Tres analistas de seguridad ciudadana conversaron con Perspectiva sobre el contexto y las implicaciones del reciente motín en la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango. Corinne Dedick, analista del CIEN en tema penitenciario; Mario Mérida, oficial retirado y catedrático en estudios superiores de criminalística y criminología y Mario Bosos, catedrático que imparte tema penitenciario en la Universidad Mariano Gálvez, coinciden en que existe una profunda crisis desatendida en el sistema penitenciario de Guatemala.
Roxana Orantes Córdova
El miércoles 19 de mayo, al final de la tarde, circularon en grupos de Whatsapp informaciones sobre un motín en la Granja Penal de Cantel, Quetzaltenango. Los partes preliminares mencionaban la cifra de 14 fallecidos, e incluían imágenes dantescas de los asesinados.
Poco después, la información oficial redujo la cifra de víctimas a siete, y el tema dejó de ser novedad. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Gobernación y Sistema Penitenciario ni siquiera han pronunciado una conferencia de prensa para explicar el descontrol extremo que llevó a un hecho de total saña y salvajismo en un recinto que supuestamente está resguardado por el Estado.
El sistema penitenciario guatemalteco es el último eslabón en la cadena de la seguridad, indica Mario Bosos, quien también afirma que está extremadamente descuidado. Es ampliamente conocido el hacinamiento, la falta de seguridad interna, las condiciones infrahumanas y docenas de indicadores que permiten afirmar que las cárceles guatemaltecas pueden ser punitivas pero están totalmente alejadas de la misión de rehabilitar y reinsertar en la sociedad a quienes transgredieron las leyes.
Los tres consultados para esta nota son personas con amplia experiencia y conocimiento del tema penitenciario y coinciden en que no cumple su misión. Para Mérida, «el tema penitenciario se ha convertido en un problema de seguridad nacional y debe ser abordado a través de una política criminal», en tanto Dedick afirma que hay dos motivos para un motín, pero «ambos motivos evidencian un descontrol o fallo del sistema».
«He visto poco esfuerzo para modernizar el sistema», afirma Dedick
Corinne Dedick, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que los motines tienen dos motivaciones:
- Descontento de los privados de libertad o población reclusa por diversas condiciones que pueden afectarles, como mala calidad de la comida, limitación en las visitas o condiciones de hacinamiento y maltrato que pueden darse. Estos motines suelen estar dirigidos a las autoridades y se producen para evidenciar el descontento de la población reclusa, que en todos los centros carcelarios vive en muy malas condiciones.
- Peleas internas entre bandos que disputan negocios ilícitos en el interior de los penales, que pueden derivar del irrespeto de algún grupo a pactos que pueden haber tenido con miembros de otros grupos.
«El reciente problema en Cantel parece ser consecuencia de esta segunda categoría», indica la analista, quien agrega que en ambos casos se evidencia una crítica situación de descontrol y en última instancia, un fallo del sistema.
Para Dedick, «si el sistema funcionara bien, habría control en todos los ámbitos. Por ejemplo, no se mezclaría a reclusos altamente peligrosos con el resto de la población carcelaria y tampoco se mezclaría a bandas enemigas o privados que esperan su juicio con otros condenados a muchos años».
En un sistema penitenciario organizado y eficiente, este tipo de situaciones «no deberían ocurrir. Las autoridades prevendrían la situación y tendrían el pulso de cómo están las cosas entre los reclusos, lo que evitaría las escaladas de violencia», señala.
Aunque en el país se diseñó una política para reformar el sistema penitenciario que es comparable a las más avanzadas del mundo, esta quedó estancada desde hace años. «He visto pocos esfuerzos desde 2016 y a partir de 2018, ningún esfuerzo, aunque existen algunos actos aislados para mejorar al sistema. Pero nada integral, que debiera incluir las mejoras en infraestructura con la clasificación».
En un sistema penitenciario moderno, los reclusos cumplen horarios y tienen actividades que les permitan reinsertarse a la sociedad. «Deberían tener una vida lo más parecida posible a como debe ser cuando salgan», indica. Sin embargo, la realidad es muy distinta y la población de las cárceles no tiene actividades, campea la corrupción y no se apuesta a la rehabilitación.
«Lo que sucedió en Cantel fue una pelea muy brutal entre grupos de reclusos. Aparentemente, uno de ellos vengó a su pareja. Este tipo de situaciones afectan a toda la población reclusa, especialmente a quienes no tienen el poder en la cárcel, que viven situaciones angustiantes constantemente, al estar a expensas de los que tienen el poder en el penal. En algún momento, estas personas salen de la cárcel pero no están rehabilitados, lo que significa que el Estado no cumplió con su mandato de reinsertar y rehabilitar».
«El caso demuestra una vez más que el sistema fracasó»: Mérida
Para Mérida, dos elementos del contexto resaltan en este hecho: 1. La debilidad en el sistema de seguridad existente en los penales y 2. Las bandas que operan internamente en las prisiones.
«Esto posibilita que un grupo grande de privados de libertad se encarguen del orden interno y muestra el nivel de solidaridad que quienes cometieron el hecho tienen con el reo que habría sido extorsionado y por no pagar extorsión, perdió a su esposa».
Según Mérida, hubiera sido procedente que los reos fueran separados en grupos para que dieran sus testimonios de los hechos. Otro aspecto es que quienes se interesan por los temas de seguridad ciudadana, quedaron esperando la conferencia de prensa de las autoridades, pero no hubo ningún pronunciamiento ni explicación.
Además, señala Mérida, hubo problemas de comunicación cuando «se filtró información antes de tener un balance final de los hechos. Esto motiva ansiedad en los familiares de los reos y puede entorpecer la acción de las fuerzas de seguridad ante un motín».
«El caso reciente demuestra una vez más que el sistema fracasó en varios aspectos. Por ejemplo, la debilidad numérica de los guardias: un guardia penitenciario por cada 25 reos, aproximadamente. El nivel de hacinamiento, que no se aborda como en otros países, donde se evacúa a presos que ya están a punto de cumplir condena para liberar el espacio. Esto requeriría un control estricto y aparentemente, faltan esas capacidades».
«Si el Estado aborda este tema como un problema de seguridad nacional, implicaría la acción de todos los poderes del Estado. El Congreso también tiene algo qué hacer en este tema, como la definición de qué institución tendría a cargo los brazaletes para las prisiones domiciliarias y la reducción del costo de cada brazalete, que cuesta casi cien dólares».
«El tema penitenciario se ha convertido en un problema de seguridad nacional, pero en el país no existe una política criminal. El sistema está basado en ver cuántos son capturados pero no se consideran los aspectos de rehabilitación y reinserción, que son muy importantes y están consignados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República».
«Un problema longevo», dice Mario Bosos
«La crisis en las cárceles es un longevo problema histórico al que no se le ha dado la importancia que merece», afirma Bosos, quien considera que el perfil del director del Sistema Penitenciario es un factor decisivo.
«Tiene conocimientos teóricos, pero no es idóneo. No tiene recorrido y no ve el panorama. Podemos decir que la dirección penitenciaria está acéfala. Aunque se habla de la necesidad de reforma, y se avanza en algunos aspectos, las autoridades no ponen atención ni se enfocan en los objetivos principales de una reforma», señala.
En tercer lugar, «la política nacional de reforma penitenciaria fue programada para cumplirse en un plazo de 10 años que ya va a vencer. Problemas como los sucesos de Cantel vienen a apaciguar a otros problemas y a determinados grupos, les cae como anillo al dedo», concluye.
