El viernes 25 de enero se realizará una audiencia en la que el dirigente empresarial Max Quirin solicitará medidas sustitutivas a su favor. Representantes de diferentes gremios empresariales, familiares de Quirin y abogados ofrecieron el 23 de enero una conferencia de prensa en la cual expresaron sus expectativas de que se cumplan las medidas a favor de Quirin.
Roxana Orantes Córdova
El director ejecutivo del Comité Coordinador de Cámaras Industriales, Comerciales, Agrícolas y Financieras (CACIF), Roberto Ardón, comentó que en el caso de Quirin no existe riesgo de fuga debido a que tiene probado arraigo en el país. “Que se continúe con el proceso, pero que se le de el beneficio de esperarlo en su casa, en el seno de su familia”, dijo.
Agregó que inicialmente se habían aprobado las medidas sustitutivas pero luego fueron denegadas, lo que es irregular. “La prisión preventiva no debiera durar más de un año. Es una garantía ciudadana”, expresó y añadió que el viernes se decidirá si se le espera.
“¿Qué gana el Ministerio Público con mantener a Quirin en la prisión?”, preguntó y añadió que el viernes el sistema judicial decidirá si otorgan esta medida al ex representante del sector empresarial ante la Junta Directiva del seguro social.
Ardón añadió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha divulgado informes en los que expresan su preocupación por el abuso de la prisión preventiva, que es una medida extrema que debe darse en casos donde existe peligro de la obstrucción de la justicia. “Es una oportunidad para que los jueces rectifiquen”, dijo.
El abogado Alberto Morales mencionó que la sentencia existente no es firme y está sujeta a revisión. Por su parte, Karla Caballeros, de la Cámara del Agro, explicó que la representación del gremio empresarial es una decisión que se toma con base en el historial y la honorabilidad del designado, tal como sucedió cuando Quirin fue designado para representar a los empresarios en la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
¿Quién es Max Quirin Schoder?
Productor y exportador de café con amplia trayectoria, su familia le confió dirigir ECOAGRO y AGROEXPORT. A los 33 años, presidió ANACAFÉ. Además, presidió la Junta Directiva de la Specialty Cofee Associaton of America (SCAA). En el sector público de Guatemala, fue miembro del Consejo Asesor de Seguridad, del Comité Ejecutivo del Pronacom; representó cuatro veces al sector empresarial ante la Junta Monetaria y ante la Junta Directiva del IGSS.
En situaciones críticas, como los huracanes Mitch y Stan, “fue uno de los primeros pilotos que, a pesar del clima, abrió un puente aéreo, cuando no había otras vías de comunicación”, dice el comunicado, que agrega: “gracias a su servicio y el ejemplo que dio a otros pilotos aviadores, fue posible hacerles llegar víveres a los afectados y atender a los heridos”.
Muchos de quienes lo conocen se expresan favorablemente de él. Entre ellos, José Luis Valdés O’ Conell, vicepresidente del grupo financiero BAM; Rolando Coy y Selvin Ampérez, trabajadores del beneficio de café en Cobán, coinciden en calificarlo como “excelente patrón y persona honesta”. Asimismo, Otto René Narciso, pequeño productor de café, lo define como “hombre de principios morales muy bien cimentados y trabajador de abolengo”.
Entre las declaraciones recopiladas en el comunicado que se expresan favorablemente sobre el empresario, se cuentan las del Obispo de Alta Verapaz, Rodolfo Valenzuela; Ric Rinhehart, director ejecutivo de SCAA; Richard Aitkenhead, ex ministro de Finanzas; Mery Santos, presidenta de la Alianza Internacional de Mujeres del Café y Lucky Rodríguez, quien trabajó con Max Quirin en ANACAFÉ.
¿De qué lo acusan?
Como miembro de la Junta Directiva del IGSS fue uno de los firmantes del contrato del servicio de diálisis para los enfermos renales crónicos. Era la primera vez que el seguro licitaba el servicio, en lugar de designar a determinada compañía, indica el comunicado, donde se añade que a Quirin le pareció congruente con la transparencia licitar el servicio.
La responsabilidad de la Junta Directiva era verificar el cumplimiento del procedimiento de compras. Según el comunicado, aunque cumplió cabalmente con esto, se le persiguió por fraude, “que significa haber realizado un engaño o actuado con dolo, con la intención de obtener un beneficio económico”.
El texto citado afirma que Quirin no obtuvo ningún beneficio y añade: “El MP admitió en los tribunales que ninguno de los miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a Max Quirin, habían recibido algún beneficio económico por ese contrato”.
Además, se señala que el representante de la CICIG dijo en tribunales “que tampoco había causado ningún fraude patrimonial al IGSS o al Estado”. Aun así, señalan, “continuaron empujando el proceso”.
Por el caso señalado, el juez otorgó medida sustitutiva a Quirin, pero los acusadores retrasaron el proceso para mantenerlo en prisión e iniciaron “un segundo caso sin fundamento, para mantenerlo en prisión”. Esta segunda acusación señala supuestas anomalías en dos compras y un arrendamiento autorizados por la Junta Directiva del IGSS.
En el tiempo transcurrido, dos de los acusados en este caso fallecieron: los renombrados médicos Jesús Oliva y Raúl Castañeda, ambos fallecidos sin que se les otorgaran las medidas solicitadas.
Por los argumentos expuestos en el comunicado y la conferencia de prensa, el grupo de ciudadanos y empresarios que convocaron al acto, concluyen: “Es hora de enmendar. Es hora de actuar apegados al espíritu y los mandatos de la ley. Por eso, solicitamos al sistema de justicia que continúe este segundo caso con medida sustitutiva, con un arresto domiciliario, en cumplimiento total de la ley”.
