Xiomara Castro sancionó una ley que busca la amnistía para varios ex funcionarios acusados de corrupción que integraron la administración de su esposo Manuel Zelaya. Además, la mandataria dio su visto bueno a la normativa aunque el Congreso hondureño está dividido en dos juntas directivas, lo que podría resultar en varias acciones de inconstitucionalidad, afirmaron constitucionalistas de aquel país.
Redacción Perspectiva
Luego de estrenarse con el polémico anuncio sobre la gratuidad de la energía eléctrica para quienes consuman menos, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, parece retroceder en su promesa de «combate a la corrupción» y sanciona una ley que pretende exonerar a varios ex funcionarios de la administración Zelaya, algunos judicializados y otros prófugos.
Las acusaciones contra estos ex funcionarios incluyen lavado de activos, apropiación indebida de bienes, malversación de caudales públicos y hurto.
Xiomara Castro y el «pacto de impunidad»
La normativa recién aprobada ya es conocida por la prensa como «pacto de impunidad», y podría acarrear contratiempos a la presidenta electa, debido a que transgrede su promesa de campaña, por una parte.
Por otra parte, la ley, pretende realizar una «amnistía internacional», lo que no es considerado viable para delitos de corrupción, como los enfrentados por los ex funcionarios prófugos, dijeron abogados hondureños a los medios de ese país.
«Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan»
Este es el nombre de la normativa que motiva polémica en Honduras. Desde la perspectiva gubernamental, la ley pretende limpiar la imagen de «perseguidos políticos» y «defensores del territorio» que terminaron presos o acusados por oponerse al golpe que derrocó a Manuel Zelaya en 2009.
Sin embargo la propuesta, calificada por los medios de Honduras como «decreto de impunidad», absuelve a acusados por unos 22 delitos penales vigentes desde 1983, a los que se suman 31 delitos del código actual: abuso de autoridad, malversación de caudales, fraude en perjuicio de la administración pública, terrorismo, sedición y enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.
