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martes, noviembre 30, 2021

Un testigo de Q101 millones y las entidades afectadas que no fueron incluidas en el caso

La abogada Tamara de León explica algunas particularidades del caso Autopatrullas I, donde además de negociarse una colaboración eficaz con muchas irregularidades, hubo una auditora que intentó sobornar a Héctor Rodríguez Heredia. Dicha auditora, María Elizabeth Pacajá López, había sido investigada por la CICIG debido a esa conducta, como consta en documentos de la ex comisión y fue detallado en su momento por todos los medios de comunicación.

Roxana Orantes Córdova

Además del conocido caso Oderbrecht, el ex fiscal de sección Juan Francisco Sandoval condonó Q101,065,915.02 a un “colaborador eficaz” que estuvo presente durante todas las audiencias antes de firmar su convenio. “Si la fiscalía ya estaba segura porque había tenido todas las pruebas necesarias, ¿para qué necesitaba prestarle beneficios al colaborador'”, señala Tamara de León.

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Sumado a lo anterior, y en una acción similar a la de Oderbrecht, el jefe de la FECI no incluyó en el proceso a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que debió representar al Ministerio de Gobernación (afectado y beneficiario de la multa condonada), en la firma del convenio con Elden Leonel Cabrera Chan, el acusado presente en todas las audiencias, quien había visto todos los medios de prueba y escuchado todos los debates.

A principios de agosto, Perspectiva publicó una nota sobre este tema, en la que menciona que Cabrera Chan presenció todo el debate.

Cabrera Chan había sido sancionado con una pena de cárcel y una multa de Q101,065,915.02, que le fueron condonados en el convenio de “colaborador eficaz”, si bien como indica Tamara de León, dicha colaboración estaba totalmente viciada debido a que el supuesto testigo conocía a fondo el proceso llamado “Patrullas I“.

Además, reitera la abogada, la PGN es la institución que debió calcular el monto de la multa que finalmente, Sandoval condonó sin que dicha entidad fuera parte del proceso.

Una historia digna de una realidad alterna

El ingeniero Rodríguez Heredia fue condenado a 27 años por un testimonio que el tribunal calificó de inverosímil. Pero además, poco antes de ser condenado, había sido sometido a la presión de un soborno por la auditora María Elizabeth Pacajá López, quien lo habría citado a un hotel de la zona 14, según reconoció ante el tribunal el integrante de la comisión de auditoría de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Juan Cayetano González Tahay.

En su declaración, González Tahay reconoció dos situaciones que convierten el caso en una historia que parece ficción pero que lamentablemente es realidad: 1. Estuvo presente en la reunión realizada en el hotel de la zona 14 entre su jefa y el acusado, 2. El equipo de contralores del Estado decidió cambiar el monto de la suma supuestamente defraudada al Ministerio de Gobernación para que la cifra final coincidiera con un reportaje de la revista Contrapoder, que informaba sobre un monto mucho más alto que el encontrado por el equipo de la CGC.

Ante autoridades competentes, González reconoció que el 24 de junio de 2015 “se presentó la denuncia por Q.44,591.679.45, monto que “no convenció” a sus superiores, porque “según los medios publicitarios eran más, y nos instruyeron que teníamos que ampliar”.

La discrepancia, señala Tamara de León, puede ser resultado de que “muchos periodistas se limitan a revisar Guatecompras y no se toman la molestia de contrastar esa información con otros documentos, como las bases de las licitaciones, donde se encuentran muchos detalles de las adjudicaciones”.

Ello significó que a la cifra denunciada por el equipo de profesionales de la CGC, se le sumaron Q. 20,049.862, para llegar a los Q.64,540.862 que constaban en un artículo de investigación redactado por un periodista independiente o “free lance” español, quien como narró Rodríguez Heredia, se acercó a él en Gobernación para obtener datos que resultaron distorsionados en el reportaje finalmente usado como información más confiable que la emanada de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.

“Lo más importante: la coordinadora de los auditores había sido investigada por la CICIG”

Según afirma Tamara de León, entre las innumerables irregularidades y absurdos que rodean este caso se encuentra la calidad de la coordinadora de los auditores, María Elizabeth Pacajá López, quien solicitó una fuerte suma de dinero a Rodríguez Heredia, pero además fue una de los mencionados por Iván Velásquez entre los casos que la CICIG dejó pendientes para que la FECI los concluyera.

El 28 de agosto de 2019, todos los medios de comunicación dieron a conocer que la CICIG había entregado 11 denuncias al MP, antes de su retiro de Guatemala. María Elizabeth Pacajá López es mencionada en una de esas investigaciones, denominada por la CICIG Corrupción Integral-Lanquín Alta Verapaz, donde se detectaron depósitos bancarios a personas no relacionadas con la municipalidad de Lanquín. Uno de esos depósitos había sido hecho a favor de Pacajá, actualmente ex funcionaria de la CGC.

Finalmente, señala De León, durante la reunión con su equipo, los especialistas de la CGG modificaron el monto denunciado “sin tener a la vista documentos de soporte, solamente con el reportaje de Contrapoder como fuente de información”.

 

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