Para ninguno es un secreto que la falta de planes de contingencias y la no existencia de programas preventivos para reducir el impacto de los desastres naturales en el país, es la principal causa de las secuelas que han dejado las últimas catástrofes naturales en el país.
La vulnerabilidad de Guatemala, ante los desastres naturales la coloca en un cuarto lugar respecto a otros países, según la Organización de Naciones Unidas (ONU)».
De acuerdo a la Cepal, los desastres naturales en la región causan cada año pérdidas materiales por US$7 mil millones y deja a más de 4.5 millones de personas afectadas por las catástrofes.
En Guatemala, además del terremoto registrado en 1976, la la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), registra que en los últimos 16 años distintos acontecimientos como el Huracán Mitch, la Tormenta Agatha, la erupción del Volcán Pacaya y el terremoto en San Marcos cobraron la vida de más de 1 mil 200 personas, además de pérdidas económicas estimadas en Q30 mil millones.
Entre los acontecimientos graves que han significado secuelas intangibles para el país destaca el terremoto de 1976 dejando alrededor de 25 mil muertos, 77 mil heridos y más de un millón de personas sin hogar. Así también en 1998 el Huracán Mitch causando desbordamientos en ríos y desprendimiento de tierra, ocasionando la muerte de 268 personas y pérdidas económicas de más de Q5 mil 984 millones.
Sin dejar de mencionar la Tormenta Stan, formada en el Océano Pacífico afectando a 14 de los 22 departamentos, dejando 850 desaparecidos, 3.5 millones de damnificados y pérdidas por Q7 mil 476 millones. Además de la Tormenta Agatha, que causó derrumbes, inundaciones y la muerte de 160 personas en todo el territorio nacional, así como pérdidas por más de Q12 mil 420 millones.
Hace algunas semanas más de decenas de personas perdieron la vida en el catastrófico derrumbe del Cambray II en San José Pinula, dejando un saldo de más de 200 muertos, 300 desaparecidos y 120 viviendas destrozadas. Esto a causa de la falta de prevención en la construcción de viviendas en asentamientos y zonas de alto riesgo. Así también, la escasa inversión en infraestructura figura como otra de las causas principales de las secuelas que dejaron en la provincia las fuertes lluvias de la semana recién pasada.
Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), las fuertes lluvias que afectaron al país a causa de un sistema de baja presión, repercutieron en daños en tramos carreteros e inundaciones en la provincia. A la fecha se estiman unas 250 mil personas afectadas, 900 albergadas y 3 mil hogares dañados.
Tal como lo mencionábamos anteriormente, la inversión en infraestructura en Latinoamérica y el Caribe debería ascender al 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que supondría según estimaciones la Cepal, US$320 mil millones entre el 2012 y el 2020. Sin embargo, el promedio entre el 2002 y el 2012 se situó en 2.7%, cifra aún insuficiente.
La vulnerabilidad de los fenómenos naturales existe en todo el país, pero las personas que viven en laderas son las primeras en ser perjudicadas cuando existe deslizamiento de tierra, mientras que las familias que viven a cercanías de los ríos suelen ser víctimas de inundaciones y pérdidas materiales. Las personas de escasos recursos en Guatemala son las más vulnerables ante estos sucesos, donde lo pierden todo incluso su propia vida ante la falta de vivienda digna. En el país existen 820 asentamientos, de los cuales 245 se encuentran en la ciudad capital. Se estima que en promedio residen de 6 a 10 personas en una habitación.
El sobrepasar la cantidad de personas por hogar ante la falta de recursos para vivienda digna, aunado a la falta de conocimiento e instrucción sobre normas y reglas de prevención de desastres, impacta negativamente al momento de un suceso donde las personas desconocen como debieran reaccionar y actuar. Además no cuentan con rutas de acceso para salir de forma inmediata. Mientras que en el caso de las áreas rurales, el panorama se complica aún más ya que las lluvias automáticamente crecen los ríos y los poblados quedan incomunicados.
Evidentemente las alarmantes cifras sobre las pérdidas humanas y económicas revelan la falta de inversión en programas preventivos y planes de contingencias. De lo contrario, el impacto de las catástrofes naturales seria mucho menor, evitando así las pérdidas irreparables.
Estimaciones de la Conred revelan que para funcionamiento y prevención, el presupuesto de la institución asciende en Q50 millones, equivalente al 0.01% del presupuesto, un promedio de Q3.33 por persona. Sin embargo, el presupuesto ideal sería de Q120 millones para tener las herramientas necesarias de prevención. Esto permitiría impactar de forma eficiente con planes de acción que minimicen las secuelas de las catástrofes naturales.
Caemos nuevamente en el eterno problema de nuestro país: la falta de recursos del Estado para invertir en el bienestar de la población. Esta carencia es cada día más preocupante. La no eficiencia del gasto público genera una serie de efectos nocivos en el bienestar y desarrollo de la sociedad guatemalteca.
La vida del guatemalteco y su dignificación ha pasado a segundo plano, esto derivado del mal manejo de las finanzas públicas y los recursos del Estado, aunado a los altos índices de corrupción que tiene al pueblo de rodillas clamando justicia social.
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