Mario Mérida. Escritor, periodista y docente universitario
El relevo de la doctora Consuelo Porras como fiscal general, motiva varios pronunciamientos, opiniones, programas en radio y televisión, webinars, campos pagados y manifestaciones públicas, aunque no numerosas, pero sí de obligada atención, como el plantón realizado por un grupo de campesinos frente a la Corte Suprema de Justicia, para exigir “un -o una- fiscal general independiente”. Exigencia natural de todos los guatemaltecos que optamos por vivir dentro de un Estado derecho y régimen de legalidad, propio de un sistema democrático.
Asumo, sin ironía alguna, que la disposición de estos ciudadanos fue genuina, lo cual la hace más relevante, sobre todo porque financian con sus escasos recursos la representación de un grupo de ciudadanos del interior. Dicho de forma más contundente, no responde a intereses de otros grupos, sectores o asociaciones, solamente al interés de los integrantes del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), de llamar la atención sobre la elección del profesional que dirigirá el Ministerio Público, sin descartar que más adelante surjan otras agrupaciones, pronunciándose con los mismos propósitos, haciendo uso a su derecho de libre expresión y manifestación.
Todos los guatemaltecos deberíamos exteriorizar nuestra preocupación por la independencia de los tres Organismos de Estado -Judicial, Legislativo y Ejecutivo- (Art. 203 CPRG), sin más interés, que el fortalecimiento de la democracia y la soberanía (Art. 141. CPRG). Hoy las circunstancias y la amplia difusión de información y desinformación acerca del deterioro de la justica, detonó el interés por la elección de la fiscal general. Pero, también debería preocuparnos la actuación de magistrados, fiscales y jueces; algunos prófugos de la justicia y bajo la protección de países, que reiteradamente se han declarado contra la impunidad. La pregunta, es ¿Están asilados? Si es así, que bien.
Indiscutiblemente, la justici, es parte fundamental de la genuina representación de un Estado democrático, respetuoso del Estado de derecho y del Régimen de legalidad, condiciones que fortalecen la soberanía, la confianza y el respeto de otros Estados. Sin embargo, en nuestro país la justicia es un artículo de lujo, por no decir inalcanzable. A los pocos profesionales que se aventuran a inscribirse, se les niega perversamente el derecho de participar, son víctimas del escarnio público y a descalificación por medio de señalamientos; se pone mayor atención los actores y no sobre quienes tienen que hacer la elección.
La justicia debería ser imparcial e independiente de las corrientes que pretenden cooptarla, para su beneficio particular o para ponerla al servicio de intereses foráneos por premio o reconocimientos. En más de una oportunidad he advertido del daño que se hace a los procesos judiciales, cuando algunos personajes nacionales, funcionarios y diplomáticos salen en una vigorosa defensa de jueces y fiscales, quizás con buena intención. A varios guatemaltecos preocupa el estado actual del sector justicia, principalmente su independencia de tirios y troyanos[1]. Preocupación expresada también por de algunos jueces; en este caso cito la aclaración proveniente de la distinguida juez Erika Aifán[2] :
“La independencia judicial a la vez que se trata de un derecho absoluto del que no podemos prescindir en su integralidad, es un concepto relativo, porque está integrado en diferentes formas de independencia que pueden ser congruentes entre sí o no”.
El segundo párrafo de su artículo termina de ilustrar lo que ocurre en nuestro país:
“Se puede ser un juez independiente, pero no existir independencia institucional, al enfrentar múltiples riesgos y ataques desde la institucionalidad del país, bien sea proveniente de otros poderes del Estado o del propio Poder Judicial”.
Quienes hemos sido víctimas del perverso sistema de justicia; especialmente del alineamiento y cobarde complicidad de los jueces con agenda ajenas a la verdadera e imparcial impartición de justicia, siempre estaremos pendiente de expresar nuestros desacuerdos hasta donde se nos permita.
“La justicia no espera ningún premio. Se la acepta por ella misma. Y de igual manera son todas las virtudes” (Cicerón) Igualmente, a quienes la imparten
[1] Rodrigo Borja. Enciclopedia de la política. 2018. Con esta expresión se designa a las enemistades políticas irreconciliables. El origen de la expresión se encuentra en la terrible rivalidad entre las ciudades antiguas de Tiro y Troya por la hegemonía en el Mediterráneo.
[2] Colaboración para la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) que busca promover la democratización e independencia de la función judicial y el fortalecimiento de la dignidad e imparcialidad judicial (www.agji-gt.org). Publicado 29-05-21
