En Guatemala a cada hora se deforesta el equivalente a 19 canchas de futbol en bosque. Cada año se pierden 115,792 hectáreas generando emisiones de gases de efecto invernadero de 44.9 millones de toneladas de dióxido de carbono (tCO2e). A esta problemática se suman las 70,0597.7 hectáreas que se queman cada año generando emisiones de 4.45 millones tCO2e.
Las causas principales de esta deforestación y degradación son la agricultura y ganadería extensiva, incendios forestales, extracción no sostenible de leña, extracción ilegal de madera, crecimiento urbano no ordenado, entre otros.
Los bosques de Guatemala tienen una gran importancia para el país y el mundo, pero estos se ven en peligro debido a constantes amenazas que impactan el desarrollo socioeconómico y ambiental del país. Las áreas más afectadas son la Reserva de la Biósfera Maya en Petén, el Occidente, Punta de Manabique, así como reservas de bosques municipales, comunitarios o privados en la mayor parte del país.
Desde hace más de 20 años se están desarrollando acciones para incentivar la protección y manejo sostenible de los bosques. Por ejemplo, a través de los programas de incentivos forestales PINPEP y PINFOR, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) ha beneficiado a más de 1 millón de personas (30% mujeres) de más de 24 grupos lingüísticos, otorgando más de US$ 300 millones para la protección y manejo sostenible de unas 440 mil hectáreas de bosque.
Con la nueva Ley PROBSOQUE (que sustituye a PINFOR y con una duración de 30 años más), se busca duplicar estos logros. Asimismo, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) junto con socios locales resguardan más del 34% del territorio nacional bajo el esquema de áreas protegidas, las cuales resguardan la biodiversidad que coloca a Guatemala como uno de los 17 países Megadiversos a nivel mundial.
A pesar de estos esfuerzos a la fecha no se ha logrado reducir totalmente la deforestación y degradación de los bosques. Por lo que el Ministerio de Ambiente y Recursos (MARN) coordina junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), INAB, CONAP y diversos actores de sociedad civil y sector privado, el diseño de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Deforestación y Degradación de Bosques (ENREDD+).
Este esfuerzo es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como Socio Implementador del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), así como otros socios estratégicos como la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, proyecto CNCG y programa PRCC), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), entre otros.
La ENREDD+ apoya los esfuerzos que el país viene haciendo en la gestión forestal sostenible y plantea fortalecer instituciones como el INAB y CONAP para apoyarles en el cumplimiento de metas nacionales como: beneficiar con incentivos económicos a más de 1.5 millones de personas (al menos 30% mujeres), más de 80,000 empleos directos e indirectos, proteger fuentes de agua y suelos, canalizar US 625.7 millones a la economía rural a través de incentivos forestales para la restauración (200,000 ha), protección y manejo de bosque natural (500,000 ha), sistemas agroforestales (300,000 ha), plantaciones forestales (300,000 ha), apoyar iniciativas REDD+ en áreas protegidas, entre otros.
A la fecha la ENREDD+ ha permitido desarrollar una plataforma que le permitirá al país reportar sus primeras contribuciones para la mitigación del cambio climático en el marco del Acuerdo de París, así como ganar espacios en ventanillas de financiamiento climático que suman a la fecha aproximadamente US$ 100 millones de dólares que el país está gestionando actualmente.
Fuente: EFEverde
