El proyecto de reformar la Ley de Reconciliación Nacional fue calificado por Ricardo Méndez Ruiz, uno de sus promotores, como una manera de reafirmar la paz, mientras el abogado Sergio Beltetón aseguró que es “una huizachada de los chafarotes genocidas”. Entretanto, una propuesta que intenta tipificar el terrorismo fue rechazada por Mauro Vay, dirigente de la organización que protagonizó los recientes bloqueos de carreteras.
Equipo editorial de Perspectiva
En pocos días se cumplirán 21 años de la firma de la paz en Guatemala. Sin embargo, la polarización se mantiene a la orden del día. Grupos que se identifican como víctimas del conflicto armado siguen promoviendo juicios contra militares, mientras en dos de las últimas manifestaciones civiles se han producido hechos trágicos.
Pese a que el conflicto armado de Guatemala fue calificado como de “baja intensidad”, el país no ha logrado recuperarse de sus secuelas, a diferencia de casos como los de Alemania o Japón, donde el conflicto bélico dejó millones de muertos, se lograron recuperar apenas cinco años después, en el caso de Alemania y 10, en el caso de Japón.
Un antecedente histórico que es necesario recordar, es que la Ley de Reconciliación Nacional fue aprobada en 1996. En esa normativa, se absuelven todos los delitos comunes conexos con el conflicto armado. Sin embargo, su artículo 8 expresa que la extinción de la responsabilidad penal no se extiende a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
Este artículo se ha convertido en la piedra de la discordia para los sobrevivientes del conflicto de ambos bandos. Por un lado, quienes se identifican como víctimas, se amparan en este punto para impulsar juicios contra los militares que, según la cadena de mando, serían los responsables históricos de esos delitos.
Por otro lado, los militares y sus familiares se sienten traicionados porque cuando firmaron la paz, no soñaron con que unas décadas más tarde serían llevados al banquillo de los acusados por sus otrora enemigos en el campo de batalla, quienes además, resultaron vencidos en el conflicto armado. Y en esta línea, promovieron un proyecto de reformas a esa ley, de la que proponen eliminar el artículo 8 y lograr que se retorne al fuero militar para juzgar a los castrenses. La propuesta fue presentada por el diputado Fernando Linares Beltranena.
¿Última oportunidad de cerrar el capítulo de la guerra?
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, expuso su posición ante la propuesta de enmendar la Ley de Reconciliación Nacional. “Apoyé el proyecto desde su concepción, lo veo como una manera de reafirmar la paz que se firmó en 1996”. Según dijo, la amnistía para ambas partes que se menciona en esa ley, no ha sido respetada.
“La confrontación que se deriva del irrespeto a la firma de la paz, es en gran parte lo que tiene frenado el desarrollo económico y social del país, debido principalmente al dinero que reciben las organizaciones que dicen defender los derechos humanos. Autonombradas sociedad civil, estas organizaciones han prostituido el conflicto armado interno, convirtiendo a la guerra en un gran negocio que debe parar”.
Una opinión totalmente opuesta fue manifestada por Sergio Beltetón, abogado que defiende a activistas de derechos humanos y para quien la propuesta no pasa de ser una “huizachada de chafarotes”. Según narró, en 1984 era miembro de una organización guerrillera denominada FAR, aunque su trabajo distaba mucho de las armas.
“Trabajaba en casos laborales con sindicatos, poco después de que fueron secuestrados todos los dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Estuve secuestrado y fui torturado. Quiero ver a mis torturadores en el banquillo de los acusados”, afirmó. Su caso se encuentra consignado en el llamado Diario Militar, donde se registran casi 200 capturas y muertes de militantes de tres organizaciones guerrilleras sucedidas en pocos meses entre 1983 y 1984.
Un grupo de 26 familiares de estas personas acudió a la CIDH, la cual pidió al Estado una considerable indemnización en dólares para este grupo de familiares. Hasta el momento el Estado no ha respondido a esta demanda y recientemente, surgió un colectivo que pretende llevar el caso a los tribunales. Según Méndez Ruiz, la pretensión es presionar para que se les pague la millonaria suma. La reforma a la ley mencionada impediría estas maniobras, agregó.
Para Beltetón, la propuesta de reforma va contra todos los convenios internacionales firmados por Guatemala en materia de derechos humanos. Y, en esa materia, esos convenios tienen preeminencia sobre la Constitución, afirmó.
Terror y protestas mantienen conflictividad
El niño de cuatro años Ludvin Tiul Chacón falleció en el interior de un bus extraurbano, en la ruta al Atlántico, durante un bloqueo del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca). Mauro Vay, dirigente de esa agrupación, dijo: “Estaba enfermo de cáncer terminal, iba de regreso de un médico que le había dicho que ya no podía hacerse nada. No murió por el paro en la carretera ni porque el bus estuviera detenido”.
El mismo día, Carlos Pineda atropelló a uno de los manifestantes, Vicente Calderón, causándole fracturas. El comunicado de Codeca condenó el hecho y afirmó que Calderón podría perder las piernas. Pineda fue consignado ante los tribunales. Sumándose a estos dos hechos derivados de los bloqueos, el 13 de noviembre se produjeron más sucesos violentos. En esta ocasión, una manifestación pacífica se convirtió en una pequeña batalla donde resultaron 7 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) heridos y una mujer de la comunidad golpeada por la policía, que habría tirado gases lacrimógenos.
Según el Twitter de la PNC, personas que se encontraban entre los manifestantes portaban armas de grueso calibre y atacaron la sede policial, así como instalaciones de la hidroeléctrica. Un día antes, la hidroeléctrica Energía y renovación había emitido un comunicado alertando de ataques en su contra. Estas personas denunciaron a Rigoberto Juárez, un ex miembro de la organización guerrillera EGP, de instigar a la población a las protestas. Juárez estuvo preso casi tres años, acusado de promover que personal de la hidroeléctrica fuera retenido ilegalmente.
En este caso, las reacciones y posiciones también son totalmente divergentes. Un medio impreso informó que unos 500 vecinos manifestaron temor porque los descontentos con la hidroeléctrica pretenden obligarlos a protestar.
En tanto, quienes se oponen a esa empresa, aseguran que son objeto de hostigamientos, ataques y criminalización por parte de la hidroeléctrica y las autoridades locales. Los casos de Ixquisis y Codeca no son los únicos, pero probablemente sean los más dramáticos. En un contexto en el que las diferencias, descontentos y discordias ciudadanas no se resuelven adecuadamente, el diputado Napoleón Rojas, quien preside la Comisión de Gobernación, propuso una ley para penalizar actos terroristas. Según la propuesta de normativa:
“La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las figuras delictivas relacionadas con el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones; así como prevenir, propiciar la investigación y sanción de los actos de carácter terrorista, para garantizar el orden constitucional, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, la paz, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, con el fin de proteger la integridad de las personas, la permanencia de las instituciones democráticas del Estado y proveer a éstas, de las herramientas jurídicas, facilitando los mecanismos de cooperación internacional con el propósito de accionar, combatir y eliminar los actos terroristas”.
Al igual que con el proyecto de reformar la ley de reconciliación, esta normativa volvió a confrontar a los sobrevivientes del conflicto armado. Méndez Ruiz consideró: “Guarda una consonancia acorde con la crisis de seguridad generada por las pandillas que han llegado a utilizar artefactos explosivos e incluso perpetraron una masacre con armas de alto poder en el hospital Roosevelt. Por otra parte, si entendemos por terrorismo la intención de controlar a un grupo de la población por medio del miedo, también los bloqueos de vías de comunicación se pueden considerar como actos terroristas. No es válido argumentar la libertad de expresión como un argumento para validar los bloqueos en las carreteras. Debemos recordar que las masivas y pacíficas manifestaciones de 2015 cumplieron su cometido sin violar ninguna garantía constitucional, como si lo hacen las de Codeca, por ejemplo”.
Y a manera de respuesta, Mauro Vay afirmó: “Es parte de lo que tienen que hacer los criminales y delincuentes que están en el Congreso. Son leyes para proteger la criminalización que se hace a los defensores de derechos humanos. Es una prueba de nuestras denuncias contra el gobierno y el congreso. Nos están matando, nos están apresando, Es una inconsistente violación de la Constitución, las manifestaciones no son violaciones contra los derechos humanos”.
