Usando el contraataque como argumento, Thelma Aldana se negó a rendir cuentas ante la comisión extraordinaria que el Congreso integró para investigar la compra del llamado edificio fantasma para el Ministerio Público (MP), negociación que contiene mucho más irregularidades de lo que pudiera considerarse “normal” y abre muchas puertas a un posible caso de corrupción que implicaría a la administración de Aldana frente al MP y a una sociedad anónima cuyo representante legal es un veinteañero que representa a otras cincuenta empresas.
Tres conocedores del tema explicaron sus diferentes puntos de vista para Perspectiva. Y si bien no coinciden en el enfoque, existe un elemento en común: la necesidad de que la compra se esclarezca y la obligación moral de Aldana de rendir cuentas ante sus adeptos.
Roxana Orantes Córdova
Aducir la persecución política fue uno de los argumentos usados por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti para tratar de evitar la justicia, señala Alfredo García, dignatario de la Nación y asesor de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), cuyo representante Fernando Linares Beltranena lideró la demanda porque se investigara el caso, que bautizó como “edificio fantasma”, término que alude a inmuebles adquiridos por el Estado que terminan vacíos y sin un uso determinado.
Grave error político. Su mensaje es: “a mí no me pueden hacer nada”, y su actitud es ilegal porque el Congreso está facultado para citar a particulares, según indica el artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, que indica:
“Los particulares podrán ser citados ante el Congreso de la República, mediante citación que exprese claramente el objeto de la misma y siempre que su presencia se requiera para tratar de asuntos relacionados con negocios del Estado…”
“Todas las personas, individuales o jurídicas, que manejen, administren, custodien o reciban por cualquier medio recursos del Estado, están obligadas a acudir, cuando sean citadas, al Pleno del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos y rendir los informes que se les requieran”.
Responder con el contraataque fue un error que puede acarrearle consecuencias serias a la ex Fiscal General, quien intenta detractar a quienes investigan una compraventa con demasiados elementos que apuntan a la duda, afirma García.
Entretanto, el diputado Amílcar Pop, de Winaq, expresa: “No soy partidario de Thelma Aldana ni de la opción política que ella representa, pero considero que el diputado Lau se equivocó, porque no tiene facultades para certificar lo conducente, tal como afirmó. Esto podría significar que la comisión extraordinaria que investiga el caso podría estar excediendo su mandato”.
Según Pop: “la actitud de la comisión mencionada puede ser arriesgada, puesto que en tribunales ya hay un proceso judicial abierto y en tanto esté en reserva, no es posible generar una investigación paralela”.
Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov, quien fue testigo de ese caso ante la Comisión Helsinki, en abril de este año, afirma que “en aras de la transparencia y puesto que fue funcionaria, debe aclarar sus actos. Presentarse al Congreso era una oportunidad para desvanecer públicamente los cuestionamientos por la negociación del edificio”.
Según Alvarado, no existe obligatoriedad de asistir porque el proceso está en el Ministerio Público (MP) bajo reserva, pero no asistir a la comisión del Congreso le resta legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía, considerando sus aspiraciones políticas.
“Iván Velásquez tampoco tenía obligación legal de asistir ante la citación de Helsinki Comission del Senado estadounidense, pero si la obligación moral debido a que los ciudadanos estadounidenses tenían derecho a conocer la forma en que se invirtieron sus pagos de impuestos.
Lo mismo sucede con Thelma Aldana, ya que tiene la obligación moral o natural ante la ciudadanía de desvanecer públicamente los señalamientos en su contra.
Iván Velásquez pagó las consecuencias de su inasistencia, ya que a partir de esa audiencia inició su debacle. Lo mismo podría suceder con Aldana”, concluye Alvarado.
Pasado y futuro de una candidatura esperada
La aparición de Aldana en El Salvador motivó expectativas para quienes han hecho de su valor supremo la cruzada anticorrupción emprendida por Aldana como operadora de Iván Velásquez. En esa ocasión, la ex fiscal se presentó rodeada por miembros de organizaciones políticas que iban desde Encuentro por Guatemala (EG, actualmente a punto de ser cancelado por señalamientos de financiamiento electoral ilícito), hasta liberacionistas y personajes de Semilla.
Según un rumor, la reunión pretendía secretividad pero fueron algunos afines al emergente liberacionismo quienes divulgaron las fotos a través de las redes sociales. En cualquier caso, no dañaron considerablemente ni la imagen de Aldana, ni la expectativa de su candidatura.
El mismo día que se negó a asistir al Congreso, afirmó que está en Guatemala y participa en un movimiento progresista que participará en las elecciones. Usando términos que apelan a las emociones de sus seguidores, la ex funcionaria dijo en una de sus cuentas de Twitter: “No me prestaré a las intenciones ilegales e inmorales de cuestionar mi integridad”.
Como frase, esta afirmación puede ser convincente para los militantes de la cruzada que encabezó Velásquez, aunque lo diga poco tiempo después de que se desempolvaron las declaraciones de la ex secretaria de Alejandro Sinibaldi, Anelisse Herrera, quien asegura que Aldana, Otto Herrera y Sinibaldi, tuvieron más de una reunión secreta poco antes de que el ex ministro de Comunicaciones saliera prófugo del país.
Y cabe recordar que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como varios medios de comunicación actualmente incondicionales de la ex Fiscal, los que divulgaron un pasado bastante turbio, donde confluyen Herrera, Roberto López Villatoro “el rey del tenis”, César Fajardo y Baudilio Hichos, entre otros personajes que tuvieron incidencia en las elecciones a magistrados de diferentes instancias.
En un comunicado que dirige al pueblo de Guatemala, Aldana enfatiza en que la compra del edificio fantasma fue uno de los procesos más auditados y que no deja lugar a ninguna duda sobre su pertinencia y transparencia. Sin embargo, no menciona la considerable cantidad de objeciones que sus detractores exigen aclarar y que ya han sido detalladas innumerables veces en medios de comunicación.
En cuanto a la comisión fiscalizadora del Congreso, citará para la próxima semana a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Contraloría General de Cuentas (CGC), que según los legisladores, omitieron las anomalías en la adquisición de un inmueble que cabe llamar fantasma, puesto que hasta la fecha permanece desocupado y fue adquirido sin que los interiores tuvieran acabados.
Finalmente, el contexto internacional es un elemento que no puede dejar de mencionarse. “Guatemala es una pequeña pieza en un ajedrez que enfrenta a una agenda globalista, en la que confluyen varios ex marxistas, y otra más conservadora, que apuesta al conservadurismo y los nacionalismos”.
Este contexto está cambiando, aparentemente a favor de los nacionalistas y el movimiento de las piezas puede ser determinante para lo que suceda en Guatemala, dice García.
