El allanamiento y orden de captura contra el ex ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, pareciera tener una dosis de venganza política y recuerda el operativo de allanamiento contra la familia Bitkov, afirma la abogada Victoria Sandoval. Entre otros, el despliegue de vehículos y efectivos, que representa un gasto oneroso e innecesario porque, dado el delito que se le atribuye, el cardiólogo debió ser citado, dice la jurista.
Roxana Orantes Córdova
El 10 de enero recién pasado, notas de los diarios daban a conocer el balance del MSPAS. Entre otras noticias, se leía: “El sistema de salud fue fortalecido y abastecido, ahora cuenta con mejor infraestructura y equipamiento a nivel nacional, informaron autoridades en la presentación del informe de logros alcanzados y cierre de gestión de Carlos Soto Menegazzo.
Soto es un conocido profesional que dirigió el Hospital Roosevelt y fue nombrado ministro de Salud cuando su antecesora, Lucrecia Hernández Mack, renunció al ministerio debido a discrepancias con Jimmy Morales por la declaratoria de Non Grato al ex comisionado de la CICIG Iván Velásquez.
Poco después de su nombramiento, el cardiólogo denunció ante el Congreso, donde había sido citado, que la anterior titular del MSPAS había hecho una compra irregular de más de 400 televisores y también que habría contratado a más de 4000 digitadores, algunos de estos sin computadoras. A raíz de estas denuncias, la Contraloría General de Cuentas (CGC), no renovó el finiquito de la ex ministra, quien pese a todo, asumió como diputada electa en enero.
Por otra parte, contra Soto pesan por lo menos 21 denuncias diversas y solicitudes de antejuicio. Entre estas, la de Miriam Segura, ex directora del hospital de Nebaj, Quiché, quien acusó a Soto de presionarla y luego despedirla porque se negó a contratar a un médico familiar del alcalde de Nebaj.
Un dato interesante es que, según Segura, una gran cantidad del personal de ese hospital está constituido por personas que son familiares entre sí y cuyas contrataciones datarían de 2014, aunque se limitó a denunciar ante la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), al ministro que la habría destituido.
La solicitud de retirar el antejuicio fue denegada por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y apenas un mes después de que el Dr. Soto se retirara de su puesto en el MSPAS, se conoció la noticia de que el juez Mynor Moto, del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, había otorgado la orden de captura a Stuardo Campo, jefe de la FECI, quien dirigió un allanamiento aparatoso según lo que pudo verse en los medios de comunicación. Julia Barrera, vocera del Ministerio Público (MP), dijo a Perspectiva:
“No sé a qué se refiere con despliegue, el acompañamiento de Policía Nacional Civil (PNC) para el MP ese día fue el usual para este tipo de diligencias. Por un momento se acercaron varias patrullas que andaban por el sector y para ver qué sucedía porque había un vehículo de escena del MP en el lugar pero no formaban parte de la diligencia”.
Durante el allanamiento a la vivienda del médico fueron incautados Q100 mil. A esto, Barrera explicó: “el dinero se incauta cuando no se tiene certeza sobre su procedencia legítima”.
Cabe mencionar que Soto, además de ser ex ministro y ex director del Hospital Roosevelt, es un reputado cardiólogo, por lo que no debería parecer inusual que tenga unos US$13,1000 en efectivo. “Ni es una cantidad exagerada, ni resulta extraño que un profesional bien remunerado, como es un cardiólogo, tenga ese efectivo”, dice Sandoval.
El fiscal de los allanamientos espectaculares
“Stuardo Campo por favor, devuelva nuestros anillos de boda que fueron robados junto con otras cosas personales en nuestra casa durante el allanamiento que usted dirigía. Y deje de hablar sobre pacto de corruptos. Los ladrones no pueden luchar contra corrupción”, se lee en la cuenta de Twitter de Igor Bitkov.
Cuando un grupo de la FECI, al mando de Campo, allanó la vivienda de los Bitkov, llegaron por lo menos 70 agentes, narra Sandoval, quien estuvo presente durante una diligencia judicial que se prolongó durante horas. “Igor no se negó a mostrarles hasta el último rincón de su casa, y pudimos ver cómo apartaban las joyas legítimas y los relojes de marca de las joyas de fantasía. Todas esas joyas desaparecieron”, señala.
Según la abogada, el caso de Soto parece tener las características de la justicia selectiva, sobre todo porque se están enfocando en una minucia, especialmente si al final la plaza que el ministro pretendía para su “protegido/a”, no fue otorgada y la contratación no se llevó a cabo.
“Pareciera una venganza política, una respuesta a sus denuncias contra la anterior ministra, quien actualmente es diputada aunque asumió sin finiquito”, expresa. Al parecer, las denuncias de Soto contra Hernández Mack, no fueron tramitadas, tal como sucedió con las denuncias de los Bitkov contra Mayra Véliz, que se quedaron sin tramitar durante años.
Otro elemento que pareciera indicar un trasfondo político en las actuaciones contra Soto, quien debió ser citado ante un juez, es que Stuardo Campo anunció a los medios que “si no se pone a disposición o no es localizado por la fuerza policial, se harán requerimientos requerimientos para que se le declare en rebeldía”, mientras la ex Fiscal General Thelma Aldana, aparece en programas de televisión internacional, sin que hasta el momento, se haya tramitado una orden de captura internacional por el caso del “edificio Fantasma”.
