El contrabando se ha vuelto un problema de seguridad nacional, ya que es una fuente de financiamiento para el crimen organizado, una competencia desleal para la industria y el comercio, atenta contra la salud del consumidor, afecta los ingresos tributarios del Estado, alimenta la corrupción y disminuye las oportunidades de empleo formal en nuestro país. ¿Le parece poco?
La Comisión Nacional contra el Contrabando (CONACON), la cual está a cargo de la Vicepresidencia de la República y en la que se reúne buena parte de funcionarios públicos a discutir propuestas, políticas nacionales, planes y acciones en contra del contrabando no ha tenido ningún resultado positivo en esta materia y de momento ya no funciona desde que se descubrió y desarticulo “La Línea”. Llevamos años presenciando este creciente peligro sin que las autoridades hayan logrado combatirlo de manera eficaz y contundente, ya que algunos de los altos funcionarios han sido parte de la estructura y negocio de contrabando.
Hay cálculos respetables que el Estado deja de percibir alrededor de 15 mil millones de quetzales en impuestos por mercadería que es trasegada diariamente por los 113 “pasos ciegos” en las fronteras guatemaltecas. De estos 113 pasos identificados (lo cual no significa que haya más) 54 están en la frontera con México, 29 con El Salvador, 22 con Honduras y 8 con Belice. Si sabemos que están allí, ¿Por qué no se interviene en estos? ¿Por qué las autoridades no actúan directamente atajando el paso de los contrabandistas? En estos “pasos ciegos” no solo pasa mercadería de contrabando, también se trasiega drogas, armas e incluso indocumentados.
Cámara de Industria informó no hace mucho tiempo que anualmente ingresan unos 11 millones de litros de aceite vegetal, 1.2 millones de litros de licor, 2.6 millones de sacos de cementos, 45 millones de libras de azúcar, más de 80 millones de galones de gasolina y más de 60 millones de unidades de cigarrillos. Así ingresan ilegalmente medicamentos, combustibles, aguas gaseosas, pastas, granos básicos, leche para niños, pollo, harinas, cerveza, baterías y acumuladores. En fin, la lista es extensa, pero el punto es que el combate al contrabando debe ser una decisión firme y permanente.
De inmediato uno piensa en el impacto que el contrabando tiene para el fisco, lo cual es importante, pero también se debe tomar en cuenta aspectos incluso más importantes como el aumento de la inseguridad, la disminución de empleos formales, los riesgos a la salud de los consumidores y la pérdida del mercado nacional por el cierre de negocios debido a la competencia desleal que el contrabando representa. No puede pasarse por alto un problema de estas dimensiones, ya que es un problema que afecta distintos temas de mucha relevancia e impacto en el país. Debemos seguir señalándolo con la contundencia y la importancia que tiene, hasta que veamos que las autoridades asuman su responsabilidad como corresponde.
El Contrabando hay que enfrentarlo integralmente desde el punto de vista económico, de salud, de seguridad, de corrupción y de ingresos fiscales pero sobre todo hay que abordarlo con ¡los pantalones bien puestos!
No debemos esperar más. Por lo menos tres medidas deben ser implementadas lo antes posible en el combate a este flagelo tan dañino para los guatemaltecos: 1) Contar con una Política Nacional contra el Contrabando; 2) Implementar y aplicar la Ley de Aduanas para que se agilice el decomiso y la destrucción de mercadería ilegal; y 3) Institucionalizar la Comisión Nacional contra el Contrabando (CONACON).