Los miembros de la Cámara Guatemalteca de Periodismo Mario Fuentes Destarac y Juan Manuel Rodríguez, mencionan la importancia de la libre expresión en las sociedades democráticas, mientras José Luis González Dubón expresó en una entrevista televisiva que los funcionarios deben tener capacidad para recibir críticas “fundadas e infundadas”. Esto, en un momento en que la pandemia ha llevado la censura a niveles de absurdo, en países con regímenes autoritarios, denunció Amnistía Internacional.
Roxana Orantes Córdova
Hace unos días, Amnistía Internacional publicó un artículo firmado por Olatz Cacho (responsable de países en esa organización), titulado Bulos y censura: la libertad de expresión ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos a consecuencia del coronavirus.
Según narra el activista, varios países de gobiernos dictatoriales han implantado medidas surrealistas de censura a la libre expresión. Por ejemplo, indica, en Turkmenistán, país del que poco se conoce, el presidente Bermujamédov prohibió el uso de la palabra “coronavirus” y quien la pronuncie, podría ser detenido. Este país tiene frontera con Irán, fuertemente afectado por la pandemia, y tiene como principal aliado comercial a China.
Según Cacho, China es un país “clásico en cualquier ranking sobre censura”. Palabras creadas para “nombrar lo innombrable” se usan en las redes sociales, mientras el gobierno elimina cualquier alusión que pueda ofender a las autoridades. “En Bolivia se ajustó la ley para encarcelar a quienes critican las medidas gubernamentales”, indica el texto citado, donde se agrega que en Hungría, Viktor Orbán logró modificar la ley para gobernar de forma indefinida y restringir ampliamente la libre expresión.
Camboya incluyó entre sus medidas de emergencia la vigilancia tecnológica y la censura. Y en Rusia, que según Cacho “merece párrafo propio”, el gobierno de Vladimir Putin prohíbe las fake news en su territorio, pero las promueve hacia el exterior. Por ejemplo, la Unión Europea dio a conocer que la pandemia era un arma biológica desarrollada en EE.UU.
“Aunque es positivo que cualquier gobierno luche contra las noticias falsas, no lo es si lo hacen en un lenguaje tan vago y amplio como para colar cualquier abuso y tampoco si ya han anunciado que permanecerán en vigor tras la pandemia. Este es el caso de Rusia, donde la excepcionalidad se va a quedar como norma”, señala el texto citado.
Lo más grave en cuanto a censura a la expresión es “matar al mensajero”, indica el artículo, donde se recuerda al médico chino Li Wenliang, quien alertó sobre el brote en Wuhan y terminó muriendo por coronavirus. Otros afectados en esta “pandemia de censuras” han sido: la doctora rusa Anastasia Vasilyevna, quien cuestionó la debilidad del sistema de salud; los periodistas Darvinson Rojas (Venezuela) y Mamne Kaka Touda (Nigeria), encarcelados en sus países por alertar de coronavirus y ambos actualmente libres.
El artículo concluye: “Estamos queriendo (llevamos tiempo ya) enseñar a nuestros mandatarios a defender y respetar la libertad de expresión. Nos costará, pero vamos a persistir”.
Guatemala en el contexto de la pandemia
El panorama anterior es de utilidad para poner a Guatemala en el contexto mundial. Por lo menos en dos momentos, se han producido hechos que podrían significar amenazas contra la libre expresión.
A mediados de marzo, el presidente Alejandro Giammattei expresó que “quien propague rumores y noticias falsas del coronavirus podrían ir a prisión hasta dos años”. Esta afirmación y la medida son totalmente comprensibles en un momento crítico, aunque tal como señaló el activista de Amnistía Internacional, se trata de medidas que por ningún motivo deberían mantenerse luego de la pandemia.
Recientemente, Vea Canal denunció que empresas telefónicas le restringieron el acceso a la frecuencia, con lo que no pueden transmitir. Según indicaron, esto es una represalia gubernamental.
José Luis González Dubón, constitucionalista, dijo en entrevista con ese canal: “como de una manera legal y constitucional es imposible acallar a un medio de comunicación, el gobierno urdió una maniobra en la que pudiera eventualmente decir que no tiene nada que ver, tirándole la carga a Claro y a Tigo. No sé quién lo asesora, pero las frecuencias son propiedad del Estado. Las empresas no son dueños de las frecuencias”.
González Dubón agrega que parte del ejercicio de la política es recibir toda clase de críticas fundamentadas e infundadas, y agregó:
“Creer que se puede ejercer un cargo público sin ser criticado, es no tener los pies en la tierra”, dijo el jurista, quien añadió que en Guatemala los funcionarios tienen derecho de respuesta ante los medios, debido al derecho constitucional a cuestionar a los funcionarios (con o sin fundamentos). “Giammattei nunca ha hecho uso de su derecho de respuesta”, agregó.
Mario Fuentes Destarac, quien ha presidido la CGP, enfatizó en que Guatemala es una democracia igual a todas las de Occidente, cuya base es la libertad de expresión. “Es lo que diferencia a las dictaduras de las democracias.
“La libertad de ideas y de expresión no pueden ni deben restringirse. Tampoco debe restringirse el derecho de los comunicadores a las fuentes de información, que deben ser abiertas”.
Sobre el caso de Vea Canal, expresó que hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del gobierno sobre la restricción a este canal, el único en señalar que existe la restricción. Por ello, el panorama no está suficientemente claro, aunque:
“defiendo la irrestricta libertad de expresión para este y cualquier otro medio. Demando el respeto a la labor periodística y el cumplimiento del compromiso que asumió el Estado en 2012 sobre la protección a periodistas, que en Guatemala es un gremio muy vulnerable”.
Por su parte, Juan Manuel Rodríguez coincide en que es imprescindible respetar el derecho a la libre expresión, si bien considera que los comunicadores deben evitar cualquier expresión que atente contra la vida privada de otras personas, así como la calumnia, la injuria y difamación.
Rodríguez señaló: “no hay que traspasar de la libertad al libertinaje. No por ser un derecho se debe cometer un delito como calumnia o difamación. No es correcto”.
En el caso de Vea Canal, comentó: “sería muy grave si las telefónicas hubieran recibido algún tipo de presión gubernamental. El gobierno no tiene derecho a cerrar un medio, tampoco a presionar a las empresas. Incluso cuando el medio haya tenido expresiones impropias”, concluyó.
