Tres puntos señalados por el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, muestran que la defensa de Leily Santizo y Siomara Sosa actúa de una forma que podría perjudicar a las acusadas, señala el abogado, quien añade que «lamentablemente, los hombres involucrados en Oderbrecht-Sandoval huyeron y dejaron a estas dos mujeres solas ante la justicia».
Roxana Orantes Córdova
El abogado de la FCT, querellante adhesivo en el caso Oderbrecht, señala tres aspectos que podrían afectar a Santizo y Sosa. Todos ellos son parte de la estrategia de su defensa por Claudia González a quien la FCT vincula con la presunta falsificación de la firma de Juan Francisco Sandoval, en documentos de mandato para que ella pudiera tramitar la indemnización del ex fiscal.
«En lugar de presentar pruebas para destruir la imputación, están recurriendo a una estrategia que incluye autoacusación, al incluirse en la Multicausa; victimización, al denunciar a la FCT por violencia contra la mujer, y obstruyeron la justicia», afirma el abogado.
Dos hechos del contexto relacionados
La defensora de Sosa y Santizo, Claudia González, fue abogada de la CICIG y también es mandataria de Juan Francisco Sandoval. Falla señala que recientemente se develó que el ex fiscal habría dado dos poderes a González.
«Uno, para solventar su situación penal. El otro, para tramitar su indemnización laboral. El archivo de protocolos no aceptó estos documentos y la abogada, poco después, se presentó con otros, que motivan suspicacia por algunas características de las firmas que parecen no ser de Sandoval, según un experto», afirma.
«Solo faltaría que el fiscal de hierro y la abogada de la CICIG se hayan prestado a una maniobra tan burda», dice Falla.
Sumado a este hecho, que podría afectar a la defensora de las dos imputadas por el caso Oderbrecht-Sandoval, el fiscal Carlos Vides, señalado por el «Testigo A» de coaccionarlo, huyó de Guatemala dos días después de que este señalamiento se hiciera público.
Se autodenominaron demasiado peligrosos, señala Falla
El primer punto que Falla considera erróneo en la estrategia de la defensa es que el proceso fue sacado del juzgado que le correspondía y llevado al Tribunal de Mayor Riesgo D, donde Erika Aifán, sin contar con el aval de la Fiscal General ni de la Cámara Penal, resolvió que se anexaría a la «Multicausa».
«Con este, la famosa Multicausa suma quince casos. Lo que veo más curioso es que para llevar un caso a Mayor Riesgo, es necesario que los imputados sean peligrosos criminales, y las acusadas no vacilaron en reconocerse tácitamente como tales, con tal de ser juzgadas por Aifán».
Victimización: «Pelean con el querellante en lugar de presentar pruebas»
El intercambio de palabras entre Siomara Sosa y Ricardo Méndez Ruiz es percibido por la FCT como «una emboscada» que concluyó con una acusación de violencia contra la mujer. «Desnaturalizan la ley de Femicidio, porque según esta, dicho delito se comete en el ámbito de las relaciones, y es clarísimo que no existe ningún tipo de relación», indica Falla, quien agrega:
«Esta acusación puede volverse en su contra, porque si un juez decide ordenar alejamiento, Ricardo Méndez Ruiz no podrá estar en las audiencias y él es el único representante legal de la FCT, querellante adhesivo. Y sin la presencia de un sujeto procesal, las audiencias se suspenderían, lo que les representaría a las acusadas un largo tiempo de cárcel. No comprendo cómo la ex abogada de la CICIG permitió este acto que será contraproducente para ellas, en lugar de presentar las pruebas de descargo pertinentes».
Falla señala obstrucción a la justicia
La presencia del Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas, y una supuesta reunión de la defensa con un diplomático extranjero son dos situaciones que para Falla, pueden considerarse como obstrucción a la justicia.
«Aunque el juez pidió a Rodas que se retirara, estamos considerando plantear un antejuicio en su contra por obstruir la justicia», concluye.
