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martes, mayo 24, 2022

Aifan: solicitud de antejuicio se sustenta en la ley, afirman dos abogados

Rolando Alvarado y Raúl Falla explican por qué la jueza Erika Aifán podría perder la inmunidad luego de la solicitud de antejuicio realizada por el Ministerio Público (MP), con base en que Aifán no tuvo competencia ampliada para «conocer Procesos de Mayor Riesgo del Grupo D, de forma continuada».

Roxana Orantes Córdova

Sin tener competencia ampliada, la jueza Erika Aifán se habría arrogado la investigación del caso «Comisiones Paralelas», anexándolo a la llamada «multicausa», iniciada en 2015 con el caso «Construcción y Corrupción», y ampliada con por lo menos otros nueve procesos que ingresaron al tribunal de Mayor Riesgo sin pasar por el proceso que requiere la ley para que un caso se considere de Mayor Riesgo, señala Raúl Falla.

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Pese a que el hecho es a todas luces irregular, Aifán goza de las simpatías de la «comunidad internacional», encabezada por el Departamento de Estado estadounidense, cuyo vocero Ned Price expresó su solidaridad con la jueza a través de sus redes sociales.

Esta acción es interpretada como injerencia por grupos conservadores guatemaltecos e inapropiada por abogados, al considerar que eliminar el derecho de antejuicio a cualquier funcionario, no lo deja desprotegido, sino permite a la ley llegar al fondo de los señalamientos.

Un dato interesante es que además de sumar diversidad de casos en un mismo expediente y ser implacable con los señalados de corrupción, Aifán finalmente otorgó medida sustitutiva nada menos que a Gustavo Alejos, etiquetado como «cabecilla del Pacto de Corruptos».

Y un detalle irónico es que varios de los señalados en el caso «Comisiones Paralelas» tenían entre sus graves delitos ser contactos telefónicos de Alejos.

Aifán: solicitud de antejuicio que podría ser tramitada

«No existe competencia ampliada. Ese juzgado de Mayor Riesgo ha sumado muchos casos a un único proceso y esto es muy grave», indica el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo Raúl Falla, quien comenta que la Corte Suprema de Justicia debe nombrar un juez pesquisidor para investigar presuntos delitos de Aifán en el manejo de la «multicausa».

Según el abogado, existe una ruta para que un caso sea atendido por un juzgado de Mayor Riesgo (donde la naturaleza del caso pone en riesgo la vida del juez). Esta ruta inicia cuando el MP solicita a la Cámara Penal el análisis del caso y finalmente, la Corte Suprema de Justicia decide si el proceso es de alto riesgo.

Evidentemente, no todos los casos califican para ello, y para garantizar un juez «favorable» o «independiente», dependiendo de la perspectiva desde la que se observe, se crearon términos como «hallazgo evidente» o «inevitable», que con algún esfuerzo de imaginación lograba vincular casos al inicial Construcción y Corrupción. Por ejemplo, cualquier vínculo con el patriarca del «Pacto de Corruptos» Gustavo Alejos, señala Falla.

«Me extraña que el Departamento de Estado, que afirma respetar la ley, ni siquiera esté interesado en conocer el trasfondo de la acción del MP. Esto parece indicar que Aifán fue una pieza utilizada políticamente y que podría terminar su carrera siguiendo la ruta de los cobardes: desde las Chinamas a Washington», concluye Falla.

«El ente rector es la CSJ», dice Alvarado

«Nunca se debe permitir que un juez se atribuya procesos que deben ser competencia de otros jueces. Si un juez viola la ley de esta forma, genera interferencia. y el juez asignado según la ley, debe continuar con el proceso», indica Rolando Alvarado.

«Atribuirse la competencia no le correspondía a Aifán. En este caso se produjo abuso de autoridad, constitutivo de delito y fue evidente que se pretendió monopolizar la justicia, violando la ley que regula la competencia de los jueces, regulados por un ente rector, que en este caso es la honorable CSJ».

«Ignorar las atribuciones de la CSJ entraña responsabilidad y obligación de seguir el debido proceso. Por ello, se debe sancionar a los jueces que infrinjan esa normativa».

«Ningún juez puede atribuirse competencias y ejercerlas sin ser nombrado», finaliza Alvarado.

 

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