La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) ha manifestado su rechazo al Decreto 7-2025, aprobado este 2 de septiembre por el Congreso de la República bajo el procedimiento de urgencia nacional. La ley busca asegurar la continuidad de los proyectos de los Consejos de Desarrollo (Codede) utilizando recursos no ejecutados, pero el gremio industrial argumenta que su aprobación apresurada compromete la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
En un comunicado, la CIG expresó que la aprobación en un solo debate no permitió analizar a fondo los mecanismos para la ejecución presupuestaria. Bajo el lema «El problema no es la falta de recursos, sino la falta de acción», la organización empresarial subraya que la ineficiente ejecución ha sido un problema histórico, y que un nuevo decreto no lo solucionará. Por ello, instan al presidente Bernardo Arévalo a analizar la ley y a los diputados a realizar una evaluación exhaustiva antes de cualquier aprobación.
Manifestamos nuestra preocupación ante la aprobación del Decreto 7-2025 y el presupuesto 2026 que limitan el desarrollo del país.
Lee el comunicado completo aquí: https://t.co/EiFO1dUIQR pic.twitter.com/6YC7LCJDyW
— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) September 4, 2025
La oposición de la CIG se suma a otras preocupaciones del sector privado. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio también han expresado su preocupación respecto a la aprobación de dicho decreto.
🚨 La transparencia en el uso de los recursos públicos debe garantizarse. #ComunicadoCACIFhttps://t.co/iqc5s7cNSg pic.twitter.com/uEJ9Aw02hs
— CACIF (@CACIFGuatemala) September 3, 2025
En un comunicado, el sector privado organizado solicita al Presidente de la República, Bernardo Arévalo, vetar el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado por el Congreso de la República.
Agregan que el decreto permite trasladar automáticamente recursos no ejecutados de un año a otro, lo cual viola el principio de anualidad del presupuesto y delega al Ministerio de Finanzas atribuciones que son exclusivas del Congreso, esto según lo establecido en la Constitución Política de Guatemala.
Asimismo advierten que de entrar en vigencia, esta ley abriría la puerta a una bolsa paralela de fondos públicos sin el control político que garantiza la Constitución. Por ello, pedimos al Presidente ejercer el veto y resguardar el orden jurídico y la transparencia en el manejo de las finanzas del Estado.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala solicitó el veto del Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al considerar que podría abrir la puerta a la conformación de fondos públicos paralelos.
CIG RECHAZA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 2026
El comunicado también rechaza la propuesta de presupuesto para 2026, la cual presenta un incremento superior al 10% en comparación con el año anterior. La CIG argumenta que destinar la mayoría de recursos a gastos de funcionamiento y pago de deuda compromete la capacidad del Estado para invertir en infraestructura.
¿QUÉ DICE PRESIDENCIA?
En respuesta a la solicitud del sector empresarial, Presidencia indicó: “El Ejecutivo aún no ha recibido el decreto aprobado por el Congreso. Sin embargo, su equipo de trabajo lo está analizando. Una vez sea recibido formalmente, el Presidente tomará una decisión en apego a la Constitución y velando por los intereses del país”.
