El apoyo militante de nacionales y extranjeros a la juez Erika Aifán llega al extremo de matizar la realidad, planteando el inicio de una investigación como si fuera un juicio sumario en el que Aifán será martirizada. Alrededor de las seis de la tarde, la juez salió de la primera audiencia, en la cual presentó algunas de sus pruebas de descargo.
Roxana Orantes Córdova
Erika Aifán volvió al epicentro de la atención pública en redes sociales, cuando acudió a la primera audiencia con el juez pesquisidor que indagará las denuncias en su contra para determinar si procede retirarle el derecho de antejuicio (o la inmunidad).
Erika Aifán: el inicio de una investigación presentado como el camino al Gólgota
Ya se ha mencionado que Aifán genera lealtades y enemistades radicales. Esto se manifiesta en la tendencia de la cobertura al inicio de las pesquisas en su contra.
Un asunto bastante simple: “el juez pesquisidor dirá si le retiran o no la inmunidad”, motiva declaraciones de repudio al juez y adhesión a Aifán, de parte de activistas nacionales y ONG´s estadounidenses, que son presentadas como referentes del poder político en EE.UU.
Curiosa resulta la reacción de sacerdotes católicos. Por ejemplo, la visita del Cardenal Álvaro Ramazzini, quien rezó por ella en su juzgado, y la muestra de solidaridad de un sacerdote que en sus redes, exaltó a Aifán como paradigma de persona amorosa y la comparó con la heroína bíblica Judith.
Todo porque, como cualquier funcionario, Aifán podría ser privada de la inmunidad e investigada. Pero esto solamente si no lograra aportar las pruebas pertinentes al pesquisidor.
¿Distorsiones intencionadas o producto del desconocimiento?
Juan Pappier, analista senior de una ONG estadounidense llamada Human Rights Watch, que “produce informes sobre derechos humanos”, arremetió contra el Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del OJ, que califica como “una organización”, en aparente intento de difuminar que no se trata de “una organización civil”, sino de un instituto que es parte del Organismo Judicial y aparece en su directorio oficial.
Con aparente ligereza o desconocimiento, asegura:
“Hoy inicia el antejuicio para removerle la inmunidad a la valiente jueza…”
Sin embargo, la solicitud de antejuicio tiene un año, y se suma a otras muchas que fueron desestimadas. En Guatemala, decenas de funcionarios acumulan varios antejuicios y cuando logran demostrar su inocencia, estos no prosperan.
La realidad es que hoy, debido a que el órgano competente consideró pertinente nombrar un pesquisidor, se inició la investigación en la que se determinará si le retiran o no la inmunidad a Aifán, quien hoy acudió a presentar sus pruebas de descargo.
De manera similar a la de Pappier, el juez Carlos Ruano, de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, que preside Erika Aifán desde el 12 de febrero, acudió al juzgado donde declaró que “a los jueces no se les debe perseguir por sus decisiones judiciales”, si bien omitió mencionar que, en este caso, la decisión de Aifán podría implicar más de un delito, según sus denunciantes.
Detalles que se omiten, como el puesto de Aifán en la asociación de jueces (con 45 asociados, informa su página web), o la tergiversación sobre qué es un antejuicio,
Abierta intervención contra la independencia judicial
Finalmente, ONGs evidentemente alineadas a la “agenda globalista”, acompañaron a Aifán en el juzgado, lo que a criterio de algunos abogados, en Guatemala es un acto que atenta contra la independencia judicial, debido a la presión que podrían ejercer este tipo de demostraciones.
Curiosamente, una de las hijas de Robert Kennedy, Kerry Kennedy, apareció en el juzgado para afirmar que Aifán es una heroína. La estadounidense preside la organización de derechos humanos que lleva el nombre de su padre.
Robert F. Kennedy Human Rights es una ONG estadounidense que más de una vez ha intervenido en países tercermundistas con el fin de implantar la “agenda globalista”.
Por ejemplo, en 2015 presentaron un amicus ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, para declarar la constitucionalidad de una enmienda que despenalizaba el aborto en ciertas circunstancias.
Así, entre distorsiones e injerencias resultantes de la adhesión a la juez presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, transcurrió la primera audiencia que se suspendió para continuar el 9 de marzo.
