Citados por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, funcionarios de salud pública intentaron resolver las dudas de lo que la comisión considera una mala gestión de los millonarios recursos para atender la emergencia del COVID-19. Además, la Defensora de la salud de la PDH expuso los hallazgos de sus verificaciones en el sistema hospitalario.
Redacción Perspectiva
La viceministra Administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Irma Elizabeth Quiroa Cuellar, admitió la poca capacidad de ejecución de los fondos que a la fecha alcanzan apenas el 2%, de los Q1, 164 millones asignados para la atención de la pandemia.
De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, solo se han ejecutado Q 23 millones del fondo millonario. De los Q 159 millones asignados para suministros médicos quirúrgicos, de laboratorio y cuidados de la salud solo se ha ejecutado el 6.2%. De productos medicinales y farmacéuticos solamente se han ejecutado Q10 millones de los Q 310 millones asignados.
“Un desastre en la ejecución presupuestaría, un desastre total” dijo el diputado Carlos Barrera, miembro de la comisión.
En la reunión, Zulma Calderón, Defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que llevan más de dos semanas advirtiendo un inminente colapso de todo el sistema de salud. “el MSPAS no cuenta con un plan de respuesta articulado e integrado a esta situación”, puntualizó Calderón.
Calderón enfatizó la problemática que ha generado el uso de hospitales nacionales como el Hospital Roosevelt y el Hospital General San Juan de Dios para atender pacientes con coronavirus. De acuerdo a la Defensora de salud, esta debió ser la última estrategia a considerar para atender la emergencia.
