Oderbrecht-Sandoval: Aifán desconoce fallo de la CC y cita a las partes

Oderbrecht-Sandoval es la nueva perla en el collar conocido como «multicausa», que agrupa a unos 11 procesos totalmente distintos y sin conexión entre sí, pero unidos a la fuerza y fuera del orden jurídico, afirma el abogado Raúl Falla. Esto parecería un pésimo chiste si no fuera porque la «multicausa» resulta ser un juego perverso que pone en peligro la credibilidad del sistema judicial.

Roxana Orantes Córdova

Ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC), otorgó un amparo provisional a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Esto dejó en suspenso la pretensión de la jueza Erika Aifán, quien pretendió conexar el caso del periodista Juan Luis Font al expediente conocido como Construcción y Corrupción o «multicausa».

A todas luces, este fallo sentó jurisprudencia y parecía imposible que horas después, la misma juez sumara un nuevo expediente (el de su amigo Juan Francisco Sandoval y otros fiscales), a la misma causa.

Oderbrecht-Sandoval anexado: la mayor aberración jurídica de la historia guatemalteca, afirma Falla

Juan Francisco Sandoval era el «fiscal de hierro» para sus aliados, entre quienes una de las más cercanas fue la jueza Erika Aifán, del Juzgado D de Mayor Riesgo.

Ambos lograron anexar varios casos que no tenían relación entre sí, a una sola causa, lo que les garantizaba:

1. No pedir a la Fiscal General que solicitara llevar determinado caso a Mayor Riesgo;

2. Las investigaciones de Sandoval irían a «puerto seguro», y lo que pidiera la FECI sería aceptado, indica Falla.

Actualmente, el panorama cambió y Sandoval pasó de fiscal a prófugo, cuando huyó del país luego de su despido en el Ministerio Público.

Y parece un pésimo chiste, pero el «fiscal de hierro» sería juzgado por su ex aliada Aifán en el mismo «costal» que docenas de quienes fueron perseguidos por su otrora mano de hierro. La «multicausa» parece una especie de «barril sin fondo» que agrupó a casos no relacionados y que, con la suma de Oderbrecht-Sandoval, llegaría al límite de lo surrealista, cuando el fiscal que promovió la inclusión de la mayor parte de acusados en ese expediente, resulta ser uno de los acusados.

«Hoy fui testigo de la mayor aberración jurídica en toda mi vida de abogado. Como fiscal del MP y como litigante, jamás ví algo semejante», expresa Raúl Falla, uno de los citados a la audiencia, debido a que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), es querellante adhesivo en Oderbrecht-Sandoval.

«Las pruebas fueron un comunicado y dos mensajes en Twitter»

La audiencia de esta mañana se extendió desde las nueve hasta pasadas las cinco de la tarde, comenta Falla.

Un dato interesante, es que las pruebas para anexar el caso fueron un comunicado del MP donde se menciona el mal manejo de «testigos protegidos» que hizo Sandoval, y dos mensajes de Twitter firmados por Falla y por Ricardo Méndez Ruiz.

Según explica Falla, esta parece una decisión ligera y precipitada, con simples fotocopias a manera de pruebas.

«El comunicado del MP no menciona el caso Oderbrecht. En Autopatrullas y muchos otros, Sandoval hizo un pésimo manejo de los testigos protegidos», señala, y agrega que es inexplicable cómo Aifán determinó que ese comunicado se refiere a Oderbrecht.

Sin competencia ampliada, y contrariando un fallo recientísimo de la CC sobre el mismo tema jurídico, Aifán accedió a la solicitud de los fiscales que negociaron el acuerdo con Oderbrecht.

Esto, indica Falla, implicaría que el próximo lunes se levante la orden de captura por Oderbrecht a Sandoval.

«Muchos de quienes lo admiran como imagen de la lucha contra la corrupción se van a congratular, pero Sandoval no puede retornar a Guatemala, porque además del caso Oderbrecht hay otra orden de captura en su contra«, señala el abogado.

«Al final de todo esto, lo más probable es que se obligue a la jueza a regresar todo lo actuado. Habrá apelaciones, probablemente amparos y otros recursos. Entre otros, ella no goza de competencia ampliada y pasó por alto a la Cámara Penal. Tampoco consideró la jurisprudencia establecida con el amparo provisional a la FECI, en el caso de Font. Y aunque este despropósito se revierta, el daño es para la institucionalidad».