El sector exportador guatemalteco enfrenta un nuevo desafío en su lucha por mantener la competitividad en el mercado internacional. A partir del 15 de junio de 2025, algunas navieras que operan en el Puerto Santo Tomás de Castilla han impuesto un recargo adicional de US$200 por contenedor.
Redacción Perspectiva
Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), este aumento podría generar un impacto económico de más de US$6.5 millones (Q50 millones) para el país en el segundo semestre del año.
De acuerdo con lo informado, el aumento en los costos afecta principalmente las exportaciones hacia la Costa Este y Costa del Golfo de Estados Unidos, rutas clave para la agroindustria guatemalteca. Esto se suma a una serie de obstáculos estructurales que ya han comenzado a desgastar la capacidad de competir en los mercados internacionales, incluyendo:
– Aumento del Salario Mínimo: 10% desde enero
– Aranceles: 10% impuestos por Estados Unidos desde abril
– Apreciación del Quetzal: 3% recientemente (30% en valor real en los últimos años)
– Restricciones del Pacto Verde Europeo
– Infraestructura Vial Deteriorada
En este contexto, la AGEXPORT ha solicitado formalmente a las navieras eliminar el aumento de US$200 y abrir un espacio de diálogo técnico para identificar soluciones que fortalezcan la eficiencia sin trasladar más costos a las cadenas productivas. También promovió una reunión interinstitucional urgente con autoridades portuarias, aduaneras, de seguridad, transporte y sector exportador, pero las navieras no asistieron.
Según Tulio García, Director del Sector Agrícola de AGEXPORT, se estima que de julio a diciembre de 2025 habrá un movimiento de más de 74 mil contenedores, de los cuales 32,543 pasarán por las navieras que imponen el nuevo recargo. Esto afectaría a más de 700 mil productores que dependen directamente del sector exportador agrícola.
Gonzalo Salguero, Presidente de la Junta Sectorial Agrícola de AGEXPORT, enfatizó la necesidad de entender las limitaciones operativas para resolverlas juntos y preservar la competitividad del país, proteger empleos y asegurar que los productos guatemaltecos sigan llegando a los mercados internacionales en condiciones justas.
