Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); Estuardo Gasparico, subdirector del medio digital Nómada y Rolando Alvarado, abogado penalista y autor del libro Cibercrimen, exponen a Perspectiva sus argumentos sobre los límites de la libre expresión, luego de que la FECI denunciara presuntas amenazas de una cuenta en Twitter.
Roxana Orantes Córdova
El sábado 26 de septiembre, fiscales de la FECI denunciaron acoso en redes sociales, concretamente de la cuenta @LordVaderGT. El titular de un medio asegura que dicha cuenta es un “Net Center”, aunque la nota informativa no presenta ningún elemento que avale dicha afirmación.
Las publicaciones que motivaron la denuncia de los fiscales los señalan de varias anomalías. Por ejemplo, una de estas publicaciones asegura:
“Los fiscales implantan pruebas, usan colaboradores eficaces que mienten, intervienen celulares sin orden judicial, extorsionan. Ahhh… y lo último, ahora cobran por no oponerse a una medida sustitutiva ante un juez”
Más de una vez esta cuenta ha mencionado que Sandoval y varios fiscales de su equipo terminarán en prisión. Lo anterior, dijo Sandoval, sería una amenaza para que deje de cumplir con su trabajo. Cabe mencionar que en abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares a Sandoval y otros dos fiscales de su equipo.
Inmediatamente, la FECI fue apoyada por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, quien condenó los
“ataques que van más allá de la libre emisión del pensamiento, porque la libertad de expresión en todo caso tiene como límites el odio, la discriminación, que es parte de lo que están planteando en las distintas publicaciones con las que nos han atacado”
Días antes, Jordán Rodas había respondido en los siguientes términos a Miguel Martínez, quien también se sintió acosado por opiniones, en este caso no de una cuenta anónima en redes, sino de medios de comunicación:
“@JordanRodas agradece al ingeniero Luis Miguel Martínez Morales del @CentroDeGob su confianza en @PDHGT, le recuerda que como funcionarios públicos están sujetos al escrutinio público y que la vía de denuncia a medios de comunicación es la Ley de emisión del pensamiento”
Sandoval: “no son opiniones, son amenazas”
Juan Francisco Sandoval expuso su posición a Perspectiva, en una breve entrevista telefónica que se transcribe a continuación:
¿Cómo es que opiniones anónimas en redes tienen poder de afectar la acción de la FECI?
La amenaza es un delito particular. Depende del ánimo de la persona al expresarse. Si me dice: “vas a ir preso”, me está diciendo que deje de hacer mi trabajo.
Las expresiones contra mi persona y la FECI no son opiniones, son amenazas.
¿El Estado tiene derecho a investigar a estas personas por sus opiniones?
Los servidores públicos estamos afectos a críticas. Pero es necesario ver el tipo de comentarios. Ningún derecho es absoluto. Si se expresa odio o amenazas, esto va más allá de la libertad de expresión.
¿El MP realizó alguna acción legal para resguardar a la ex Canciller Sandra Jovel de las burlas misóginas en su contra, o ella como funcionaria sabía que pese a las ofensas, sus críticos estaban amparados en el artículo 35 de la Constitución y en convenciones internacionales?
No conozco detalles sobre la situación de ella.
“Nada puede coartar las opiniones críticas a los funcionarios”: Estuardo Gasparico
Con décadas de experiencia y puestos directivos en varios medios de comunicación, Estuardo Gasparico señala:
“Considero que los límites de la libertad de expresión son precisos y están expuestos en el Artículo 35 de la Constitución Política de la República, que es muy claro al indicar que nada puede coartar la expresión cuando se critica a un funcionario”.
Sin embargo, agrega que el Código Penal tiene algunas especificaciones para casos como la calumnia y la difamación. “El sentido común debe guiar el ejercicio de la libre expresión. Los derechos y libertades de uno terminan cuando comienzan los de los demás”.
El tema, según dice, no afecta solamente cuestiones legales, sino morales. “Está relacionado con los valores de cada persona. Expresarse no significa faltar el respeto o al decoro. Para esto existen las leyes”, concluye.
“La denuncia contra @LordVaderGT va a parar en nada”, afirma Alvarado
“El fiscal Sandoval, como funcionario, está en una posición en la que . todos los ciudadanos y medios pueden criticar su gestión. Los funcionarios son personajes públicos”, explica el penalista Rolando Alvarado, distinguido con el premio Magnitsky a los derechos humanos en Londres como defensor de la familia Bitkov.
Alvarado es coautor del libro Cibercrimen, tema en el cual cuenta con una especialización académica. Según menciona, la denuncia de la FECI contra @LordVaderGT, está en la misma línea de un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), llamado Bots, netcenters y el combate a la impunidad. El caso Guatemala.
En dicho informe, presentado en mayo de 2019, la CICIG “catalogó falsamente como NetCenter a unas 20 cuentas asociadas con la cuenta @SupportBitkovs y sus abogados, a quienes acusó de difundir críticas negativas sobre la CICIG”.
Los abogados de la cuenta @SupportBitkovs plantearon un amparo contra CICIG por la falsa acusación de constituir un NetCenter. Este fue rechazado con el argumento de que se trataba de una entidad supranacional, por lo que la denuncia fue llevada ante la Comisión Helsinki, narra Alvarado.
En relación con la reciente denuncia de la FECI, Alvarado está convencido de que “va a parar en nada. Es una denuncia contra una persona oculta, que tiene DPM anonimizador y Twitter no les va a dar información. Si una cuenta viola las políticas de Twitter, inmediatamente la suspenden y evidentemente no es el caso, por lo que puede afirmarse que esta cuenta está dentro de la legalidad”.
Según expresa el abogado, esta y otras cuentas que han criticado a jueces, fiscales y otros funcionarios, “conocen las reglas y actúan en el marco regulatorio. Sus expresiones y críticas no caen en actividad delictiva. Si el fiscal se angustia por la información publicada en esas cuentas, es su responsabilidad”.
Finalmente, Alvarado considera que con la denuncia, “tratan de silenciar verdades que trascienden y los impactan. Da la impresión de que el PDH, la FECI y otros funcionarios actúan como una estructura que actúa en defensa de sus miembros, pero no ofrecen el mismo apoyo a personas ajenas a esta estructura”.
