El 20 de junio, el Congreso de la República interpuso una denuncia penal contra el presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, a quien se señala de varios delitos. Diputados, analistas y el propio Marroquín, califican de improcedente la acción, a la vez que restan potestad y representatividad al presidente del Congreso. La acción se produce en un contexto de confrontación entre el Organismo Legislativo y grupos que se identifican como sociedad civil. Como contraparte, el abogado Raúl Falla expone que el Congreso actúa acertadamente.
Redacción
Entre los antecedentes de la denuncia penal se encuentra, en primer lugar, el recurso que Acción Ciudadana interpuso ante la Corte de Constitucionalidad (CC), para demandar una nueva elección de Junta Directiva, aduciendo que en esta había diputados tránsfugas. Según Marroquín, este acto originó la venganza del Presidente del Congreso en su contra.
A Marroquín se le acusa por los siguientes delitos: falsedad ideológica, uso de documentos falsificados, estafa propia, caso especial de estafa y lavado de dinero. La denuncia penal agrega que Marroquín fue nombrado presidente de la Junta Directiva y representante legal “por tiempo indefinido” en el año 2007.
Esto, señala la denuncia, transgrede los estatutos de esa organización, que en 2006 establecían que ambos cargos solamente podían ejercerse por un año. De acuerdo con esto, Marroquín habría cometido los delitos que se le imputan, señala la denuncia presentada al MP por tres abogados del Congreso: Rudy Federico Escobar Villagrán, Silvia Patricia Valiente Castro y Héctor Hernández Reyes.
Otro antecedente cercano que es necesario tomar en cuenta, son las continuas manifestaciones frente al Congreso. Más de una vez, algunos de los manifestantes han agredido a los legisladores. El caso más reciente es el de la diputada Patricia Sandoval, quien demandó ante la justicia a su agresor, un hombre que aparece constantemente en redes sociales, participando en manifestaciones y marchas contra el gobierno, aunque organizaciones civiles y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), en cuyas fotos aparece más frecuentemente, niegan que sea miembro de algún grupo o directiva.
Reacciones ante la denuncia
La legisladora Alejandra Carrillo, quien había sido electa tercera vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, antes de que la CC ordenara repetir la elección como respuesta al recurso de Acción Ciudadana, se excusó de mencionar la reciente denuncia contra Marroquín, pero recordó: “por su recurso es que no soy parte de la Junta Directiva”.
Algunos diputados expresaron que la denuncia penal fue realizada por el Presidente del Congreso sin consultarles y afirmaron que no se sienten representados por la acción de Arzú. Al respecto, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso señala:
“Artículo 17. Jerarquía y funciones. El Presidente del Congreso de la República es el funcionario de más alta jerarquía del Organismo Legislativo, y como tal, ejerce la dirección, ejecución y representación de dicho Organismo”.
Consultado sobre el tema, Marroquín dijo: “es una denuncia sin sustento. Al analizarla con detalle, es evidente que se trata de una vendetta por nuestras acciones contra el transfuguismo, que dejaron sin jefatura de bloque a diez diputados”.
El diputado Amílcar Pop señala que con la denuncia, el Congreso manifiesta que se trata de un poder dividido internamente y al mismo tiempo, confrontado con la sociedad civil, cuyas organizaciones han logrado impactar en temas como la corrupción, el genocidio y la cooptación del Estado.
Como respuesta y como evidencia de una recomposición interna, dice Pop, los diputados intentan implantar una ley para controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (Ongs) e implantar la censura a la libertad de expresión, en un contexto en el que se han cometido varios asesinatos contra activistas y dirigentes campesinos ante la pasividad del Estado, concluye.
La politóloga Celia Luna, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), afirma: “es preocupante que el Congreso señale a Manfredo Marroquín o a Acción Ciudadana. No le compete, puesto que no está en sus atribuciones, que son: representación, fiscalización y legislación”.
Según esta posición, es totalmente improcedente que un organismo del Estado denuncie penalmente al presidente de la Junta Directiva de Acción Ciudadana, puesto que si él estuviera transgrediendo la normativa interna o estatutos de esa organización, sería la propia organización o en cualquier caso, Transparencia Internacional, la apropiada para interponer la denuncia. Ello, porque Acción Ciudadana es el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional hace 20 años.
En cuanto a la iniciativa de fiscalizar a las Ongs, Luna expresa su asombro por el desconocimiento de los legisladores sobre leyes vigentes, al emitir normativas nuevas. Según comenta, el ente rector de los financiamientos a las Ongs que reciben fondos del Estado, es la Secretaría General de Planificación (Segeplan), y cuando los recursos provienen del exterior, son los propios donantes los que fiscalizan.
¿Una denuncia necesaria?
El vicepresidente de la Junta Directiva del Congreso, Felipe Alejos, reafirmó lo ya expresado por Arzú en conferencia de prensa: la acción penal era una acción necesaria, puesto que de lo contrario, el Congreso hubiera caído en el delito de omisión de denuncia.
El abogado Raúl Falla coincide con la Junta Directiva del Congreso y afirma: “según entiendo, la representación de Manfredo Marroquín venció en 2007. Si esto es cierto, se vería imposibilitado de firmar convenios y contratos. Habría incurrido en los delitos que se le imputan. Un hecho que vale la pena mencionar es que Acción Ciudadana ha sido protagonista en casi todos los capítulos de la crisis social. Entre otros, accionó contra la Canciller Sandra Jovel. Es muy sencillo comprobar si Marroquín es realmente el representante legal de Acción Ciudadana. Basta con acudir al Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, donde tiene que constar esto”.
Puesto que Acción Ciudadana tiene convenios con varias entidades del Estado, incluyendo al Congreso, este puede ser considerado como entidad ofendida y como tal, tiene todo el derecho a accionar y cuenta con personalidad jurídica. Basta recordar el caso de MDF y la estafa de Q80 millones, donde el legislativo fue querellante, recuerda Falla.
“Siempre existe un pelo en la sopa” y en este caso, el hecho que puede empañar la acción del Congreso es que la denuncia penal fue interpuesta por el abogado Rudy Federico Escobar Villagrán, mandatario judicial del Congreso y quien en 2015 fue uno de los ocho capturados por el caso conocido como “plazas fantasma”.
