¿Humanizar las penas o favorecer a los delincuentes de cuello blanco? Estas son las dos vertientes de las reacciones ante las reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos. Perspectiva conversó con una diputada de izquierda, un abogado litigante y un criminólogo, quienes exponen sus puntos de vista sobre el tema.
Roxana Orantes Córdova
En las redes sociales proliferan los argumentos en contra y a favor de la reforma al Código Procesal Penal. Uno de estos argumentos enfatiza en que el Derecho Penal es parte de una ciencia que “posee sus propios principios, instituciones, historia, fines, filosofía y normativa”.
Y agrega: “La humanización de las penas, que incluye el principio de proporcionalidad y el de mínima intervención del Derecho Penal, son tendencias científicas que se remontan, como mínimo, desde mediados de 1700. En pleno siglo XXI aún no termina de cuajar en algunos guatemaltecos”,
En 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIC), promovió esa reforma. El ex comisionado Iván Velásquez, acudió al Congreso de la República a explicar la necesidad de una ley de aceptación de cargos.
Esta normativa fue presentada al Congreso por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en julio de 2017, para agilizar la resolución de procesos penales, cuando los sindicados muestren la voluntad de aceptar los cargos total o parcialmente “a cambio de beneficios penales, proporcionales y razonables que no generen impunidad”, señalaba un comunicado de la que expresó su preocupación por cambios que a su criterio, podrían motivar impunidad.
Antes de que la CSJ ingresara la iniciativa, se formó una comisión específica para su análisis y estudio. Todos los sectores, incluyendo el Sector Justicia, acudieron a las audiencias de esta instancia donde se plantearon las reformas.
Aprobadas el 12 de noviembre recién pasado, las reformas están siendo cuestionadas por quienes avalan las acciones de la CICIG-FECI. Un asesor del Congreso considera que esta oposición se origina en el temor de que muchos presos por los casos de la CICIG-FECI podrían ser liberados. “Balancea un poco. Recordemos el caso de Transurbano, donde Álvaro Colom y Fuentes Knight pagaron una fianza y fueron liberados”.
Entretanto, el partido Semilla, fundado por Juan Alberto Fuentes Knight, y cuya líder Thelma Aldana podría ser beneficiada por la normativa, expresó su desacuerdo en redes sociales:
“Condenamos enérgicamente la aberración jurídica aprobada este día por los diputados que integran el #PactoDeCorruptos, la cual consolida la impunidad y socaba al Estado de Derecho, al legislar en favor de los responsables de delitos de corrupción”.
A esto, los abogados de la familia Bitkov respondieron: “Un buen signo de que Guatemala va saliendo de la era inquisitiva penal, que utilizaba a los procesos penales como el arma predilecta de CICIG para manipular y tomar el control de cualquier institución estatal”.
Con alguna ligereza, también comenzó a circular en redes la versión de que “todos los mareros serán liberados”. Sin embargo, en la normativa se especifica que no serán beneficiadas personas que cumplan condenas por extorsión, genocidio y otros.
Los tres entrevistados por Perspectiva manifiestan posiciones tan disímiles como las citadas a partir de comentarios en redes. El abogado Raúl Falla, la diputada Sandra Morán y el criminólogo Eddy Morales, quien ha sido director del Sistema Penitenciario, expresan:
Falla: “Reducirá la mora judicial”
Según Raúl Falla, las reformas “constituyen una herramienta necesaria para reducir la mora judicial y el hacinamiento carcelario. No todos estarán de acuerdo, y otros tratarán de deslegitimarlas con argumentos falaces”.
El abogado expresa: “No es para alterarse ni es una novedad. En Guatemala ya se aplicó una vez el mea culpa, por un delito que además no fue bien planteado (financiamiento electoral ilícito). Esto fue aplaudido por el “Frente contra la Corrupción”. Jueces, fiscales y litigantes accederán a modelos de administración de justicia que hace mucho fueron adoptados por legislaciones europeas. Los castigos en forma de reparación social son parte de legislaciones de primer nivel”.
Falla agrega que la normativa entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el diario oficial y agrega que sus artículos son congruentes con la Constitución Política de la República, los derechos humanos y el debido proceso. “En virtud de estas, cualquier sindicado podrá obtener una rebaja o reducción de pena, siempre que admita y retribuya a la sociedad y las víctimas”.
Para comprender esto, señala, es necesario “primero leer”. “Aunque Juan Francisco Solórzano Foppa aseguró que los mareros presos tendrán reducción de condenas, es obvio que no será así. Hay mareros condenados a 50 años, no es posible que se les reduzca. Igualmente sucede con los casos de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Personas ya condenadas, o con más de una condena, o los reincidentes, no serán beneficiados. Lo positivo es que a partir de la vigencia, las audiencias serán más rápidas y se beneficiará a los que cumplan ciertos parámetros”, concluye.
“Es una ley que genera impunidad”: Sandra Morán
“Cuando la presentó la CICIG, era una ley que contribuía a agilizar el sistema de justicia. La propuesta presentada por la CSJ, genera impunidad. Facilitará la libertad a muchos acusados por corrupción, quienes podrían presentar su declaración de culpabilidad. También abre las puertas a que señalados por delitos no excluidos puedan ser liberados y trastoca el sistema en conjunto”, señala Morán.
Según la legisladora, “en general va a desatascar al Sistema Penitenciario, pero la propuesta de la CSJ “en su conjunto, tergiversó la propuesta original y como está, es un problema y ayudará a determinadas personas. Es un tema muy amplio de discutir. Efectivamente, las cárceles están llenas y no existe rehabilitación”.
“Urge presentar un recurso de amparo”: Morales
Para el criminólogo Eddy Morales: “el tema es muy serio y complejo. En el caso de la reparación digna, la indemnización, existe la posibilidad de que los acusados que no cuenten con recursos suficientes, permanezcan en prisión. Esto podría motivar una tendencia a que sean favorecidos los criminales de cuello blanco, los señalados por corrupción, quienes cuentan con fondos obtenidos del Estado al que defraudaron”.
“Lo hice, acepto los cargos y voy a resarcir. Luego paga y sale liberado”, expresa Morales, quien añade: “la ley penal tiene efecto retroactivo cuando favorece al reo. Entonces, los de Mariscal Zavala podrían resultar beneficiados. Esto es similar a la justicia estadounidense. Un ejemplo de esto son los casos de Alfonso Portillo y Manuel Baldizón. Sin embargo, en Guatemala no tenemos los controles suficientes y la normativa resulta en una serie de beneficios para los delitos de cuello blanco”.
En cuanto a si esta ley incidirá en reducir la sobrepoblación carcelaria, Morales lo duda, debido a la falta de recursos de la mayoría de reos. “El juez podría determinar porcentajes mínimos de resarcimiento de un 20% para la víctima, lo cual muchos reos no pueden cubrir mientras los señalados por corrupción, seguramente lo harán. Urge una acción de amparo si esta ley entra en vigencia”, concluye.
