Juan Carlos Monzón, conocido mediáticamente como «el sapo» en el caso La Línea, podría ser juzgado como cualquier otro criminal, si su convenio de colaborador eficaz resulta invalidado. Esto motiva múltiples reacciones en redes sociales. Para el abogado Raúl Falla, este y muchos otros convenios similares son ilegales, porque no se ciñeron a lo establecido en la ley vigente.
Redacción Perspectiva
Juan Carlos Monzón, una de las figuras más detractadas durante las manifestaciones que terminaron con el gobierno de Otto Pérez Molina, actualmente es presentado como una pieza valiosísima para esclarecer la estructura criminal que vinculaba defraudación aduanera y narcotráfico, conocida como La Línea.
Sin embargo, fue el propio Monzón quien reconoció en una audiencia que «la información que proporcionó no fue demostrada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y qué él tampoco podría demostrarla«.
Esto puede significar que su convenio es ilegal y sin valor probatorio. Al respecto, el Ministerio Público (MP), decidió revisar el convenio, lo que motiva una serie de ataques mediáticos y cuestionamientos no solo contra el MP sino especialmente, contra Rafael Curruchiche, jefe de la FECI.
Hoy, Curruchiche dijo a una radio:
«El acuerdo ya fue aprobado; está vigente. Lo que quiero corroborar es que lo que se le prometió en su momento al señor Juan Carlos Monzón se cumpla. Es lo único».
Sobre este tema, consultamos a Raúl Falla, quien considera que en este y otros casos se aplicó de forma incorrecta el Derecho Penal Premial.
Juan Carlos Monzón no podía ser colaborador eficaz, afirma Falla
Según lo expresado por el abogado litigante Raúl Falla:
«La Fiscal General decidió revisar este y otros convenios de colaboración eficaz, porque al parecer incumplen con la Ley Contra el Crimen Organizado. Por ejemplo, el Derecho Penal Premial establece que los líderes de estructuras criminales no pueden ser beneficiados con este tipo de convenios, y Juan Carlos Monzón era líder de la estructura criminal La Línea, junto con Roxana Baldetti».
Para Falla, la ley fue una herramienta que pudo ser útil, pero se desnaturalizó y se sacó de contexto en casos como La Línea, Autopatrullas y otros.
«El premio en el Derecho Penal Premial es la reducción de penas, no desestimar las pruebas ni dejar sin investigación la traza del dinero defraudado: facturas, fotos, constancias de convenios o documentos que sustenten el señalamiento. Además, los colaboradores fueron dejados en libertad, sin presentar más evidencia que sus declaraciones. Por ejemplo, uno de los Pasaco vive en Europa», indica Falla y agrega:
«La Fiscal General solamente está sugiriendo que se investiguen a fondos estos convenios, por indicios de ilegalidades. ¿Cuál es el miedo? Que se declaren sin lugar. Casualmente, tenemos conocimiento de que Monzón radica en Colombia actualmente. Tal vez espera que Velásquez y Petro lo premien», concluye.
