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Finalmente, la correlación de fuerzas en torno a Jimmy Morales parece favorable a su decisión de no solicitar otra prórroga para renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que deberá comenzar el traslado de capacidades institucionales para abandonar el país en septiembre de 2019, como está establecido. El hecho suscitó reacciones adversas de quienes avalan a la mencionada comisión, pero también motivó una gran satisfacción de un amplio sector que cuestiona injerencia y arbitrariedades en el mandato de la CICIG, especialmente el de Iván Velásquez, cuya visa de trabajo vence el 3 de septiembre.
Roxana Orantes Córdova
El mandato de la CICIG terminará el 3 de septiembre de 2019, si bien el comisionado podría abandonar el país antes, debido a que su visa laboral termina en unos días. En cualquier caso, el mandatario guatemalteco ejerció el poder que le confiere la Constitución y, a través de una carta, le comunicó al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su decisión de no pedir la prórroga del mandato.
En la cuenta de twitter de la embajada estadounidense puede leerse el siguiente pronunciamiento:
“Estados Unidos está consciente de la decisión del Gobierno de Guatemala de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Como lo han declarado muchos altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos, creemos que CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad, mejorar la gobernanza, y hacer que los corruptos rindan cuentas en Guatemala. Estados Unidos continuará apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad, y considera esta lucha como parte integral de la relación entre los Estados Unidos y Guatemala”.
Simultáneamente a la conferencia de prensa donde Morales expresó su posición, un grupo de vehículos militares circuló alrededor de la sede de la CICIG. Esto motivó diferentes especulaciones, incluso rumores sobre un “golpe de Estado” o un “autogolpe similar al Serranazo”.
El despliegue militar tiene características de ser una demostración de fuerza que fue mal vista por la “sociedad civil” y aplaudida por quienes aseguran estar cansados de los constantes desmanes de la citada comisión.
Otro mensaje en el twitter de la sede estadounidense (en inglés, a diferencia del anterior), asegura que vigilarán el uso que se dé a los vehículos, donados por EE.UU. para patrullaje fronterizo, comentó en la red Edgar Ortiz, encargado del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo.
En conversación con Perspectiva, Ortiz señaló que Morales “no es un monarca sino un presidente electo y debe renovar la visa de trabajo a los funcionarios de la CICIG, tal como establece el acuerdo con la ONU”.
Por otra parte, Manfredo Marroquín, presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, dijo que se trata de “una decisión desafortunada que puede calificarse como trágica, puesto que se basó en el interés personal del mandatario. Muestras de opinión indican que más del 70% de la población respalda el mandato de la CICIG, mientras el Presidente el que está investigado”.
Según Marroquín, no renovar el mandato entorpece el desarrollo de la lucha contra la corrupción y las redes criminales. “Es perpetuarnos en la corrupción y es un acto de intimidación. Aunque legalmente está en su derecho, es un acto que no tiene legitimidad”, concluyó.
Con estas dos posiciones coincide María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien en su cuenta publicó: “Esta acción será un parteaguas en su gobierno. Estamos en retroceso. El despliegue militar, preocupante”.
Grupos de ciudadanos, mayoritariamente trabajadores de Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), fueron convocados por el grupo Batucada del Pueblo a la Plaza de la Constitución, donde fue evidente la intención de revivir las protestas de 2015, si bien la convocatoria distó mucho de ser masiva.
Hacia las cuatro treinta de la tarde, se observaban menos de cien personas en torno a la plaza. Entre tanto, un grupo similar se congregó frente a la sede de la CICIG, donde quemaron cohetillos, llevaron un trío de mariachis y festejaron “el principio del fin” del mandato extranjero en el país.
“Llegó el momento de transferir las capacidades”
La conferencia de prensa en la que Morales anunció su decisión de no renovar el mandato a la CICIG se produjo tres días después de que se integrara la comisión pesquisidora encargada de investigar al mandatario para determinar si se le retira el derecho de antejuicio.
Otros hechos que antecedieron al anuncio presidencial, son las visitas de la Canciller Sandra Jovel a EE.UU. donde se entrevistó con Nikky Haley, embajadora estadounidense ante la ONU, y el viaje del vicepresidente del Congreso a Washington, donde denunció violaciones contra sus derechos ante la CIDH.
El legislador declaró: “En nuestro país debe haber una justicia independiente y no selectiva, como lo hacía la ex fiscal Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez”, declaró.
También poco antes, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, había expresado que ya no apoyaba al Presidente, debido a su tibia actitud con respecto a la CICIG, cuyo último acto repudiado por un sector de la ciudadanía fue la firma de una carta de entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que entre otros, contemplaba el control de los medios por la CICIG-TSE y extralimitaba a todas luces la función de esa entidad.
En su pronunciamiento público, Morales apareció rodeado por oficiales del Ejército y funcionarios como la ministra de Relaciones Exteriores. Según comentó, desde el año pasado existían “dudas sobre la comisión y sus integrantes”, que presuntamente violaron leyes e indujeron a personas a participar en actos de corrupción e impunidad, así como persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente. Este actuar “violenta nuestras leyes, principios de prácticas internacionales y el mismo mandato de la CICIG”, señala.
Morales concluyó su discurso señalando que es momento de que la CICIG transfiera las capacidades a las instituciones correspondientes. Reiteró que seguirá apoyando incondicionalmente a las instituciones de justicia y afirmó: “Somos amigos y aliados de nuestros amigos”.
Los rumores no se hicieron esperar y se llegó a extremos tales como la visita de Jordán Rodas, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), a la sede de la CICIG, donde interpuso un recurso de exhibición personal, que según la ley, se interpone cuando una persona está ilegalmente presa, detenida o amenazada (Artículo 263 de la Constitución).
El mandatario ejerce su derecho soberano
Al consultarle si la acción de Morales transgrede las normativas vigentes o tratados internacionales, el constitucionalista José Luis González Dubón expresó: “Muy al contrario, según el artículo 204 de la Constitución, la Carta Magna prevalece sobre cualquier ley y tratado. El mandatario está facultado por hacer lo que hizo”.
Según González Dubón, Morales debiera ir más lejos y juzgar “a los esbirros de la CICIG por todos los crímenes que cometieron en el país. Debería pedir a la ONU que les levante la inmunidad, para que sean responsables por sus crímenes”.
El constitucionalista consideró que, “como buen cobarde”, Velásquez abandonará rápidamente Guatemala”, aunque insiste en que lo deseable sería que se le juzgue aquí. En relación al recurso interpuesto por el PDH, señaló que se trata de un hecho condenable. “Al procurador no le compete participar en la defensa de los derechos de un funcionario extranjero. Su papel es velar por los derechos de los guatemaltecos ante el gobierno”, comentó.
El abogado Giovanni Fratti, de Guatemala Inmortal, manifestó su satisfacción por la medida de Morales y agregó: “Creo que es una decisión soberana, correcta, legal, no puede ser revocada puesto que se trata de un trámite completamente en regla, con la firma de la Canciller y llenando todos los requerimientos legales”.
Según Fratti, solamente falta expulsar al comisionado y esto sería posible con una votación del Congreso, que requiere 105 votos, o bien 80, si se propone de urgencia nacional. En cuanto a la correlación de fuerzas, mencionó que el patrullaje del Ejército en tanquetas, así como la cohesión de militares y policías avalando a Morales durante la conferencia, evidencian el apoyo que tiene el mandatario.
“Esto está empezando”, señaló Fratti, quien finalizó comentando que el domingo se realizará la Marcha por la Vida, donde acudirán los guatemaltecos que están por la familia, la vida y la soberanía nacional.
