos temas relacionados con su gestión y recordó la manifestación en la que grupos del interior llegaron a la capital para apoyarlo.
Asimismo, mostró su preocupación por la marcha de ministerios como Gobernación y Salud. Al mismo tiempo, condenó el atentado contra el activista a favor de la PNC, Stalin Ramazzini, y los asesinatos contra dirigentes campesinos de CODECA, el CUC y el CCDA.
Roxana Orantes Córdova
¿En qué se diferencian la prisión preventiva y la prisión provisional?
Bueno, la prisión preventiva tiene fundamento legal y la prisión provisional es una mala práctica que lamentablemente se da en el sistema de justicia, ya que no tiene fundamento legal alguno, lo cual la hace ilegal y violatoria de las garantías individuales.
¿Qué comentario tiene sobre el caso de Manuel Barquín?
Él estaba en prisión preventiva, sujeto a proceso. Se lamenta su muerte como la de cualquier ciudadano. Es un hecho que pone al desnudo la precaria situación del sistema hospitalario.
¿Había algún fundamento para otorgarle una medida sustitutiva a Barquín?
No conozco el caso. Está judicializado. Nosotros tuvimos una intervención a solicitud de su familia. Se le dio acompañamiento para solventar su situación, cuando estaba delicado de salud.
¿La PDH lo acompañó?
Así es.
¿Qué verificaron en ese caso?
Precisamente ahora se está preparando el informe correspondiente que se presentará a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Se hicieron varias actuaciones.
Entonces, ¿en el caso de Barquín había motivos para que permaneciera en prisión?
Exactamente. Había iniciado el proceso y la juez competente tenía el pleno manejo del caso judicial, con todas las partes involucradas directamente: la defensa, también el Ministerio Público, la FECI. Cada quien tiene su rol en el proceso.
Pero, ¿de alguna manera cree usted que se violaron los derechos de Barquín?
Bueno, como no conozco intimidades del proceso y no soy abogado de él, no puedo opinar sobre casos que están judicializados, como era el de él. Entonces, prefiero no ahondar en ese sentido.
La sobrepoblación del Sistema Penitenciario está relacionada con el abuso de la prisión preventiva ¿qué medidas alternativas hay para paliar esto?
Existen medidas sustitutivas, pero las complicaciones que tiene el proceso penal no son responsabilidades exclusivas del juez ni del Ministerio Público, sino también hay un litigio malicioso que tiende a demorar el proceso con estrategias muy peculiares: recusaciones, amparos, apelaciones de amparo.
Son diferentes casos, se dan en diversas circunstancias y lamentablemente, hacen que los procesos no caminen, porque se aspira a una justicia pronta y cumplida, pero muchas veces no depende solo del juzgador sino de distintas partes del proceso: la defensa, el Ministerio Público…
De más de veinte mil reos, ¿cerca de la mitad está en prisión preventiva?
Sí, por eso es que…
¿En los casos de todos los privados de libertad que están en prisión preventiva se dan situaciones similares a la de Barquín?
Se dan. También mueren pacientes, lamentablemente también mueren seres humanos porque se les complica su salud y no hay una asistencia médica apropiada. Recuerdo que hace aproximadamente un año fue el ataque en el Roosevelt, cuando se quiso recuperar a un pandillero, si no mal recuerdo. Murieron siete personas y el actual ministro de Salud dijo que ya no se iban a atender privados de libertad en hospitales públicos.
Es importante unificar criterios. Lo que sí no es ético es utilizar la muerte de un ser humano para asuntos con tinte político ni linchamiento de autoridades.
En el caso del actual ministro de Salud, él hizo una crítica muy fuerte a las visitas de la PDH a hospitales…
Bueno, él es muy temperamental. Por una parte se queja de que no hay presupuesto y está limitado. Pero le recuerdo también que él es miembro del gabinete, es muy cercano al Presidente, y debiera sensibilizarlos sobre las prioridades.
Veo con asombro cómo en este gobierno se han dado transferencias millonarias al Ejército, al ministerio de la Defensa. Entonces, es cuestión de sentido común, de prioridad. En tiempos de paz, destinar más presupuesto para el ministerio de la Defensa que para el de Salud, no tiene ningún sentido. Ninguna lógica. Es una vergüenza. Ya eso sería suficiente razón para…el propio ministro debiera reflexionar si vale la pena continuar en un gobierno que no apuesta por la salud, que no la apoya como se merece.
¿Qué opina sobre los cuestionamientos que le hizo el ministro?
Él me puede cuestionar. Es una reacción hepática. Incluso, una acción legal me tiene sin cuidado. Estoy tranquilo en mi accionar, siempre estoy fundado en ley. Pero, en este caso sí se trató evidentemente de una reacción hepática, visceral. Pienso que los funcionarios tienen que estar conscientes de que el rol de Procurador, quizá les sea incómodo, pero es necesario y es constitucional. Y terminan por entender que es de supervisar la administración pública.
El mismo, después de una gira al hospital de Cobán, Alta Verapaz, se molestó y dijo que cómo era posible que yo, a través de las redes, hiciera patentes las deficiencias del sistema, que no era la forma. Pero a la semana siguiente, tuvo un gesto de humildad, que yo valoré en su momento. Reconoció las deficiencias y tuvo que tomar decisiones. Destituyó al director del hospital porque afortunadamente, vamos acompañados del equipo de comunicación, invitamos a los medios locales, invitamos a diputados. En Alta Verapaz me acompañó el diputado Iker Echeverría.
Entonces, queda en evidencia que hay algo malo. Tampoco es un santo para hacer milagros, pero no debería ser tan susceptible. Pero lo respeto.
¿Cuál es la situación de los hospitales?
Es precaria, lamentable, deplorable. Es muy triste. Uno comprende por qué algunos funcionarios prefieren utilizar la salud privada y no la salud pública. Ha estado en el olvido. Lamentablemente no ha habido priorización de la salud, no ha habido calidad ni transparencia en el manejo del presupuesto destinado para eso. Muchas veces, eso perjudica. No todas, pero a veces sí. Entonces, espero una actitud más madura de las autoridades para reconocer que hay errores y enmendarlos.
Me gustó mucho la reacción del director del hospital de Jalapa. Después de nuestra visita, invirtió más de Q750 mil para incubadoras de recién nacidos, porque se evidenció que estaban en mal estado. Ahí me acompañó el diputado Lucero, de UCN.
En marzo, cuando usted asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, había grupos de personas manifestando a su favor y hubo gente que decía…
“Jordán, amigo, el pueblo está contigo”, recuerdo yo…
Pero según recuerdo, a personas que entrevisté opinaron “Él es un luchador contra la corrupción” ¿Cómo se vincula su rol como Ombudsman con el de luchador contra la corrupción? Cuando surge la PDH en Guatemala, la misión principal era verificar violaciones contra los derechos humanos.
Lo que pasa, es que a partir de 2015, en Guatemala la ciudadanía despertó. Los tiempos cambian y hacen que los funcionarios tengan que estar a la altura de las circunstancias. El reclamo mayúsculo hoy día, aparte de la falta de empleo, es la corrupción. Y yo, como Procurador, estoy totalmente convencido de que es importante, indispensable, seguir esta batalla contra la corrupción y contra la impunidad.
Porque a más corrupción, menos derechos humanos. Si hay más corrupción, menos presupuesto para salud, menos presupuesto para educación. Mire las carreteras. Usted va a cualquier país civilizado y el estado de las carreteras es el síntoma de que hay corrupción. Por ejemplo, Chile.
En 2014, fui becado a un posgrado, un diplomado sobre temas relacionados con la corrupción, precisamente rendición de cuentas, por la Facultad de Derecho de Chile, país donde las carreteras están en óptimo estado. A diferencia de Guatemala, donde lo usual es que las chapucean para que sirvan un tiempo y luego vuelven a repararlas. Lo público debe ser interés de la población. Nos pertenece a todos.
¿Cuál es el papel de los jueces de alto impacto, entre ellos Ericka Aifan?
Mi papel no es calificar jueces. Ellos tienen una gran responsabilidad. Yo valoro mucho el trabajo de jueces y magistrados en general, porque asumen un gran compromiso y grandes riesgos. Más, como en el caso de ella, que está en casos de alto impacto. Lo cual implica estar en el ojo del huracán, tener muchos detractores. Pero ella, con su conocimiento, con su experiencia, ha solventado varios cuestionamientos. Es lo que puedo opinar, porque en términos generales es mi percepción. No puedo calificar.
Aparte de su rol en casos emblemáticos, es mujer y en un país tan machista, no es raro que se den tantos ataques en su contra. Algunos critican su trabajo y otros lo ven positivamente.
¿En qué fase está la apelación reciente que interpuso ante la CC?
No puedo elucubrar. Solo esperar la etapa siguiente. En este caso, no estoy de acuerdo con el fallo de la CSJ. Pero estoy muy tranquilo, muy consciente, esperando el fallo de la CC, que puede ser total o parcial. La CC más de una vez ha dicho que las resoluciones del PDH no son vinculantes, son de índole moral.
En este caso se puso el recurso por desacuerdo con el abuso de prisión provisional y se les recomienda que los jueces no apliquen medidas sin fundamento legal. La misma recomendación al MP fue atendida por la Fiscal General. Si es por el bien de la justicia, es importante atender la recomendación.
¿Qué opina de la falta de resolución de la CC en el caso de la mina San Rafael?
Es un caso en litigio. No voy a opinar.
¿Y en el caso de Conrado Reyes?
También hay que esperar. Está en litigio.
¿Qué comentario tiene sobre un reportaje donde se menciona que existe vigilancia del Estado contra la ciudadanía?
Con mucha preocupación leí el reportaje, trabajado por dos periodistas que me parecen serios. Por lo tanto, inmediatamente se decidió abrir un expediente para pedir los informes y en su momento, hacer el pronunciamiento. Lo delicado de esto sería que se estuvieran usando fondos públicos para espiar a los ciudadanos. Y que esto contraviene claramente el artículo 24 de la Constitución Política, la inviolabilidad de las comunicaciones. Esto sería un uso perverso del poder.
Además este hecho nos regresa a una época ya superada que es la guerra, en un momento en que el contexto exige mejorar, fortalecer los avances de la Policía Nacional Civil, lo que se ve es un retroceso que nos perjudica a los guatemaltecos, pero también manda un mal mensaje a la comunidad internacional. USAID, por ejemplo, ha dado muchísimo apoyo a la modernización y profesionalización de la PNC, gracias al aporte del pueblo y gobierno de Estados Unidos. Y que vengan de un plumazo y estén haciendo nombramientos sin respetar la carrera policial.
Que vengan esas tomas de decisiones, por ejemplo lo que pasó con la policía asignada a la CICIG, que se hizo el cuestionamiento correspondiente, y luego yo mando una carta, y lo que me explica el director de la policía es que van a hacer un estudio para ver cuántos elementos necesitan. Eso no tiene ningún sentido. El estudio se solicita antes y después se toma la decisión. Se retiraron veinte agentes sin lógica y manda un mal mensaje del ministro de Gobernación, de no cumplir un convenio que no le fue impuesto a Guatemala, sino soberanamente el país lo pidió y la ONU se lo concedió. Ahí está el convenio y ahí están las obligaciones.
Sumado a eso, una moral muy precaria de la PNC, los y las agentes, porque están en condiciones poco dignas. El centro de los derechos humanos es la dignidad de las personas. Hemos visto en distintas instalaciones el hacinamiento, la falta de higiene. Ellos mismos se compran sus uniformes, sus botas, sus balas…”casualmente” lo digo así, entre comillas, fue baleado un activista de la policía.
¿Habla del caso de Stalin Ramazzini?
Sí, se le dio el acompañamiento ese día.
¿Usted verificó el estado del activista herido?
Fue el equipo pertinente, yo no puedo estar en todo. Porque mucha gente piensa que yo tengo que estar en todo, pero no puedo. Fue un equipo de la PDH.
¿Cuál fue la gravedad de las heridas?
Una fractura. Lo balearon. Iban por él. Fue lo que el manifestó. Un pésimo mensaje.
¿El atentado fue en la feria del Cerro del Carmen?
No sé. Yo no soy de la capital, no conozco mucho calles, no soy de la capital. Fue en la calle Juan Chapín. Un día después de la manifestación de agentes y activistas pidiendo mejores condiciones.
¿Dónde fue la fractura?
No sé. Pero fue en una extremidad. En las redes se estableció claramente dónde fueron las heridas.
Pero sí se trata de un atentado contra un agente…
No era un agente. Era un activista. Un ciudadano que acompañó a los policías en su demanda por mejores condiciones. Y si a esto suma usted el escándalo de que hoy día son más de diez activistas y líderes sociales, comunitarios y de organizaciones. Es muy preocupante porque hay mucho racismo y se dice: “son indígenas, en algo andarían metidos”. Son seres humanos y esos crímenes merecen una explicación. Estuve en Washington y tanto congresistas como sanadores y otros grupos manifestaron su preocupación por estos hechos.
¿Están investigándose los casos?
Espero que sí. No pueden hacerse especulaciones y es necesario esperar.
