Dos magistradas que durante la pasada legislatura de la Corte de Constitucionalidad (CC), tuvieron roles protagónicos por motivos muy contrapuestos, se encuentran hoy “en el ojo del huracán” y cada una de ellas enfrenta los señalamientos en su contra de forma coherente con lo que demostraron en la CC. Gloria Porras, quien no será juramentada, salió del país desde el pasado 13 de abril, mientras Dina Ochoa aclaró en carta abierta, que no fue mencionada ni señalada por autoridades estadounidenses.
Roxana Orantes Córdova
Gloria Porras no podrá ser magistrada en este periodo, debido a que ayer, el Consejo Superior Universitario notificó a la abogada Amanda Santizo la admisión del recurso que planteó contra la elección. Según afirma la abogada en su cuenta de Twitter:
«Es confirmado que no puede ser juramentada aunque venga Joe Biden y le ponga la pistola a los funcionarios».
Al mismo tiempo, la magistrada electa por el Congreso, Dina Ochoa, hace frente a los embates de la «mala prensa» que la acompaña desde que fue designada por el Ejecutivo que presidía Jimmy Morales, en 2016, desmintió una afirmación que la ubica entre los señalados por autoridades estadounidenses, pese a que en el documento oficial de EE.UU. no se menciona su nombre.
Hoy presentamos una breve semblanza biográfica de ambas juristas, y una síntesis de su paso por la CC, para aportar elementos de juicio a los lectores.
Porras: una juez que desconfía de la justicia guatemalteca
El 13 de abril, horas antes de convertirse en ciudadana común por la pérdida de su inmunidad y con una comisión pesquisidora analizando si sería investigada, Gloria Porras habría abandonado el país por la frontera con El Salvador, indican varias versiones.
Lo cierto es que días después llegó a Washington, donde comentó que acudiría a eventos académicos y a la sede de la CIDH, para analizar por qué no fue juramentada con la instancia que, a petición del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), le otorgó medidas cautelares luego del llamado «autoamparo» que Porras y otros magistrados se otorgaron para evitar que se les pudiera retirar la inmunidad, luego del amparo que protegió a Iván Velásquez.
Un dato de contexto, es que CEJIL es un centro con sede en Costa Rica, cuya presidente es Helen Mack y que tiene como directora a la ex fiscal Claudia Paz y Paz.
Porras nunca ejerció la docencia universitaria. Según su curriculum, laboró en el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público y la oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, antes de ser designada para la CC por el ex presidente Álvaro Colom y en un segundo período, por el Congreso de la República.
En el último intento de reelegirse, terminó sin ser juramentada debido al amparo contra el procedimiento electoral del Consejo Superior Universitario, que fue bastante cuestionado pero terminó desmoronándose por un detalle: los participantes no fueron notificados, lo que provocó que no pudiera ser juramentada.
Aunque la magistrada ha mencionado que regresará a Guatemala, todo apunta a que su retorno podría convertirse en un auto exilio similar al de Thelma Aldana y años atrás, Claudia Paz y Paz, quien salió del país inmediatamente después de perder la inmunidad.
El mensaje de estas juristas al evadir cualquier posibilidad de enfrentarse a un tribunal, es que desconfían del sistema que, según ellas y sus simpatizantes han mencionado, fue depurado y modernizado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
Esta desconfianza suele acompañarse de incongruencias. Por ejemplo, el ya citado «autoamparo» y más recientemente, la transgresión de su propia jurisprudencia. Según narra la abogada Santizo en sus redes:
«Al apersonarme al Departamento Jurídico de la USAC verifico que un abogado en supuesta representación de Gloria Porras desea ver el expediente. El Estado de Derecho debe respetarse.
Le recuerdo a la ex magistrada de la Corte de Constitucionalidad que me lee constantemente que, ella en el caso de Serrano Elías indicó que la persona que no está en Guate no puede actuar ruego en las gestiones y si ella está en Washington no tendría derecho a ver expediente.»
Pese a varios hechos como los mencionados, Porras goza de una cobertura mediática muy favorable y cualquiera de sus tropiezos es cuidadosamente evadido por quienes le otorgaron un cheque en blanco y la califican como paladín de la independencia judicial.
Dina Ochoa y sus votos razonados
Ochoa tiene 36 años de servicio en la carrera judicial. Docente de la Universidad Mariano Gálvez, tiene estudios de posgrado en temas penales y se especializó en estudios de género. Durante tres períodos, presidió la Asociación de Jueces y Magistrados, y tiene publicados libros, ensayos y ponencias.
La mala prensa de Ochoa parece tener dos orígenes: 1. Fue designada por Jimmy Morales; 2. Emitió varios votos negativos razonados durante la magistratura 2016-2011. Estos votos, generalmente fueron en oposición a amparos polémicos que emitió esa magistratura y que respondían a solicitudes de las ONG´s que avalan incondicionalmente a Porras.
Como Porras, Ochoa solicitó medidas cautelares a la CIDH, porque debido a su voto razonado sobre la suspensión del Acuerdo Tercer País Seguro, fue objeto de acciones hostiles. A diferencia de Porras y los otros magistrados, Ochoa no obtuvo medidas cautelares y un periodista estadounidense, llamado Jonathan Blitzer, de The New Yorker, aseguró que la magistrada habría viajado a EE.UU. con el ex ministro de Gobernación, Enrique Degenhat, en el contexto del citado acuerdo.
Esta versión fue inmediatamente divulgada y aunque Ochoa lo negó enfáticamente, fue desmentida por los medios que dieron esa noticia. Aunque constantemente ha sido cuestionada por los medios, lo más concreto contra ella fue una noticia según la cual la Contraloría habría bloqueado una denuncia contra su hija.
Esta semana, Ochoa fue mencionada como parte de los funcionarios que agencias estadounidenses sancionaron. Su respuesta inmediata fue una carta abierta al medio de comunicación, solicitando que fuera leída en el espacio donde labora la periodista que la señaló.
Sin embargo, su palabra es puesta en duda por otros medios, y en redes sociales es común leer insultos y señalamientos contra Ochoa, lo que no llega a motivar que la magistrada denuncie campañas en su contra.
Y pese a los cuestionamientos constantes y a la cuidadosa fiscalización que grupos civiles de izquierda han realizado a Ochoa, el hecho es que en la página Antejuicio Visible, consta que no hay ninguna solicitud de antejuicio contra Ochoa, y es evidente que si existiera un indicio de ilegalidades en su desempeño, las ONG´s que avalan a Porras ya lo hubieran solicitado. Mientras, hay 18 solicitudes para que Porras perdiera la inmunidad que seguramente terminarán engavetadas si la ex magistrada no retorna al país.
