Dos estudios académicos, uno de ellos producido por la distribuidora Energuate y publicado en enero, y el otro, presentado el 8 de noviembre por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), aluden al costo del conflicto social en el subsector eléctrico, cuyo costo suma Q3,928.3 millones, señala Asies. Entre las organizaciones que son partícipes de ese conflicto está el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que tiene como principal demanda la nacionalización de la energía eléctrica, dijo a Perspectiva el coordinador nacional de Codeca, Mauro Vay, quien anunció que en unos días realizarán su primera asamblea general como partido político, con el nombre Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
El analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), Ricardo Barreno, expuso los retos que se le presentarán a este nuevo partido, mientras Vay considera que la organización partidaria, “solamente será un instrumento para un movimiento social que tiene como principal objetivo nacionalizar diferentes servicios pero especialmente, la energía eléctrica”.
Roxana Orantes Córdova
El estudio de Asies, titulado Estimación del costo del conflicto social en la distribución del subsector eléctrico de Guatemala, fue presentado por Mariano Rayo, consultor de esa asociación, y los analistas Carmen Salguero, quien presentó el tema Inicios y evolución de la conflictividad. Pablo Urrutia y Javier Brolo desarrollaron la estimación del costo de la conflictividad.
Según explicó Salguero, en Guatemala coexisten la recuperación macroeconómica con la extrema pobreza más alta de Latinoamérica. El 75% de la infancia sufre de desnutrición y en el 96% de los hogares, las familias respiran el humo de cocinas de leña. El 59.9% de personas están en la pobreza. “La responsabilidad de atender los condicionantes del desarrollo humano: salud, educación, agua y energía, es del Estado, no del sector privado ni de la cooperación”, señaló.
La conflictividad relacionada con el subsector eléctrico se originó en 1996, cuando se aprobó la normativa de energía eléctrica. En aquel momento, había centenares de conflictos agrarios, y esta conflictividad se trasladó al subsector. Es de mencionarse que en las localidades donde se manifestaron esos conflictos, también hay ausencia del Estado y extrema pobreza, dijo Salguero y añadió que además, el país no tiene protocolos para atender los diferentes conflictos. Por ello, no hay prevención, sino se atienden de forma reactiva, expresó.
“El desafío para la atención de estas situaciones es no criminalizar la protesta social”, dijo Salguero, quien agregó que en una mesa de negociación sobre el tema eléctrico puede haber hasta treinta actores. “Aunque la protesta es legítima, es un hecho que se usan expresiones ilegales encubiertas como protesta social. La violencia es una ilegalidad. Llevar mujeres y niños en primera fila, mientras detrás de esos grupos hay hombres armados, es otra forma de ilegalidad”, indicó.
Los reclamos sociales tienen un origen válido pero también pueden resultar lucrativos. Entre los grupos que mantienen vigentes elementos del conflicto armado interno, están el FLN y el Frena, pero especialmente, Codeca. A la falta de resolución de temas que originaron el conflicto armado interno, se suman situaciones actuales, dijo Salguero.
Debido al costo elevado del alumbrado público en muchas localidades del interior, la tarifa social se anula y por ello, la población reacciona a través de la protesta “que llaman resistencia”. Esta conflictividad se divide en los siguientes componentes, indicó:
0.5% político, 20.1% económico y 79.4% ideológico, considerando que la demanda más recurrente es la nacionalización del servicio.
El 79.4%, es decir Q314 millones, de las pérdidas de Energuate, se explican por una postura ideológica, que pretende renacionalizar o estatizar el subsector de la energía eléctrica. Los motivos económicos representan el 20% y suman Q79.5 millones. Finalmente, siete de cada diez usuarios pagan más por la tasa de alumbrado público que por el consumo doméstico.
En cuanto a las acciones implementadas por la población que se denomina en resistencia, resaltan el robo de energía, el rechazo a Energuate, conexiones ilegales e impedimento de operaciones comerciales.
La llamada resistencia ha adoptado un modelo de negocio franquicia, consistente en la captación y formación de líderes, así como la socialización del modelo. Todas estas acciones mantienen vigente el modelo de franquicia.
El sector energético es maduro, dinámico y uno de los motores de la economía. Comprender el costo de la conflictividad, permite a los actores reflexionar y buscar la solución, señalaron los analistas de Asies, quienes expusieron que los costos de la conflictividad en Guatemala asociados a las conexiones ilegales, suman Q4, 394.10, lo cual significa que en ausencia de dichas conexiones, la producción nacional sería mayor.
El monto total del costo que afecta a diversos sectores de la economía, asciende a Q3, 928.31 millones y los sectores más afectados son: transporte, almacenamiento y comunicaciones, Q675.21 millones; servicios privados, Q635.21 millones e industria manufacturera, Q559.73 millones.
El impacto de la conflictividad, según Energuate
El documento ya citado de Energuate, que se dio a conocer en enero de este año y está firmado por Miguel L. Castillo, expone que:
“Las condiciones y antecedentes mencionados previamente decantaron en un constante incremento de la llamada conflictividad y que tuvieron su punto culminante en el año 2017 con un incremento exponencial de los casos registrados. De esa cuenta y con base en datos del observatorio de la conflictividad20, citados a lo largo del documento, se produjeron un total de 7481 casos, de los cuales 1537 estuvieron relacionados a la agroindustria, 1665 al sector de energía, 2083 a la industria extractiva, 141 a actividades de derechos humanos, 157 por aspectos de medio ambiente, 60 por conflictos de tierra, 313 relacionados con los llamados pueblos indígenas y 1446 por otras causas vinculadas a las anteriores”.
El estudio mencionado señala: “Hoy día, Guatemala ha descubierto que las posiciones antagónicas del pasado siguen estando presentes en muchos sectores y que los acuerdos de paz no reflejaron sus verdaderos intereses y necesidades. El recelo hacia “los otros” sigue siendo cosa de todos los días y lo único que ha cambiado son las razones que se argumentan para ver enemigos por todas partes. La sociedad vive “horrorizada” por los miedos que ella misma provocó por no haber “sufrido” el paso duro, pero importante, de aprender a trabajar en conjunto mediante el establecimiento de objetivos y agendas compartidas. Mientras ello sucede, actividades como la distribución de energía eléctrica y empresas como Energuate sufren los efectos y sus operaciones son objeto de acciones ilícitas que debe superar casi siempre en solitario”.
¿Instrumento de un movimiento social o partido que nace desgastado?
Codeca es la organización capaz de movilizar en un día a centenares de miles de personas a través de todo el país. Sus acciones pueden ser extremas y los bloqueos de carreteras son de las más cuestionadas. A estas, se suma el robo de fluidos. También se les señala por la supuesta presión que en algunas ocasiones han ejercido con particulares, para obligarlos a sumarse a sus demandas.
El MPL es el primer nuevo partido que se inscribió para la próxima contienda electoral y ha motivado diversidad de críticas en las redes sociales. Especialmente, se le señala por los centenares de denuncias sobre robo de energía. El jefe de la bancada oficialista, Javier Hernández, afirmó que se siente avergonzado porque los líderes de Codeca no hayan sido perseguidos penalmente.
Entretanto, Mauro Vay expresó a Perspectiva su satisfacción porque el movimiento, por fin, cuenta con un instrumento legal que les permitirá legislar sus demandas y realizar profundos cambios constitucionales, en caso de que alcancen el triunfo electoral (o por lo menos, una bancada que pueda ser decisiva).
Según Vay, la existencia del partido no frenará ni incidirá en el accionar de Codeca, que no por contar con un brazo político, dejará de mantener la resistencia. “El secretario provisional es Byron González. Cuando se realice la asamblea, se definirá el nuevo secretario. Consideramos que esto puede ser la primera semana de diciembre”, dijo Vay.
El partido MPL tiene como meta la construcción de una nación que parta de una reforma total del Estado, señaló Vay, quien agrega que Codeca necesitó conformar este instrumento porque los partidos tradicionales, incluyendo a los de izquierda, son corruptos y están muy lejos de ser intermediarios entre el pueblo y el Estado.
En cuanto a los señalamientos contra Codeca por el robo de fluidos, expresó: “no hay robo, sino hurto de fluidos. Pero esto es cuando lo realiza una persona particular. Cuando lo hace una organización, como un acto con un objetivo social, es un legítimo acto de resistencia”, dijo.
Por otra parte, el analista de Incep Ricardo Barreno, enfatizó en que a Codeca se le presenta un reto complicado. “El MPL inicia su vida como partido con un considerable desgaste, originado en los cuestionamientos contra Codeca por el tipo de activismo que ejerce”.
Pero el mayor desafío para Barreno, será la conversión de un grupo con demandas sociales, acostumbrado a exigirle a las autoridades “de la A a la Z”, en un partido político que deberá regirse por las normativas existentes. “A diferencia de otros partidos políticos que parten de cero, Codeca llega con una experiencia de movimiento social, que ha sido partícipe de la conflictividad. Cómo resolverá este desafío se verá a la luz del proceso electoral y los meses posteriores”, concluyó Barreno.
