La bancada Semilla respondió públicamente al comunicado de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y su respuesta convierte a ese partido en tendencia de las redes.
Redacción Perspectiva
El comunicado de Semilla expresa que la CIG pronunció acusaciones maliciosas e infundadas contra los diptuados Samuel Pérez y Román Castellanos. En su aclaración, expresan:
“Hemos dado acompañamiento para atender las denuncias enviadas por trabajadores y trabajadoras, mismas que remitimos puntualmente al Ministerio de Trabajo. Con el propósito de darles seguimiento fue que acompañamos algunas visitas que llevó a cabao la inspectoría General del Trabajo en conjunto con la PDH, y en las que nuestro acompañamiento tuvo lugar en total apego por la ley”.
También diputados de esa bancada reaccionaron en sus cuentas de Twitter. Bernardo Arévalo de León expresó que “el comunicado de la CIG es otra cortina de humo. De las muchas visitas realizadas, solo a un par no llegó la Inspectoría, por lo que Samuel Pérez y Román Castellanos se retiraron”.
Román Castellanos, por su parte, señala: “Se retiraron. Y eso pasó hace varias semanas. Sin fundamento, sin materia, a destiempo…¿Qué persiguen?”. En otro mensaje, agrega:
“Seguiremos fiscalizando para que la Guatemala post pandemia sea más justa para todos y todas”.
Semilla enfatizó en que conocen su mandato constitucional y las limitaciones legales de sus acciones. Las visitas, exponen, son parte de acciones de verificación porque hay empresas que no están garantizando las medidas de prevención necesarias. El texto concluye invitando a las empresas agremiadas a la CIG a comprometerse y velar por evitar la propagación del virus.
El cuestionamiento en redes contra la posición de Semilla se basa en que su función fiscalizadora se circunscribe a las instituciones gubernamentales, según las leyes vigentes. Si las instituciones transgreden la ley, por ejemplo, si el Ministerio de Trabajo no cumple con velar porque se garanticen las medidas de seguridad en las empresas, los legisladores pueden presentar denuncias para que lo hagan, pero no fiscalizar directamente a las empresas.
Según esta posición, los legisladores se habrían saltado el procedimiento correcto, suplantando funciones de una dependencia estatal.
