Pese a un historial que parecía a prueba de señalamientos, Nineth Montenegro se enfrenta a un momento crucial en su carrera. La Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP), pidieron que se le retire el derecho de antejuicio por presunto financiamiento electoral ilícito. Y aunque ella insiste en que todo se origina en errores administrativos, las secuelas de la acusación pueden ser fatales para su carrera política, afirma Edgar Ortiz, del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.
Roxana Orantes Córdova
Con cuatro períodos legislativos, Nineth Montenegro es una de las diputadas con más experiencia legislativa. Su labor ha estado enfocada en la promoción de los derechos humanos y la transparencia. Pionera en la fiscalización de instituciones desde el Congreso, fue una de las pocas dirigentes políticas que no resultó cuestionada durante las protestas ciudadanas de 2015, cuando exigió públicamente a Otto Pérez Molina que renunciara a su derecho al antejuicio para permitir que la CICIG-MP lo investigaran por corrupción.
Tres años después, Montenegro se encuentra ante una encrucijada que le plantea varios caminos, todos ellos de alto riesgo para su futuro político. En primer lugar, tiene la opción de renunciar al derecho de antejuicio y dar el ejemplo a la ciudadanía, afirma el asesor legislativo Otto Zeissig.
Otro rumbo que podría tomar, es el de la denuncia por lo que parecen ser acusaciones sin fundamento legal, como afirma el penalista Omar Barrios quien califica este caso como “acusaciones absurdas de la CICIG”.
El camino elegido por la diputada y su partido, Encuentro por Guatemala, es el de mostrar su presunta inocencia y al mismo tiempo, cautela ante cualquier señalamiento que pueda confrontarla con la CICIG-MP.
Durante la conferencia de prensa ofrecida por la diputada y el comité ejecutivo de Encuentro por Guatemala (EG), se enfatizó en que Montenegro siempre ha estado dispuesta a colaborar con la CICIG y el MP.
Entre los elementos esclarecedores que aportó en la conferencia, cabe mencionar que la solicitud de antejuicio “pudo ser precipitada”, considerando que la señora Paulina Paiz Riera presentó su memorial el 8 de agosto, y la solicitud de retirar el antejuicio se emitió dos días después. Cabe recordar que Paiz Riera también es la figura central en la misma acusación contra el mandatario Jimmy Morales.
Según lo expresado por Montenegro, la investigación pudo iniciar contra EG, puesto que los partidos no gozan del derecho al antejuicio. Por el contrario, se pidió y concedió inmediatamente la solicitud en su contra.
En una publicación de su Facebook, Barrios afirma: “La diputada Nineth Montenegro está demostrando que lo expuesto en la rueda de prensa donde la señalan de financiamiento electoral ilícito, son señalamientos espurios, el comisionado Velásquez está empezando a recibir respuesta a las mentiras que expuso.
El MP está respaldando las actuaciones absurdas de la CICIG, no lo hagan fiscales, ustedes son independientes, Velásquez no los manda, ustedes juraron fidelidad a la Constitución, no a la embajada, ni a un ente internacional temporal y me consta que el crimen organizado no los puede sujetar a su poder, estamos en la mejor época del MP en este último aspecto”, concluye.
Entretanto, el caso se torna mediático y los detalles son ampliamente difundidos. Entre otros, resaltan las declaraciones del diputado Luis Hernández Azmitia, quien asegura que el abogado Alfonso Carrillo, cercano a la CICIG, era el intermediario entre las donaciones y el partido EG.
¿El derrumbe de un partido sólido?
El momento para señalar a Montenegro es muy especial. En cinco meses iniciará el proceso electoral, que se pretende implementar bajo “nuevas reglas”, pese a que la normativa es básicamente la misma. La diferencia será la tutela de la CICIG sobre el TSE, tal como se plasmó en el reciente acuerdo firmado por ambos entes, que según constitucionalistas, no es legítimo.
Entre las reacciones que vale la pena mencionar está el comunicado de la Fundación Libertad y Desarrollo, liderada por Dionisio Gutiérrez, quien reconoce que en 2015 hizo una donación personal a EG y menciona que este donativo fue recibido, registrado y manejado de forma totalmente apegada a la normativa.
Este apego a la ley es uno de los argumentos insistentemente mencionados por Montenegro, Leonel Lira y otros dirigentes de EG, quienes con diapositivas y documentos trataron de demostrar que no cometieron un delito penal, sino algunos errores administrativos. Esto es recurrente en los señalamientos de financiamiento electoral ilícito y, como se ha señalado reiteradamente, se origina en vacíos del artículo 407 N del Código Penal.
Otto Zeissig enfatiza en que el MP no se arriesgaría a llevar a lo penal un caso administrativo, sin las pruebas requeridas. “Nineth debe aportar la información precisa que permita determinar los detalles de este caso”, dice. Además, califica como positiva la actitud de cooperación que ha evidenciado la diputada, de quien se espera que sostenga su posición ante la inminente reforma del artículo 407 N.
Por su parte, Edgar Ortiz explica que, si bien el financiamiento ilícito no es igual al anónimo, el Código Penal los tipifica de la misma forma por el momento. Es relevante reformar el artículo 407 N, puesto que se aplica la misma pena a delitos con diferente gravedad, dice.
Al mismo tiempo, señala que en su conferencia de prensa, Montenegro y EG mencionaron dos puntos relativamente sencillos de esclarecer: el depósito de un cheque que según EG fue erróneamente catalogado como entrega en efectivo de fondos y la situación de las vallas publicitarias. Ambos se esclarecerán cuando el mencionado partido aporte todos los documentos que demostrarían una actuación transparente de su parte.
Sin embargo, donativos provenientes por varias personas, que ascienden a más de Q 1 millón, deberán ser rastreados. “Esto sí sería ilícito, de no existir la documentación completa”, dice Ortiz.
En cuanto a las implicaciones de este hecho para la diputada, el abogado señala que se trata de un golpe duro para la personalidad de Montenegro, quien construyó su imagen en la lucha contra la corrupción y que dirige un partido reconocido por liderar la fiscalización.
Especialmente, porque extraoficialmente se ha mencionado que Thelma Aldana podría ser la candidata de EG, y a partir de esos señalamientos, la probabilidad de que ese partido compita con un candidato como Aldana se desvanece, concluye Ortiz.
