El Gobierno de Guatemala, en un comunicado respondió a la acción de Amparo interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en contra de algunos funcionarios. Según el pronunciamiento, esta acción es “sorpresiva y lamentable”, ya que aseguran que, el Organismo Ejecutivo ha brindado todas las garantías de protección y acceso al voto durante el proceso electoral.
Redacción Perspectiva
De acuerdo con lo informado, a través del Ministerio de Gobernación, durante el proceso electoral se ha puesto a disposición más de 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil, más de 25 mil elementos del Ejército de Guatemala y habilitando más 2,500 centros educativos como centros de votación.
“Las dependencias del Organismo Ejecutivo han trabajado en cumplimiento de su mandato legal, sin requerir de alguna resolución judicial que las obligue a ello, por lo que reiteran su compromiso de continuar cumpliendo con las funciones que el andamiaje jurídico les demanda en el proceso electoral”, remarca el documento.
Agregan que, en cumplimiento de lo establecido en la ley, han puesto a disposición de los candidatos a presidencia y vicepresidencia que participan en la segunda vuelta electoral un equipo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad para garantizar la seguridad e integridad de los postulantes.
“Pese a que se desencadenaron hechos de conflictividad electoral durante la primera vuelta de las elecciones generales, por discrepancias en algunas juntas electorales, los hechos fueron abordados de forma oportuna por las fuerzas de seguridad, evitando una escalada del conflicto”, aseguran.
Además, destacan que, que 17 de los centros educativos puestos a disposición del Tribunal Supremo Electoral quedaron dañados por los hechos de conflictividad ocurridos el 25 de junio y en días posteriores, por lo que esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se haga responsable de su reparación para evitar que los estudiantes vean vulnerado su derecho a la educación.
¿QUÉ SE ARGUMENTA EN EL AMPARO DEL TSE?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante lo que considera como una amenaza que consiste en que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
En el documento, se detalla “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación (Mingob)
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional (Mindef)
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
- Wuelmer Ubener Gómez González, Procurador General de la Nación (PGN)
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil (PNC)
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos (PDH)
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas (Minfin).
