Los días 10 y 11 de marzo se realizó la primera audiencia del “caso Manuela” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde grupos pro aborto de El Salvador, presentaron sus pruebas para condenar al estado salvadoreño, que habría violado varios derechos de María Hernández “Manuela”, quien murió en la cárcel acusada de infanticidio en un hecho que según los grupos feministas fue una “complicación obstétrica criminalizada”.
Roxana Orantes Córdova
El principal demandante en el caso “Manuela” es el Centro de Derechos Reproductivos (CDR), una organización internacional destacada en su lucha por despenalizar el aborto. El argumento es que fueron violados varios derechos de María Hernández, entre estos la intimidad, la privacidad y el abordaje de su caso con “estereotipos de género”.
Estos argumentos, presentados en 2018 en el Informe de Fondo Manuela y Familia, El Salvador, de la Comisión Interamericana de DH, fueron base para que el caso llegara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los hechos que originaron el encarcelamiento de Hernández y 13 años después, llegaron a la CIDH para apuntalar la despenalización del aborto en El Salvador, sucedieron en 2008. Una joven del área rural casada, con dos niños y el esposo en Estados Unidos, dio a luz un pequeño quien falleció ahogado en la fosa séptica de una letrina, mientras la madre acudía a un hospital, donde los médicos tuvieron varias dudas, especialmente porque no se había encontrado “el producto de la concepción”.
Detalles del caso, así como declaraciones de los familiares, médicos, juez y otros actores, se encuentran en el Informe de Fondo Manuela y Familia, El Salvador. No. 153/18 Caso 13.069 que puede descargarse en este enlace: https://bit.ly/2PYQzoh.
Luego de las suspicacias que despertó el caso entre los médicos, las autoridades de El Salvador requisaron la vivienda y encontraron al recién nacido entre la fosa séptica, unas 24 horas después de muerto. Según la autopsia, el pequeño respiró y falleció luego de una larga agonía.
Su partida de nacimiento lo identificó como Dolores Gabriel, lo que lo convierte en ciudadano salvadoreño, afirman grupos pro vida de El Salvador y Guatemala para los que se ha cometido un fraude mediático tendiente a favorecer la legalización del aborto en El Salvador.
¿Infanticidio o complicación obstétrica?
La mayoría de los medios informativos replican la narrativa del CDR: una joven analfabeta que sintió un fuerte cólico, tuvo una “emergencia obstétrica” y acudió al hospital, donde fue maltratada y revictimizada por médicos, agentes policiacos y autoridades judiciales.
El elemento que se omite cuidadosamente en esta narrativa es el pequeño Dolores Gabriel, quien agonizaba de una forma horrible mientras su madre buscaba asistencia médica y que la madre no lo mencionó en ningún momento. El niño fue descubierto por la acción policiaca.
Las dos versiones de esta historia se encuentran en el informe ya mencionado, de la CIDH, y una entrevista de la Asociación la Familia Importa (AFI), a la activista pro vida salvadoreña Sara Larín.
Según lo que consigna la CIDH, María Hernández se presentó al hospital sin “el producto” de su “accidente obstétrico” y fue a través de un allanamiento en su vivienda y denuncia del padre que se descubrió el parto extra hospitalario y el cadáver del niño en la letrina.
El papá de María había presentado una denuncia contra ella, en la que dijo sentirse avergonzado porque “el esposo está en EE.UU.” y “nunca se hubiera deshecho del niño”. La denuncia de la CIDH expresa que el padre habría sido presionado a imprimir su huella en esa declaración, porque no sabe firmar.
Poco después de la captura y sentencia a décadas de prisión por homicidio, María fue diagnosticada con un tipo de cáncer y falleció en un hospital, donde al parecer estuvo esposada a la cama hasta el último momento.
El caso, en manos del CDR y otros grupos feministas, se convirtió en el emblema de la lucha por la despenalización del aborto en El Salvador y se suma a otros 17 hechos que las feministas presentan como abortos, pero que han sido documentados como infanticidios.
Por ejemplo: María Tránsito, cuyo hijo fue asfixiado con un delantal; Evelyn Sánchez, quien apuñaló a su recién nacida y otros casos de presuntos infanticidios documentados por Sara Larín, quien además dio a conocer que la juez de la CIDH, Elizabeth Odio, es conocida por sus posición a favor del aborto.
Larín divulgó un comunicado de 14 organizaciones costarricenses que pidieron a la CIDH retirar a Odio, debido a su tendencia abortista que podría empañar un caso que para los provida, es una farsa mediática construida para justificar el aborto o infanticidio, desde la gestación al nacimiento.
