El Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos ratificó ante la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, una solicitud de antejuicio en contra de los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República 2014-2015. La misma fue planteada el 11 de agosto de 2016.
La investigación de este caso fue derivada de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, -CGC-, en contra de la exjunta directiva del Legislativo, la cual estuvo conformada por los diputados, Luis Armando Rabbé Tejada, Aristides Baldomero Crespo Villegas, Manuel Marcelino García Chutá, Carlos Enrique López Girón y César Emilio Fajardo Morales, luego de establecer por medio de una auditoría la supueta contratación irregular de 180 personas.
De acuerdo con Flor de María Quiñonez de la Fiscalía de Delitos Administrativos, el Ministerio Público remitió el antejuicio al Centro Administrativo de Gestión Penal, en donde se nombró al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, quien se inhibió y remitió el antejuicio a la Corte Suprema de Justicia, nombrando a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones a uno de los Magistrados de esa Sala para que fuera el Juez Pesquisidor dentro de la misma y se realizara la investigación.
“En virtud de eso, fueron citados los auditores de la Contraloría General de Cuentas, para que se presentaran a comparecer a la Sala el viernes 20 de enero de 2017 y hoy comparece el Ministerio Público a ratificar ese antejuicio”, refirió Quiñones.
Antecedentes
De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía los contratos fueron suscritos en diferentes meses del año y aprobados fuera de plazo. Según el acta 59-2015 punto 4 literal 3 de fecha 17 de noviembre de 2015 y se les pagaron los honorarios a las personas contratadas sin tener un documento autorizado de respaldo.
Además, se estableció que de esos contratos de prestación de servicios bajo el renglón 029, fueron aprobados fuera de plazo que establece la ley y el reglamento de contrataciones del estado en el cual se indica que la junta directiva tenía un plazo de 10 días para la aprobación del contrato después de que el contratista cumplió con la presentación de la garantía -fianza de cumplimiento de contrato-.
Pero es el caso que dicha aprobación se realizó hasta el 17 de noviembre de 2015, a través del acta relacionada, estableciendo que los contratos estaban elaborados con sus respectivas fianzas, meses atrás. Los contratos ya habían sido suscritos, pero la junta los aprobó hasta después.
Fuente: MP
