El domingo, los nicaragüenses vivieron una jornada sangrienta que les recordó la insurrección contra el dictador Anastasio Somoza, paradójicamente encabezada por Daniel Ortega, el actual mandatario que lanzó a las fuerzas de seguridad contra el pueblo para mantenerse en el poder.
Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ese día murieron 38 personas, entre opositores, agentes de policía y fuerzas de choque pro gubernamentales. Treinta y uno de los fallecidos eran opositores, dijo el centro mencionado.
El régimen orteguista bautizó las acciones punitivas contra los civiles insurrectos como “operación limpieza” que tuvo como objetivo retirar tanques y barricadas que la población colocó en los poblados de Jinotepe, Diriamba y municipios de Matagalpa, sitios donde grupos armados progubernamentales irrumpieron masivamente en las ciudades, disparando contra quienes protestan y exigen la renuncia a Ortega y su esposa, la controversial Rosario Murillo.
Pese a que el pueblo nicaragüense vive un verdadero calvario desde abril, según grupos pro derechos humanos, la pareja presidencial se niega absolutamente a entregar el gobierno y ni siquiera aceptan convocar a elecciones.
