El Ministerio Público (MP), solicitó a la juez de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, que Sandra Torres y otros implicados en financiamiento electoral ilícito sean llevados a juicio.
Redacción Perspectiva
Sandra Torres podría ser juzgada luego de que el 3 de noviembre se hizo público que el MP modificó el delito de Torres. Otros dos supuestos implicados lograron sobreseimiento de sus casos, por falta de elementos de prueba.
Empresas como centros de recaudación
El caso da continuidad al iniciado por CICIG-FECI contra Sandra Torres, y las investigaciones indican que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), usaba como centros de recaudación a las s empresas: MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A.
Esto, gracias a una red de entidades y una administración paralela a las finanzas de campaña, lo que permitió a Torres evadir el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE); sobre las aportaciones.
Además, la investigación encontró indicios de sobornos para agilizar devolución de crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria.
