Un grupo de individuos que desde esta semana instaló un bloqueo ilegal en la entrada al municipio de Mataquescuintla en el departamento de Jalapa, atacó, hirió y secuestro a varios contratista de seguridad privada desarmada de Minera San Rafael que regresaban de descanso ayer por la noche. Los contratista se conducían en un bus particular desde Alta Verapaz por una vía pública cuando fueron bloqueados por los delincuentes quienes al identificarlos, les impidieron el paso libre para llegar a su destino y los obligaron a retomar a Jalapa, pero Kilómetros después fueron detenidos nuevamente.
Para hacerlos descender del vehículo, destruyeron las llantas y rompieron las ventanas. Una vez fuera, los hincaron, los agredieron con armas punzo cortantes y, a punto de pistola, los amenazaron con matarlos si volvían a circular por dicha vía pública. Los delincuentes, quienes se identificaron como el «Grupo de Residentes Pacífica de Mataquescuintla»; al ver la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC), dispararon al aire para evitar que se acercaran por lo cual las fuerzas de seguridad pública regresaron más tarde con refuerzos.
Tras varias horas de permanecer secuestrados, los contratistas fueron liberados y escoltados por elementos de la PNC y traslados a Jalapa donde fueron atendidos por hematomas, laceraciones y heridas cortantes. Varios de ellos presentaron tambien un cuadro de crisis nerviosa. Es importante aclarar que tanto los contratistas como las fuerzas de seguridad actuaron de manera pacífica.
A pesar de ser una vía pública, este bloqueo ilegal que, se ubica a 5 kilómetros de la empresa, detiene todo vehículo que se conduce por dicha ruta para ser inspeccionado lo cual esta afectando a vecinos y comunidades del área. Estas acciones ilegales y violentas ya han sido informadas a las autoridades competentes y es especial a la oficina del procurados de Derechos Humanos (PDH) para que vale por los derechos de todos los ciudadanos
Falta de certeza jurídica
Durante los más de 300 días sin que la Corte de Constitucionalidad emita una resolución final sobre este caso, se han llevado a cabo distintas acciones violentas no sólo en contra de colaboradores y contratistas, sino también en contra de pobladores y comunitarios. La falta de certeza jurídica ha permitido que estos ataques se agudicen en donde en reiteradas ocaciones se han reportado ataques a vehículos de proveedores e incluso el ataque con armas de fuego a un helicóptero.
A pesar de estas acciones ilegales, Minera San Rafael no abandonará todos los esfuerzos por continuar promoviendo el diálogo y la convivencia en la región, entendiendo que estos actos son únicamente el sentir de unos pocos grupos violentos y la convivencia y no de la mayoría de la población. La empresa reitera su compromiso con el respeto y cumplimiento de los Principios Voluntarios de Derechos Humanos.
