El miércoles 30 por la mañana, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), presentó ante el Ministerio Público (MP), una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad, entre otros delitos, contra el juez Miguel Ángel Gálvez y la fiscal Hilda Pineda, quienes transgredieron la Ley de Reconciliación Nacional al capturar al Coronel César Octavio Noguera Argueta, el pasado 3 de octubre.
Roxana Orantes Córdova
“Urge descontaminar la fiscalía de Derechos Humanos del personal de extrema izquierda que abunda en ella, para que funcione de manera imparcial y apegada al debido proceso, como exige la ley”, dijo a Perspectiva Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT.
Según Méndez Ruiz, “además, debe ser dirigida por personas probas. Recordemos que el anterior jefe, Orlando López, es un homicida confeso, denunciado además por violencia contra la mujer. Su actual jefa, la licenciada Pineda, evidentemente tampoco es idónea para manejar un cargo de tan grande responsabilidad”.
Cabe mencionar que la fiscalía de Derechos Humanos del MP ha recibido miles de casos que señalan a la ex guerrilla por diversas violaciones durante el conflicto armado y la inmensa mayoría de estos permanecen “engavetados”, exceptuando la masacre del Aguacate, por el que fue apresado un “chivo expiatorio”, según han dicho militares retirados.
En el comunicado de la FCT se expone que la captura del coronel Noguera (como todas las relacionadas con el enfrentamiento armado interno), se han realizado violando el artículo 11 de la vigente Ley de Reconciliación Nacional, según el cual
“La autoridad correspondiente tiene la obligación de trasladar cualquier expediente, ya sea contra veteranos de guerra o terroristas, a una sala de la Corte de Apelaciones, para que esta cite tanto a los sindicados como a los presuntos agraviados y al Ministerio Público para establecer si procede o no la extinción de la responsabilidad penal de los acusados”.
La misma normativa prohíbe que “durante la tramitación de esta fase en una Sala de Apelaciones, se dicten contra los sindicados medidas de coerción, tales como aprehensión, conducción por la fuerza pública, auto de procesamiento, prisión preventiva u otros”.
Tanto en el caso concreto que origina la denuncia, como en otros más, Gálvez y Pineda han incurrido en la comisión de graves delitos, por los que deben responder ante la justicia, concluye el comunicado firmado por Méndez Ruiz.
