Odebrecht es el caso de estafa más grande contra el Estado guatemalteco. Además, es extremadamente complejo y tiene muchas vertientes. Una de estas, los convenios de colaboradores eficaces firmados en Brasil de forma irregular, se zanjó con la anulación de dichos convenios, señalan Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, querellantes adhesivos como representantes de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).
Roxana Orantes Córdova
Odebrecht volvió a ser una palabra marcando tendencia en redes sociales, luego de que el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, diera a conocer que el juzgado de Mayor Riesgo D, dejó sin efecto los convenios de colaborador eficaz de los ex directivos de Odebrecht Luiz Mameri y Marcos de Cerqueira Lima Machado, así como la anulación de la audiencia de primera instancia.
Según informó Curruchiche, ambos fueron citados para declarar el 1 de febrero y «la FECI no escatimará esfuerzos para que comparezcan».
La declaración del fiscal desató inmediatamente una serie de reacciones, como siempre encontradas cuando se mencionan los casos que involucran a los ex operadores de justicia vinculados con la CICIG.
Por un lado, abundan las congratulaciones y por el otro, las acusaciones de corrupción contra cualquiera que ose cuestionar si fue legal que Juan Francisco Sandoval, simple fiscal de sección, se atribuyera funciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y lo más grave, que negociara las declaraciones de los dos testigos a cambio de una suma extraordinariamente alta para Guatemala: Q.384 millones, que según Ricardo Méndez Ruiz, podrían retornar al erario nacional.
«Se abre la posibilidad de recuperar los Q384 millones que negoció Sandoval», dice Méndez Ruiz
«Lo más significativo del anuncio hecho hoy por la FECI, es que la anulación de esos convenios abre la posibilidad de que Guatemala recupere el dinero negociado por Sandoval, quien hizo perder al Estado Q384 millones», afirma Méndez Ruiz, querellante adhesivo.
Independientemente de que la justicia pueda alcanzar a otros implicados, como Iván Velásquez y Thelma Aldana, además de esta suma, es posible para Guatemala exigir de Odebrecht que le pague al país la indemnización que canceló a muchos otros países latinoamericanos afectados por esa complicada estafa, cuya investigación inició en el Departamento de Justicia estadounidense y que involucró a miles de diputados, funcionarios y abogados latinoamericanos, dijo el entrevistado.
Asimismo, es relevante que la justicia se acerca más a los hoy prófugos Sandoval y Aldana. «Por el tipo de acuerdo que ellos firmaron con Odebrecht, esta terminó demandando a Guatemala por incumplimiento de contrato, hecho insólito del que ellos son responsables. Con la acción del juez, se diluyen estos hechos y el caso se retrotrae a la etapa anterior. Será interesante cuando los dos brasileños declaren ante la justicia guatemalteca», concluye.
Odebrecht, el caso de corrupción más trascendental en lo económico para Guatemala
Según Raúl Falla:
«Hoy se conoció que quedaron sin efecto los acuerdos de Sandoval con Odebrecht. Además de la forma en que se realizaron, en esos documentos hay falsedad e imprecisiones, como alteración de fechas y horas. En este caso existe responsabilidad de varios implicados, entre otros la juez Claudette Domínguez, quien homologó los acuerdos, la fiscal Eva Sosa, el ex mandatario de CICIG David Gaitán y varios abogados y bufetes guatemaltecos, que poco a poco saldrán a luz».
«Los ex colaboradores deberán acudir a Guatemala, para explicar cómo se llevó a cabo este acuerdo, que costó a Guatemala cerca de US$16 millones, además de que Odebrecht jamás construyó los 115 kilómetros del tramo entre Cocales y Tecún Umán».
«La Fiscal General Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, merecen una felicitación por haber activado, a fin de que Guatemala pueda recuperar lo perdido en el caso de corrupción más trascendental en lo económico para Guatemala», finaliza Falla.
