Las denuncias por faltas administrativas contra tres fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), más dos acciones penales interpuestas hoy contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), avivaron hoy la polémica que divide a la opinión pública. El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado para aclarar su posición. Entretanto, los dos abogados que interpusieron hoy sus acciones contra los magistrados, conversaron con Perspectiva para explicar el fundamento de sus acciones.
Roxana Orantes Córdova
Una nueva polémica relacionada con instituciones que aplican la justicia divide la opinión pública: la Corte de Constitucionalidad (CC) y tres fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), están en un momento complicado, que algunos sectores consideran derivada de una conspiración para que grupos corruptos coopten en sistema de justicia, mientras quienes señalan a los fiscales y magistrados afirman que estas denuncias y querellas penales responden a reiterados hechos anómalos cometidos por los funcionarios mencionados.
En el caso de las denuncias contra Francisco Sandoval (7); Carlos de León (1) y Carlos Vides (1). Hace unos días, Sandoval declaró que se sentía acosado y amenazado por “netcenter”. Hoy, voces afines a la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), aseguraron que la mencionada investigación responde a un plan para desarticular la FECI, en el que implican a la Fiscal General Consuelo Porras, detractada en varias cuentas de Twitter con adjetivos que descalifican su labor y su condición de mujer.
En relación con una de las querellas contra Gloria Porras y Francisco de Mata Vela, interpuesta por la agrupación civil Guatemala Inmortal, la activista de ese grupo, Crista Salazar, dijo a Perspectiva:
“Se ha visto durante los últimos tres años que la CC ha cometido más de 20 ilegalidades e interpretan la ley a su conveniencia. Además, sabemos que en abril pretenden ser reelectos. Esto es un atentado contra la República y las leyes vigentes. Cometen abuso de autoridad”.
Además, Salazar considera que “como defensores del Estado de Derecho no permitiremos a magistrados títeres de Helen Mack y grupos afines a ella que sigan cometiendo esas ilegalidades. Están dando golpes a la democracia y vamos a frenar esto”.
“Las investigaciones no son iniciadas por la Fiscal General de manera arbitraria”
Ante los serios señalamientos contra el MP y su jefe Consuelo Porras, el vocero de esa entidad, Juan Luis Pantaleón, declaró ante los medios que el MP es un órgano jerárquico y regido por las leyes.
“No podemos limitar el derecho ciudadano a la denuncia. Las denuncias por faltas administrativas se reciben y son enviadas a Supervisión General. No son iniciadas por la Fiscal General de manera arbitraria”, expresó Pantaleón.
El MP también hizo un llamado a evitar rumores porque “en ningún momento se busca debilitar a la FECI. Al contrario, esta fiscalía ha sido fortalecida mediante su incorporación al esquema organizacional”.
En el comunicado que acompaña las declaraciones, se informa que entre 2019 y 2020 recibieron 66 denuncias contra funcionarios del MP, no contra una fiscalía en específico y el MP debe cumplir su deber de investigar.
El comunicado en mención también señala que tienen 586 casos activos, de los cuales 185 están pendientes de resolución judicial. 481 están en investigación. En 2019, se desestimaron 189 denuncias y en lo que va del año, 87.
“El respeto al orden institucional y al ordenamiento jurídico es fundamental para el Estado de Derecho”, concluye el MP.
¿Quién violentó el orden constitucional?
Ayer circuló un comunicado del Movimiento pro Justicia (Fundación Myrna Mack y FADES, apoyados por Alianza por Reformas y Frente Ciudadano Contra la Corrupción). Desde el titular, se señala a la magistrada Dina Ochoa de “atentar contra el orden constitucional”, junto con los magistrados María de los Ángeles Araujo y Henry Comte, quienes se retiraron del pleno de la CC debido a varias irregularidades que se exacerbaron con la ausencia de Neftaly Aldana.
Según el documento, la acción de los tres magistrados abre un escenario en el que los derechos humanos y el orden constitucional quedan vulnerables. El texto también niega implícitamente que la CC esté desintegrada (con ausencia de dos representantes de la CSJ y uno del CANG).
Un dato relevante es el papel protagónico de la Fundación Myrna Mack en este movimiento que desde hace unos años es observador en todos los procesos donde haya comisiones postuladoras. Y es relevante, porque precisamente una de las dos acciones penales de hoy contra la presidente de la CC, Gloria Porras, se basa en que una sentencia de la CC favorable a la Fundación Mack detalla que Neftaly Aldana “se inhibió”, aunque en ese momento el magistrado ya estaba incapacitado e inhibirse es un acto volitivo, señala la penalista Amanda Santizo.
Neftaly Aldana se inhibió…pero estaba incapacitado
“La querella penal interpuesta hoy está motivada en sentencias y resoluciones recientes que evidencian el concurso ideal de delitos por la CC. En estas sentencias encontramos por lo menos cuatro hechos delictivos que se cometieron en forma continuada”, expresa Santizo.
En primer lugar, hay una sentencia de la CC número 2187-2020, otorgando un amparo solicitado por la Fundación Myrna Mack, con fecha 10 de septiembre, en la que Neftaly Aldana se inhibió.
Sin embargo, comenta, dos meses antes, el 3 de julio de 2020, el magistrado había sido suspendido con goce de salario. Es totalmente imposible que se inhibiera estando incapacitado y lo que correspondía en ese momento, es que Porras convocara a la elección de magistrado por la CSJ. “Aquí se dio incumplimiento de deberes”, dice Santizo.
Además de la resolución mencionada, constan otros momentos en que Aldana “se inhibía”. “Esto es una declaración falsa, es decir falsedad ideológica”, comenta la abogada.
Otra de las resoluciones de la CC favorable a la Fundación Mack es el amparo por la elección de cortes y luego de esto, cuando disponen que esa resolución debe ejecutarse y nombran presidente de la CSJ (para conocer ese tema), a María Eugenia Morales.
“Esto también viola las leyes. Solamente los magistrados de la CSJ eligen a sus presidentes. La Constitución es clara en esto”, expresa.
Al parecer, lo más grave en este punto es que el caso está vinculado con el “autoamparo” que se otorgaron algunos magistrados de la CC, tema también normado en leyes y que implica abuso de autoridad.
Santizo también comenta que “un juez que a sabiendas declare sentencias contrarias a la ley” está cometiendo prevaricato y este sería el caso del autoamparo, debido a que era evidente el interés que ellos tenían en resolver el tema a su favor.
“Son tres las resoluciones que consideramos las más importantes, entre muchas que sería muy largo analizar. Tomamos como base las relacionadas con elecciones de cortes y abusos derivados de estas, con fechas 26 de junio, 24 de julio y 10 de septiembre de 2020”, comenta.
Santizo concluye:
“Hoy se interpuso una querella penal que inmediatamente se adjudicó al Juez 6to Carlos Toledo. Esperamos que el juzgado, la CSJ, el Congreso y el MP analicen las pruebas aportadas de forma imparcial y resuelvan según la ley”.
“Estamos en presencia de una estructura criminal”
También hoy, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), interpuso una denuncia ante el MP. Esta fue contra los magistrados Gloria Porras y Mynor Par Usen, quienes según el abogado Ricardo Falla, “constituyeron una estructura criminal”.
Según narra Falla, las acciones de estos dos magistrados originaron el retiro del pleno de sus colegas Dina Ochoa, María de los Ángeles Araujo y Henry Comte, quienes habrían tomado esta decisión “cansados de los abusos cometidos por Porras y sus aliados”.
El abogado comenta “estamos en presencia de una estructura criminal organizada. Se sabe que existe una oficina jurídica donde se realizaban los análisis de los amparos que eran de interés para ella y sus grupos afines. Ella les indicaba cuándo presentarlos y casualmente, estos expedientes le eran asignados a Porras, quien los resolvía rápidamente, sin tomar en cuenta el orden cronológico establecido para resolver y relegando otros expedientes, como los amparos de la FCT, las mineras y muchos más”.
La pandemia implicó que los plenos se realizaran de forma virtual y según afirma Falla, “Porras realizaba las presentaciones virtualmente y al día de hoy se desconoce si en esos plenos se presentaron resoluciones con firmas electrónicas del magistrado Neftaly Aldana, lo que sería un delito gravísimo”.
Esta situación resultó insostenible para los tres magistrados que ayer fijaron su postura, debido a la desnaturalización del debate y la probable manipulación de las firmas, señala Falla, quien agrega que las resoluciones emitidas en los últimos meses podrían no tener validez legal.
“Esperamos que se deduzcan responsabilidades para que la denuncia vaya a la CSJ y de ahí al Congreso, que deberá decidir si procede o no el antejuicio, conforme dicta la ley”, concluye.
