El pasado martes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) realizó una una serie de allanamientos en busca de información contable y otros indicios relacionados con una segunda fase de investigación del caso llamado Construcción y Corrupción. La investigación incluyó las oficinas de Sigma Constructores, S.A., uno de los grandes contratistas para la ejecución de obra pública durante el gobierno del Partido Patriota (PP).
Sigma registra adjudicaciones por Q4 millardos, hasta el 2015, de acuerdo con el portal de compras y contrataciones públicas, Guatecompras.
Uno de los representantes legales de Sigma, Boris Navas Aguilar, es uno de los imputados por financiamiento electoral ilícito en el caso Cooptación del Estado, lo que expone como varias compañías aportaron financiamiento electoral ilícito al PP a cambio de obtener proyectos cuando Otto Pérez y Roxana Baldetti llegaran al poder.
La FECI señala a un grupo de empresarios de la construcción, en el caso Construcción y Corrupción, por el pago de sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a cambio de la adjudicación de proyectos o para que la cartera agilizara el pago de deuda de arrastre.
Las sociedades anónimas bajo escrutinio son: Constructora Codico; HW Contractors; Preesforzados y Construcciones; y Compañía General de Urbanizaciones. Esta última compañía, también de nombre comercial Super Servicio Shell Atlántida.
Max Roberto Burgos Faillace es uno de los representantes legales de HW Contractors, es también uno de los procesados por financiamiento electoral ilícito en el expediente Cooptación del Estado.
Fuente Fotográfica: elPeriódico
