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Pese a las posiciones encontradas alrededor de la Ley de Tarjetas de Crédito, especialmente de la oposición dentro del Congreso de los diputados del partido CREO, ayer sin mayor dificultad la ley fue aprobada en su redacción final con 112 votos a favor.
Se trató de una jornada larga, no por los debates, sino por el trámite que obliga a la lectura por artículos, la aprobación de cada uno y luego la lectura y aprobación final».
Tras ello era el momento idóneo para avanzar con otros temas cruciales como aceptar la renuncia de Daniela Beltranena, contra quien ya se tramita un antejuicio por tráfico de influencias y usurpación de atribuciones. El diputado Pablo Duarte pedía un desaforo al magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Manuel Duarte, quien aún no ha renunciado a su plaza como asesor legal en el Congreso; sin embargo, la palabra no se le otorgó. Mientras tanto también se exigía pasar de una vez por todas a conocer las reformas a la Ley de Contrataciones pero una moción privilegiada entró para que fueran aprobadas de urgencia nacional las reformas al Código Civil.
Dichas reformas, finalmente aprobadas, han fijado en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. Un tema en el que nuestra legislación se encontraba notoriamente atrasada y que aún y con lógica que justificaba la reforma, contó con el voto en contra de 16 parlamentarios. También llamó la atención que en el último momento los diputados retiraran de la reforma al Código Penal que tipificaba mejor y ampliaba el castigo para delitos de violación y agresión sexual.
De 118 diputados que estaban presentes cuando se aprobó la Ley de Tarjetas de Crédito, las reformas al Código Civil fueron conocidas por sólo 102 diputados. Tras dicho debate otra vez volvió la presión para conocer las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado pero los diputados se fueron retirando hasta que se rompió quórum.
Desde que los diputados decidieron a poner a andar el Congreso se han creado dos nuevos municipios, se volvieron a aprobar las reformas a la Ley Electoral, se decretó Estado de Calamidad, se acordó hacer un donativo de 20 millones de quetzales para los damnificados en la tragedia de Cambray II, se aceptó la renuncia de un diputado y se nombró a su suplente. Incluso se reconoció el genocidio en Azerbaiyán. Pareciera que en el Congreso post-electoral avanza todo, siempre y cuando no sean las reformas a la Ley de Contrataciones.
El objetivo, denuncian algunos parlamentarios, es atrasar tanto su discusión que por la premura del tiempo sea necesario entrar a debatir el Presupuesto 2016, provocando que la brasa caliente de las reformas pase a mano de la octava legislatura.
