El juez Baltasar Garzón, pionero en la aplicación de justicia transicional, es investigado por el presunto cobro de sobornos en España. Entretanto, Martha Lucía Zamora, ex representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Quetzaltenango, enfrentará la justicia para responder a tres cargos por actuaciones ilegales en el ejercicio de su función. Ambos son personajes cercanos a Iván Velásquez, que ha sido calificado como una versión latinoamericana de Garzón, quien siempre dio su aval al colombiano.
En el momento complicado por el que atraviesa Velásquez, los señalamientos contra sus dos amigos pueden sumar al deterioro de su imagen pública. José Luis González Dubón, ex presidente de la Liga Pro Patria, considera que los tres juristas son personajes que se han movido en la dinámica del lawfare, además de ser izquierdistas consumados.
Entretanto, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, enfatiza en que quienes se han enfrentado a la corrupción con las leyes en la mano, suelen ser objeto de elaboradas venganzas, entre las que están acusaciones, procesos judiciales y señalamientos.
Roxana Orantes Córdova
El comisionado Iván Velásquez se encuentra en una situación complicada. Hace tres años, la prensa internacional lo calificaba como “el colombiano que hace temblar al gobierno de Guatemala” y “magistrado estrella”.
Actualmente, ni siquiera su paradero está claro para los guatemaltecos y alrededor de él comienzan a circular rumores, algunas veces malintencionados. Por ejemplo, hace algunos días, un supuesto periodista divulgó en una red social que Velásquez estaría atrapado en un avión de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el aeropuerto de Guatemala, sin poder bajar de la aeronave. Fantasías como esta circulan constantemente. Lo cierto es que hasta el momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU), no ha nombrado al comisionado adjunto que anunciara y que Velásquez continúa dirigiendo la CICIG a distancia.
El hecho puede tener repercusiones e incluso, considerarse una advertencia para Velásquez y sus aliados en Guatemala, afirma González Dubón, quien asegura que tarde o temprano, el comisionado y su equipo enfrentarán la ley Magnitsky.
“Garzón, Zamora y Velásquez son coyotes de la misma loma. Garzón es un juez de la izquierda, que lo ha usado para imponer su agenda política, en el ejercicio de lawfare (control del sistema de justicia). No me sorprende para nada que el juez español esté implicado en hechos irregulares, puesto que tiene la misma agenda que Velásquez. En Guatemala intentaron implantar el desafortunado experimento de la CICIG, de la cual Martha Zamora fue representante en Quetzaltenango, donde hizo lo mismo que la CICIG en el resto del país: uso de testigos falsos, presión a jueces y otros abusos. Esperamos que la Comisión Magintsky deduzca las responsabilidades a todos los implicados”, señala.
Según González Dubón, Velásquez no entrará a Guatemala, pero la CICIG todavía puede hacer mucho daño en el país, especialmente porque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está capturado por esa comisión.
“Han hecho todo lo posible por eliminar a algunos partidos políticos mientras favorecen a otros. No es raro que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), esté indemne, puesto que su secretaria general, Sandra Torres, era vicepresidente de la Internacional Socialista cuando Antonio Guterrez era el presidente. El vínculo es más que evidente: Guterrez preside la ONU, la CICIG es una comisión de la ONU y Sandra Torres es secretaria de la UNE”.
González Dubón agrega que son “secretos a voces” que todos conocen pero todos permanecen de brazos cruzados. “Como país soberano y con base en el artículo 183 literal O, Guatemala puede poner fin a ese acuerdo”.
En una posición totalmente opuesta, el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, considera que los jueces o fiscales que realizan investigaciones de alto perfil suelen ser objeto de venganza por parte de sus acusados o los aliados de estos.
“No se puede descartar que exista persecución contra ellos. La corrupción siempre contraataca. Puedo citar el caso del presidente de Transparencia Internacional, el peruano José Ugaz, contra quien hay más de trescientas acusaciones. Esto, por encarcelar al ex presidente peruano Alberto Fujimori y su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Además del caso reciente, Garzón tiene tres o cuatro procesos anteriores en su contra”, dice.
La solvencia a prueba de señalamientos es la cualidad que jueces y fiscales de este tipo deben ostentar, a fin de no ser víctimas de las revanchas montadas por los corruptos, asegura Marroquín y agrega:
“No creo que los señalamientos contra Garzón y Zamora tengan incidencia en la situación de Velásquez, pero es un hecho que se presta para que quienes están contra la CICIG monten una campaña de desprestigio que no podemos corear y puede tener algún efecto o consecuencia, por la innecesaria exposición del comisionado. Pero en la coyuntura actual de Guatemala y los esfuerzos contra la corrupción, esto no tiene ninguna repercusión”, señala Marroquín.
Los amigos de Velásquez
Baltasar Garzón y Martha Lucía Zamora son dos juristas que tienen en común más de una cosa: ambos son personalidades en la izquierda política de sus países; los dos han estado al frente de investigaciones polémicas y peligrosas y, los dos son amigos de Iván Velásquez.
A estas coincidencias, recientemente se sumó que los dos abogados enfrentan a la justicia en sus respectivos países. Garzón es investigado porque supuestamente recibió pagos del comisario retirado José Manuel Villarejo, quien recibió sobornos del naviero Ángel Pérez-Maura para impedir que este fuera extraditado a Guatemala, como consecuencia del caso Terminal de Contenedores Puerto Quetzal (TCQ), cuyo principal investigador fue la CICIG.
Aunque en medios españoles circuló la versión sobre la supuesta presencia de Iván Velásquez en una reunión entre los actores del soborno, la CICIG desmintió ese hecho. El comisionado visitó Madrid en julio de 2017, para hablar sobre los desafíos de la lucha contra la corrupción. Su viaje fue auspiciado por Oxfam, cuyo presidente era Alberto Fuentes Knigth.
Según los medios españoles, “Villarejo solo necesitó unos días para lograr el primer objetivo. En abril de 2016, la Audiencia Nacional rechazó la entrega de Pérez-Maura”.
En los años noventa, Baltasar Garzón era uno de los jueces más mediáticos en el mundo. En 2000, logró el arresto del general chileno Augusto Pinochet. A partir de ese año, trabajó con la denuncia que interpuso ante la Audiencia Nacional de España la premio Nobel Rigoberta Menchú contra el general guatemalteco Efraín Ríos Montt.
El juez es una figura importante de la izquierda española. El año pasado, inscribió un proyecto político llamado Actúa, que es parte de la coalición Izquierda Unida. Sin embargo, como juez, prohibió las manifestaciones a favor de los presos de la ETA en el país vasco y simpatizantes de esa organización lo señalaron de avalar las torturas contra los presos de ese grupo terrorista.
En 2012, Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación judicial, aparentemente como consecuencia de una venganza implementada por el Partido Popular, afectado por una investigación del juez. Sin embargo, su imagen permaneció intacta ante sus seguidores y más de una vez manifestó su apoyo a Iván Velásquez, especialmente en los momentos críticos. En febrero de 2018 dijo: “Ya sabemos que nadie es imprescindible, pero en este caso el comisionado debe continuar”.
La juez colombiana Martha Lucía Zamora es amiga personal de Velásquez desde hace décadas. Han compartido profesional y socialmente. Por ello, no fue extraño que Velásquez la nombrara representante de la CICIG en Quetzaltenango “para evadir la justicia colombiana debido a la persecución penal surgida de acusaciones por montar casos espurios mediante la utilización de testigos falsos”, asegura en un artículo el capitán Oscar Platero Trabanino.
Zamora fue secretaria general de la Alcaldía de Bogotá durante la gestión de Gustavo Petro (2012-15). Posteriormente, llegó a Guatemala como responsable de la CICIG en Quetzaltenango, pero salió del país subrepticiamente. Según Platero, esto fue para ocultar el incumplimiento de su contrato y seguir recibiendo su sueldo.
Nuevamente en Colombia, fue nombrada directora administrativa de la Secretaría Ejecutiva de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Recientemente, se conoció que el 16 de octubre, Zamora deberá responder por tres cargos derivados de irregularidades en la JEP: asesoramiento ilegal, abuso de función pública y perturbación de actos oficiales.
Independientemente de las implicaciones políticas o de imagen que los señalamientos contra Garzón y Zamora puedan tener para el comisionado, la coincidencia de que dos personalidades que lo han apuntalado de diferente forma se encuentren acusados ante la justicia, es un elemento que suma negatividad a la ya difícil situación del comisionado.
