El gobierno de Nicaragua anunció el martes que decidió quitar la nacionalidad y expropiar a 135 personas calificadas como “presos políticos” por la oposición y que fueron expulsadas a Guatemala el jueves de la semana pasada. Acción que tuvo respuesta por parte de Guatemala, país que acogió a los presos liberados.
Redacción Perspectiva
La postura del Gobierno guatemalteco fue compartida por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP): “ Los 135 hermanos nicaragüenses permanecen con el estatus ordinario de 90 días. Desde el inicio ha sido un tema de carácter humanitario”.
Agregaron: “Lo de hoy es una decisión del gobierno de Nicaragua similar a la que adoptó con las 221 personas que expulsaron en 2023. La opción de aplicar al asilo que ofrece Guatemala se mantiene”.
La decisión fue anunciada en una nota de prensa de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que las 135 personas excarceladas fueron “condenadas por hechos delictivos” que “atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación”, además de promover “la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica”.
Además se decidió “el decomiso de todos los bienes de los condenados”, para que respondan “por los severos daños materiales e inmateriales” de sus “actividades delictivas”.
Esta es la primera vez que el gobierno de Nicaragua se refiere en una nota pública a la excarcelación y destierro de los 135 exreos de conciencia, entre los que figuran 13 nicaragüenses miembros de la iglesia estadounidense Puerta de la Montaña (Mountain Gateway) que estuvieron nueve meses en prisión acusados de supuesto lavado de dinero y otros delitos graves.
La organización religiosa estadounidense, que fue clausurada y sus propiedades confiscadas por el Estado de Nicaragua, ha negado enfáticamente los cargos en contra de sus miembros.
