Hoy, Perspectiva recuerda el aniversario de las manifestaciones conocidas mediáticamente como “Despertar Ciudadano”, que lograron defenestrar al entonces mandatario y parecían iniciar una nueva era de auditoría social en Guatemala, hecho que terminó diluido por la coyuntura y del que nadie parece acordarse. Como dato curioso, en la misma fecha pero hace cuatro años, Jimmy Morales declaró non grato al ex comisionado Iván Velásquez, hecho que concluyó con el mandato de la CICIG en Guatemala.
Roxana Orantes Córdova
El 27 de agosto de 2015, más de cien mil ciudadanos se reunieron en la Plaza de la Constitución exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina, defenestrado gracias a la presión social y que actualmente cumple una condena por corrupción.
Pese a la trascendencia histórica que muchos analistas atribuyeron al hecho, que hoy cumple seis años, el tema se diluyó y lo único que pervive es la insistente demanda para la renuncia del mandatario de turno, impulsada por grupos civiles (muchos de los cuales están constituidos como Organizaciones no Gubernamentales), que insistentemente pidieron la renuncia de Jimmy Morales y hoy solicitan la de Alejandro Giammattei, sin que se produzca la respuesta popular solicitada.
Una fecha histórica…que pasó al olvido antes de una década
El 3 de septiembre de 2015, el economista salvadoreño Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), escribía en el diario El Mundo, de El Salvador:
“El 27 de agosto de 2015 tendrá un apartado especial en los libros de historia de Guatemala”
La gesta cívica del 27 de agosto logró reunir a una amplia diversidad de sectores, a partir del 16 de abril, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), diera a conocer el caso conocido como «La Línea», que implicaba a las más altas autoridades del Organismo Ejecutivo.
Hoy se cumplen seis años del «Despertar Ciudadano» y resalta que ninguno de los informativos que le otorgaron una cobertura privilegiada, alude al tema. Curiosamente, ni el Movimiento Cívico Nacional (MCN), que inició la convocatoria para la protesta en redes, ni grupos como Justicia Ya, que en su página se presenta como «surgido de la Plaza», dieron relevancia a la fecha.
Un hecho histórico olvidado hasta por sus protagonistas
El caso «La Línea» se dio a conocer el 16 de abril, según la página de la CICIG. Los primeros días de marzo había visitado Guatemala el entonces vicepresidente estadounidense Joe Biden, quien exigió a Otto Pérez extender el plazo que en 2012, Roxana Baldetti había pedido ampliar en 2012 por dos años, en una visita a la ONU documentada también en la página de CICIG.
La convocatoria inicial para protestar contra el hecho de corrupción fue lanzada a través de las redes sociales por el Movimiento Cívico Nacional (MCN), y pronto secundada por organizaciones estudiantiles, campesinas, ciudadanos sin filiación política y empresas que llamaron a sus trabajadores a unirse al paro que terminó con la renuncia de Otto Pérez, luego de más de 20 sábados de protestas multitudinarias.
Al cumplirse cinco años de la gesta cívica, en 2020, Perspectiva entrevistó a José Echeverría, presidente del MCN, quien en esa ocasión afirmó que el balance era «positivo, especialmente por el involucramiento de la ciudadanía con la clase política. Entre la valoración negativa, estaría el intento posterior de aprovechar el movimiento ciudadano para otros fines, pero los guatemaltecos reconocieron esto y aunque hubo grupos que intentaron mantener las protestas posteriormente a la renuncia de Pérez Molina, la plaza quedó vacía».
Aunque es innegable que el movimiento fue sin precedentes en Guatemala, también lo es que alrededor de este hubo más de un actor «articulando» y «facilitando» la defenestración de Pérez y Baldetti (implicados en serios actos de corrupción). Por ejemplo, en las protestas desfilaron el entonces embajador estadounidense Todd Robinson, el comisionado Velásquez, «defensores de derechos humanos» y todo un catálogo de activistas que, tal como afirmó Echeverría, pretendieron mantener las protestas luego de la renuncia, sin lograr convocatoria alguna.
Lamentablemente, de «La Plaza» solo queda vigente la insistente demanda para la renuncia presidencial, cada vez con menos asistentes. Los ejercicios de auditoría social son prácticamente inexistentes, y se limitan a señalamientos vagos, basados en informaciones mediáticas basadas en fuentes no verificadas.
Hoy, en el aniversario de una gesta que en su momento muchos compararon con el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera o la Revolución de Octubre, la ciudadanía guatemalteca vive una cotidianidad marcada por la falta de transparencia en la gestión gubernamental, los señalamientos al manejo de la pandemia y la crisis económica derivada de las medidas para contener el coronavirus.
Durante la mañana, un grupo de activistas capitalinos y autoridades ancestrales ofrecieron una conferencia de prensa en la que reiteraron «la exigencia permanente de la renuncia de Alejandro Giammattei», a quien señalan de «no ser capaz de satisfacer las necesidades de los habitantes».
Además, pidieron la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a quien señalan por la destitución de Juan Francisco Sandoval, quien visitó la CIDH para que su despido se convierta en un caso de violación de derechos humanos. Y pese a que varios de los activistas presentes en la conferencia fueron miembros de los «colectivos de la Plaza», no hubo ninguna alusión a la fecha que hoy debió conmemorarse como un hecho histórico de la política nacional: el «Despertar Ciudadano».
