El 22 de abril entró en vigencia el Acuerdo de Escazú, que motivó congratulaciones y comentarios elogiosos de altos funcionarios de la ONU. Los abogados Giovanni Fratti y Rafael Maldonado expresan sus puntos de vista sobre el tema, mientras en el contexto, el ex sindicalista y «defensor del río Cahabón», divulgó fotografías alarmantes sobre el río, lo que para Fratti puede ser el intento de una campaña mediática, en el contexto del Día de la Tierra y la vigencia de un acuerdo que parece tener como principales beneficiarios a las ONG´s, según expresa Fratti.
Aunque Guatemala no se ha adherido a dicho convenio, es necesario que se conozca, señala el abogado ambientalista Rafael Maldonado, quien también comenta que en el país existen instrumentos para cada uno de los aspectos abordados en dicho acuerdo.
Entretanto, Giovanni Fratti considera que si Guatemala se adhiere al convenio, estará cediendo una importante parcela de la soberanía a organismos internacionales, que tendrían la última palabra en la resolución de conflictos relacionados con el medio ambiente.
Por su parte, la Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado en el cual expresa que el Acuerdo de Escazú genera inseguridad jurídica y perjudica la inversión. Entre otras cosas, señala el texto, porque el país no cuenta con mecanismos claros para establecer las consultas a las comunidades y por la ambigüedad en más de un concepto que cita dicho convenio.
En el contexto de la vigencia del convenio, el dirigente quekchí Bernardo Caal, preso por secuestrar a un trabajador indígena de una hidroeléctrica, divulgó en su cuenta de Twitter una fotografía apocalíptica que muestra un alarmante deterioro del río en el área de Semuc Champey.
Inmediatamente, empresas relacionadas con la zona y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), enviaron personal a fotografiar Semuc Champey, donde encontraron en lugar tal como se le conoce y además, pudieron constatar la presencia de turistas nacionales y extranjeros.
La noticia divulgada por Caal, según Fratti: «es un intento similar al de Alejandra Morales, quien luego de varios casos de violencia contra mujeres que se produjeron al mismo tiempo, intentó lanzar una campaña para promover el temor en las mujeres. Caal aprovecha el momento y trata de alarmar sobre la situación de un río, con imágenes que pronto fueron desmentidas. La duda es cómo un delincuente que purga condena en la cárcel tiene acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales».
Redundante, pero es necesario que se conozca: Maldonado
Rafael Maldonado es el abogado que tuvo un papel protagónico en el caso de la minera San Rafael y es reconocido ambientalista. Sin embargo, su posición ante el Acuerdo de Escazú no es de una defensa oficiosa. Según comenta:
«La parte medular del acuerdo es el acceso a la información. Y Guatemala tiene una ley muy completa, que los sujetos obligados cumplen. Escazú no representa nada nuevo para Guatemala, en términos de acceso a la información. Aunque complementa algunos vacíos de la ley que ya está vigente, no es nada nuevo».
«Como en el país existe tratadismo, llama la atención que este acuerdo no haya sido aprobado, pero como ya mencioné, en su parte medular no representaría ningún cambio. En el tema de acceso a la información, el Estado ha cumplido todo lo que la normativa establece, así como también las mineras y otras empresas, que son sujetos obligados en esa ley».
Mucha de la oposición al tratado argumentando que transgrede la soberanía, indica Maldonado, es producto de una mala interpretación, porque las obligaciones del Estado derivadas de instrumentos internacionales, son resueltas primero por la Corte de Constitucionalidad (CC), que en ocasiones anteriores ha resuelto temas ambientales relacionados con el Convenio 169.
«Para que cualquier caso llegue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es necesario agotar las vías internas. Llevar un caso a debate internacional puede tardar años. Aunque considero importante que el tema ambiental sea abordado por los países latinoamericanos en conjunto, también creo que si Guatemala no se adhiere no habrá mayores consecuencias. Ya existen la Ley de Acceso a la Información, para que las empresas den cuenta de cómo manejan los recursos naturales; para tema de violaciones a los derechos de defensores del medio ambiente, hay más de un instrumento firmado por Guatemala y está la CIDH, y estamos adheridos al Convenio 169».
«Hay mucha desinformación y considero que la Cancillería y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales son los indicados para abordar este tema y motivar el diálogo informado».
«Solo ganarían las ONG´s», afirma Fratti
A la pregunta ¿quién gana y quién pierde con el Tratado de Escazú?, Giovanni Fratti no duda en responder:
«Ganan las ONG´s. Según ese acuerdo, ninguna inversión puede activarse si una ONG se opone. Es una forma rebuscada de encontrar una fachada para esas organizaciones, que podrían promover la intervención extranjera para resolver conflictos ambientales».
«Escazú equivale a vender la soberanía a la CIDH, que pasaría sobre el sistema judicial del país para resolver ese tipo de conflictos. Aceptar Escazú es tolerar la intervención extranjera. El Convenio 169 no es vinculante, no puede detener las inversiones. En cambio Escazú va más allá. Si Guatemala se adhiere, nuestros recursos dependerían de comisiones extranjeras. No sólo tendríamos que lidiar con la corrupción que ya existe en Guatemala, sino además con la corrupción de Costa Rica, sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
«Si lo promueve Jordán Rodas, criminal y corrupto, no puede ser positivo para el país. Es un texto que pretende entronizar a los que se llaman paladines de los derechos humanos y defensores de la tierra, pero que viven como millonarios».
Sobre las imágenes que circuló Caal en sus redes, expresa: «era de un sindicato magisterial corrupto. Dejó de asistir a su trabajo más de dos años pero cobraba su sueldo. Luego se metió a extorsionar a la hidroeléctrica Renace y secuestró a un guardia de seguridad que trabajaba ahí. Se dicen defensores de los indígenas, pero no dudan en perjudicar a los trabajadores más humildes. Pretenden oponerse a las hidroeléctricas y no toman en cuenta que con ellas se desarrollan los pueblos y se reduce el costo de la energía».
