Hoy, el diputado Carlos Barrera, expuso una serie de irregularidades sobre el Bono familia durante una citación con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. Según, Barrera hay 20 fallecidos que aparecen como beneficiados además, hay más de 300 empleados públicos y municipales que han recibido los mil quetzales del programa enfocado en personas afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19.
Redacción Perspectiva
De acuerdo con los datos presentados por el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barrera hay empleados municipales, jubilados, empleados públicos, contratistas del Estado y hasta empleados del Congreso y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que han recibido el Bono Familia.
Este jueves, 23 de julio, la bancada de la UNE se reunió con el ministro Raúl Romero, para abordar las inconsistencias en la implementación del programa Bono Familia y la baja ejecución presupuestaria de los fondos asignados para la emergencia del COVID-19.
Durante la reunión, se revelo que a 123 empleados públicos y 304 empleados municipales, además de jubilados y hasta a contratistas del Estado han cobrado la ayuda. El principal cuestionamiento de los diputados en la citación con el ministro de Desarrollo Social es que la ayuda no está llegando a las familias más pobres.
El diputado Carlos Barreda denuncia en la citación que el MIDES a entregado el Bono Familiar a más de 500 empleados públicos y expresó que: “es una canallada que empleados municipales y hasta empleados del Congreso hayan cobrado el bono” señala el diputado Barreda en denuncia que se está pagando el bono a gente que no tiene necesidad”.
Barrera, agregó que: «Hay pícaros, cañallas, gente sinvergüenza que cobro el bono familia y deben de ser destituidos. Todos aquellos funcionarios públicos 029 y 189 que cobraron esos mil quetzales que eran para los pobres deben de ser destituidos.»
Por otro lado, el ministro Romero manifestó que muchos de los atrasos e inconvenientes que pueda presentar el programa se deben en parte a las modificaciones aprobadas por el Congreso que permitieron incluir a más personas.
Según, Romero “el Congreso aprobó algunas reformas, ampliaron criterios que obligaron a realizar reformas jurídicas, técnicas y operativas que atraso un poco sistema”. Sin embargo, el funcionario considera que el programa ha realizado aportes positivos y se trata de recurso sin precedentes que ha beneficiado a 2 millones de personas.
