El presidente Bernardo Arévalo derogó el Acuerdo 320-2023 establecido por el expresidente Alejandro Giammattei, que disponía al Ministerio de Gobernación (Mingob) brindar seguridad a los exministros y secretarios de Estado.
Redacción Perspectiva
Esta medida se oficializó a través del Acuerdo Gubernativo Número 24-2024 y destaca que los casos no previstos en el mismo, serán resueltos por la cartera del Interior, previo análisis de riesgo efectuado por la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC).
En sus redes sociales, el Presidente de la República reitera que la seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, “la seguridad debe estar al servicio de la ciudadanía, no de unos pocos. He derogado el Acuerdo con el que se pretendía brindar seguridad del Estado a un número de exfuncionarios”, expresó.
SOBRE LA DEROGACIÓN
En el documento se establece que la derogatoria se emite sin perjuicio de la seguridad que brinda el Mingob a personas que hayan prestado sus servicios personales al Estado. Lo anterior, en materia de seguridad y justicia y que, por razón de su cargo y decisiones asumidas, se haya determinado la necesidad de proteger su vida e integridad. Cabe mencionar que el Acuerdo entra en vigencia este viernes 19 de enero.
En consecuencia, las autoridades del Mingob a través de la dependencia correspondiente, procederá a retirar el personal. También se retirará el equipo y vehículos que tengan asignados exfuncionarios y su núcleo familiar, que no se encuadren en la necesidad de gozar de seguridad personal, conforme al contenido del presente Acuerdo, previo análisis de riesgo.
Sin embargo, en el Artículo 1 se establece que se deberá proporcionar protección a las personas que hayan desempeñado los cargos de Ministro de Gobernación. Entre estos, viceministros de Gobernación, director general del Sistema Penitenciario y director general de Inteligencia Civil, También subdirectores generales de Operaciones, de Investigación Criminal, y de Análisis de Información Antinarcótica, de la PNC. El propósito es resguardar su vida e integridad ante riesgos o amenazas derivadas del cumplimiento de sus atribuciones, pudiéndose ampliar la protección a su núcleo familiar.
Además, las autoridades deberán establecer el nivel de riesgo al que son objeto los exfuncionarios a los que hace mención el artículo anterior, la cantidad a asignar los elementos policiales, vehículos y equipo.
Adicional, por conducto de la Dirección General de la PNC, se determinará los lineamientos. También se determinará el contenido de análisis de riesgo que se efectuará por única vez, para fundamentar la decisión de otorgar las medidas de seguridad personal.
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